El Congreso ha aprobado la reforma de la Ley de extranjería, que permite a ONGs y a entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados, amplía el plazo de internamiento a sesenta días, limita dramáticamente la reagrupación familiar, condiciona el acceso a la sanidad y a la educación públicas, y transfiere decisiones a las Comunidades Autónomas. Para la CGT esta reforma está orientada exclusivamente a la criminalización de las personas migrantes que no sean útiles al rendimiento económico nacional.
La norma contó con 185 votos positivos del PSOE, CyU, CC y PNV y 146 en contra del PP, IU, ICV, ERC y Nafarroa Bai.
La reagrupación queda limitada a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y los padres del reagrupante y su cónyuge ’cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España’.
También en estos casos las Administraciones públicas promoverán la participación de los reagrupados en ’programas de integración socio-cultural y de carácter lingüístico’.
Además, con la nueva ley las regiones españolas que sean competentes podrán conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes.
También podrán conceder autorizaciones de reagrupamiento familiar ’concedidas en su territorio’.
Además podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes, asumir o traspasar la tutela de menores no acompañados y establecer acuerdos con los países de origen para procurar la ’atención e integración social de los menores’.
Este «informe de integración”, muy parecido al polémico «contrato de integración del PP”, será una traba para miles de inmigrantes que viven en España y que tengan que renovar sus permisos de residencia en los próximos años.
Entre otros puntos negativos figura la posibilidad de multar con hasta 10.000 euros a quienes favorezcan la estancia ilegal de un extranjero en España, situación en la que se pueden encontrar cualquier persona que firme una carta de invitación, uno de los requisitos que deben cumplir los latinoamericanos procedentes de países a los que no se les exige visa, como es el caso de Argentina.
Uno de los temas que más restricciones sufre es que los inmigrantes que no tengan permiso de residencia no podrán empadronarse, un requisito fundamental para acceder a algunos de los servicios básicos como la sanidad y la educación.
La ley también detalla los esfuerzos de integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluyen la participación en cursos de formación sobre ’valores constitucionales y estatutarios’, derechos humanos ’tolerancia e igualdad’ y conocimiento de las lenguas oficiales.
Otros de los puntos controvertidos de la ley es que se permite que las ONG´s y entidades privadas asuman la tutela de los menores extranjeros no acompañados, con lo que el Estado –concretamente las comunidades autónomas- se desentiende aún más de su obligación de proteger, educar y «regularizar” a este grupo de «sin papeles”, cada vez más numeroso.
La norma amplía el plazo máximo de internamiento de los cuarenta días actuales a sesenta de los «sin papeles» en los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pese a que la normativa europea no obligaba a hacerlo.
El texto de esta reforma, la cuarta que se produce en los últimos ocho años, fue aprobado en junio pasado por el Gobierno como propuesta de reforma de la Ley original, de enero de 2000. Ahora pasará al Senado para su aprobación.
Según CGT, esta reforma está orientada exclusivamente a la criminalización de las personas migrantes que no sean útiles al rendimiento económico nacional en vez de garantizar el respeto al acceso y a la protección de los derechos sociales, laborales y políticos de todas y todos.
