Los sindicatos CGT, UGT e Independiente cifraron en un 97% el seguimiento de los trabajadores en la primera huelga de la historia del Parque de Atracciones de Madrid, mientras que la dirección de este centro de ocio aseguró que «sólo el 10%» de los empleados ha secundado el paro.
A las doce de la mañana, las tres puertas de acceso del Parque de Atracciones de Madrid, situado en la Casa de Campo, eran ocupadas por trabajadores que secundaban la huelga en protesta por los 27 despidos «sin previa comunicación y de forma injustificada», dijo el presidente del comité de empresa, Antonio García Carballo.
En total, el parque funciona gracias a unos 350 empleados fijos y otros 40 que refuerzan la plantilla los fines de semana. Los clientes del parque que durante toda la mañana se acercaron a las instalaciones -y que un domingo cualquiera en esta época del año oscilan entre 4.000 y 6.000, según sus trabajadores- se encontraron con los trabajadores a las puertas, que les informaban de la situación y explicaban que sólo 6 de las 40 atracciones del parque permanecían abiertas.
Afluencia de clientes
La directora de comunicación de Parques Reunidos, Yolanda Peris, desmintió la consideración de los sindicatos, ya que «21 atracciones mecánicas abrieron al público durante todo el día, además de los puntos de entretenimiento y las zonas de restauración del parque». Asimismo, Peris señaló que la afluencia de clientes al parque debido al buen tiempo de la mañana fue «incluso superior a la asistencia del sábado». Y añadió que a las 15.30 del domingo se registraron 2.500 visitantes.
La dirección del Parque negó también que debido a la huelga la entrada fuera gratuita. «El precio de la entrada se ha reducido por la celebración de Halloween, que permitía sólo a los que fueran disfrazados acceder de forma gratuita», dijo la portavoz.
Por su parte, los trabajadores también denunciaron que las atracciones abiertas estaban controladas por personal no cualificado para ello, ya que, en su opinión, «un supervisor no puede manejar una atracción que normalmente controla un operador cualificado». Para la empresa, estas afirmaciones son «desafortunadas» porque «se ha seguido escrupulosamente la legalidad y no se ha puesto en riesgo la seguridad de los usuarios».
EL PAIS
