El papel de la comunidad educativa será testimonial, al ser minoritario, no poder cuestionar el carácter gerencial y al mantenerse la posibilidad de ceses arbitrarios de los directores por el Delegado de educación
El nuevo Decreto que regula el procedimiento para la selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento del personal de dirección de los centros docentes públicos no universitarios, aprobado en el Consejo de Gobierno Andaluz del 26 de septiembre supone la asunción de la LOMCE.
El nuevo Decreto que regula el procedimiento para la selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento del personal de dirección de los centros docentes públicos no universitarios, aprobado en el Consejo de Gobierno Andaluz del 26 de septiembre supone la asunción de la LOMCE.
Desde CGT consideramos muy preocupante que un gobierno autonómico que hace gala de oposición a la política del Gobierno central y que en materia de Educación apuesta por la derogación de la LOMCE decrete y anuncie cambios que, en lo esencial, y una vez más, mantienen íntegramente el espíritu de una ley muerta.
Este decreto busca abiertamente favorecer la profesionalización de la dirección escolar (sic), eufemismo que esconde la gestión empresarial de lo público, acorde con el carácter neoliberal de la citada Ley del PP y que de nuevo es asumida con entusiasmo por el PSOE andaluz. Es en definitiva una de las caras del privatización de la escuela pública, en este caso la privatización endógena, gestionar lo público como una empresa privada.
Se trata del modelo gerencial de dirección de la LOMCE en el que la Administración tiene un peso decisivo a la hora de elegir a los candidatos. Así aunque el Gobierno Andaluz afirma que se mantiene el papel de la comunidad educativa en la elección de la Dirección del Centro, en realidad su papel es meramente decorativo, a fuer de no decisorio. En la LOMCE el peso del centro en dicha elección se fija en al menos un 30 % y efectivamente en este Decreto el peso de la comunidad educativa queda como minoritario frente al poder decisorio de la Administración con un 55,5% ya que cinco de los nueve integrantes de la comisión para designar la Dirección son designados por la Administración.
Por si fuera poco esto la Administración se reserva un as en la manga para mantener a raya a Directores/as díscolos a los nuevos paradigmas de gestión empresarial, la posibilidad de su cese. Y es que con un simple expediente contradictorio y con la sola audiencia al interesado y oído el Claustro, que no escuchado ya que no importa su desacuerdo, el titular de la Delegación de Educación podrá cesar de su cargo a la Dirección del centro educativo.
Pero es sobre todo en los requisitos de los aspirantes para acceder a la dirección, donde se avanza en el carácter gerencial de la dirección de los centros educativos, ya que el nuevo decreto añade el requisito de el de estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado un curso de formación de actualización sobre el desarrollo de la función directiva, certificación exigida por la LOMCE y cuyos contenidos se centran en formar buenos gestores desde la óptica empresarial citada. La jerga utilizada no deja lugar a dudas: se trata de forjar líderes «Este liderazgo debe ser el resultado de la profesionalización creciente en el ejercicio de la dirección y comporta el desarrollo de habilidades y capacidades relacionadas […] con la gestión de la organización escolar».
Además esa certificación acreditativa se obtiene con unos cursos con plazas limitadas y carísimos para la administración puesto que los ponentes cobran nada menos que 1500 euros por apenas 20 horas de docencia on-line.
En definitiva el Decreto del Gobierno Andaluz establece un modelo gerencial de elección de las direcciones de los centros educativos públicos, diametralmente opuesto al modelo democrático de gestión escolar. En el primero la democracia está de más y el gobierno de un centro educativo exige de la profesionalización directiva y un modelo jerárquico de toma de decisiones. Basta pensar en el ridículo papel que reserva la LOMCE a los Consejos Escolares, reducidos a meros órganos consultivos sin capacidad alguna de para decidir sobre los aspectos fundamentales de la vida de un Centro.
Si ojeamos la reciente literatura pedagógica sobre temas directivos, hay una competencia, palabra topten de la nueva verborrea educativa, que todos los expertos reconocen como ingrediente ineludible de la idiosincrasia directiva: el liderazgo. Un líder pedagógico ha de ser capaz de crear un clima de trabajo satisfactorio, potenciar la participación, armonizar los intereses colectivos, tomar decisiones y resolver conflictos, cultivar los valores solidarios y, ojo, democráticos, fomentar la tolerancia, impulsar la innovación, estimular el pensamiento y la creatividad….etc. Ocurre con frecuencia, y sobre todo en el ámbito de nuestra Administración, que se suele confundir la autoridad con el poder. Es imposible el liderazgo sin autoridad y la autoridad no se tiene por decreto, si no que se concede. Dicho de otro modo, la autoridad es el poder reconocido y legitimado y no germina en un modelo gerencial y jerárquico, amén de ser incompatible con el simulacro democrático de elección de candidatos a la Dirección. Nadie mejor que el claustro de profesores en particular, y la comunidad educativa en general saben quién es quién y quién o quiénes son los mejores candidatos para ocupar cargos de responsabilidad en el Centro. ¿Por qué la Escuela y la Democracia parecen estar condenadas a no entenderse como el agua y el aceite?
Lo que está en juego es mucho más. Decía José Antonio Marina, el filósofo de cabecera de Zapatero que también terminó siéndolo de Wert y de Méndez de Vigo, que en «España nadie le da importancia a los equipos directivos», entre sus vicios diagnosticaba su falta de formación, para continuar diciendo que «casi siempre consiguen tener éxito seleccionando a los buenos profesores, cosa que solo pueden hacer los colegios privados y concertados». Que duda cabe que el Sr. Marina hacía un flaco favor a la función pública docente con estas declaraciones. Sin duda, desde esta óptica empresarial el funcionariado al igual que la democracia están de más. En lugar de dignificar el funcionariado como emblema de la independencia ideología y salvaguarda del Estado de Derecho, el modelo gerencial que inaugura la LOMCE, y que este Decreto lleva a la práctica parece tener un objetivo claro: hay que acabar con el funcionariado o al menos modificar la función pública. Se habla de flexibilizar, otro mantra postmoderno, las condiciones de contrato de profesores funcionarios, de selección y contratación de interinos. En definitiva, este es el trasfondo de la cultura de la evaluación docente, reformular el estatuto de la función pública docente y acercando la escuela al mercado neutralizar la independencia y la imparcialidad ideológica de los funcionarios. El último asalto al maltrecho Estado de Bienestar.
Federación Andaluza de Sindicatos Enseñanza-CGT
Fuente: Federación Andaluza de Sindicatos Enseñanza-CGT
