La Audiencia Nacional estima el recurso de Ecologistas en Acción, al que se opuso el abogado del Estado del Ministerio de Industria.
La Audiencia Nacional, en un reciente auto derivado del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra el proceso del cementerio nuclear, ordena al Ministerio de Industria que incluya en el expediente que ha de entregarse a las organizaciones demandantes los siguientes documentos : Proyecto Técnico del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, Estudio de Seguridad del ATC, Proyecto Técnico del Centro Tecnológico Asociado al ATC para experimentación con residuos radiactivos y radiactividad, Estudio de Seguridad del Centro Tecnológico y los Informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo.
Estos son los informes clave del proyecto del cementerio nuclear que promueve el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) y a cuya entrega se opuso el propio ministerio a través de su abogado del Estado.
El proceso para la búsqueda de emplazamiento para el ATC se ha caracterizado, entre otras cosas, por la ausencia de mecanismos de participación pública previos al inicio del proceso, por la actuación a espaldas de los ciudadanos y por la búsqueda de candidatos negociada en secreto. Para Ecologistas en Acción esta sentencia debería tener como consecuencia inmediata la retirada de la convocatoria. O bien, dentro de la política de remiendos que caracteriza al Ministerio de Industria, la vuelta al principio, esta vez con la documentación recibida a tiempo.
En ese sentido, este proceso puede considerarse ilegal, pues vulnera claramente los principios jurídicos contenidos en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (conocido como Convenio Aarhus), elaborado en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, ratificado por España mediante instrumento de 15 de diciembre de 2004 y en vigor en nuestro país desde el 29 de marzo de 2005.
Por ello, a finales del pasado mes de febrero, Ecologistas en Acción interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (al que se ha sumado Greenpeace) para impugnar la Resolución del 23 de diciembre de 2009 de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria que daba inicio al proceso de búsqueda de candidatos para alojar el cementerio nuclear centralizado (ATC) y su centro de experimentación nuclear asociado.
La Audiencia Nacional, en una resolución de fecha 23 de marzo, dió traslado a las organizaciones demandantes del expediente administrativo sobre el ATC y su centro de experimentación nuclear asociado que le había remitido el MITyC, y emplazó a Ecologistas en Acción y Greenpeace a formular la demanda correspondiente en un plazo de 20 días.
El expediente remitido por el Ministerio de Industria a la Audiencia Nacional constaba de 8 documentos, todos ellos referidos a cuestiones normativas y procedimentales, sin que figurase ni un solo documento en el que figurasen las condiciones concretas del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta actividad (ATC) y su centro tecnológico asociado, determinantes para conocer si la resolución se ajusta a derecho.
Cabe destacar que nadie, ni siquiera los alcaldes de los pueblos que se han postulado como candidatos a albergar el cementerio nuclear, ni los parlamentarios del Congreso de los Diputados, del Senado o de los parlamentos autonómicos, han podido ver estos documentos antes de que el Ministerio de Industria pusiera en marcha el proceso del ATC. Lo cual, a juicio de Ecologistas en Acción, es una demostración clara de la vulneración del Convenio Aarhus por parte del Ministerio de Industria.
De hecho, la violación del este Convenio ya ha sido reconocido explícitamente por el Parlamento de Cataluña, en su Resolución contraria a la instalación del cementerio nuclear en Cataluña aprobada el pasado 11 de marzo, con los votos a favor de PSC-PSOE, CiU, ERC y ICV, y ningún voto en contra. En el punto 2 de dicha Resolución el Parlamento reconocía que la candidatura de Ascó (la única de Cataluña) no ha cumplido con los requisitos de información y participación pública establecidos en el Convenio de Aarhus.
Ecologistas en Acción recuerda que TODAS las comunidades autónomas en las que se encuentran los municipios que han presentado su candidatura al Ministerio de Industria han mostrado ya su rechazo a albergar en su territorio ese cementerio nuclear. Tras los rechazos de Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura, han seguido los claros rechazos de las CC.AA. de Castilla y León y Valencia, gobernadas por el PP.
Para Ecologistas en Acción, el rotundo rechazo social, territorial y político suscitado ante este proyecto, debería llevar al Ministerio de Industria y al PP a un acuerdo, dentro del Pacto Energético que están negociando, en el sentido de paralizar el proceso del cementerio nuclear.
Ecologistas en Acción – http://www.ecologistasenaccion.org/
