Esta semana llega a sentencia el juicio por el Plan Sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos que inició sus audiencias el 28 de febrero de 2011. Muchos han planteado este juicio como el punto de llegada de una larga lucha de los ejes de Identidad, Memoria y Verdad. Desde HIJOS planteamos que este juicio es en realidad un punto de partida de una tarea inconclusa, que si en verdad tiene un largo recorrido tras de sí, no se agota en el justo castigo de un puñado de las cabezas del mando militar policial que ejecutaron el genocidio.
Dieciséis años tuvo que esperar la denuncia que realizó Abuelas de Plaza de Mayo en diciembre de 1996, cuando estaban vigentes las leyes de impunidad, y se encontró este recurso para intentar dar un salto a la situación de impunidad que se estaba viviendo.
Dieciséis años tuvo que esperar la denuncia que realizó Abuelas de Plaza de Mayo en diciembre de 1996, cuando estaban vigentes las leyes de impunidad, y se encontró este recurso para intentar dar un salto a la situación de impunidad que se estaba viviendo.
Finalmente el juicio contempló 6 grandes causas por hechos de los CCD La Cacha, Comisaría 5ta de La Plata, Pozo de Banfield, Campo de Mayo, el Vesubio, el Olimpo, Automotores Orletti y ESMA, que incluyen 35 casos de sustracción, retención y ocultamiento de menores hijos de las compañeras y compañeros secuestrados por el Terrorismo de Estado, cuya identidad fue sustituida como parte del plan genocida. De los 35 casos 27 fueron nacimientos en cautiverio y, excepto Sara Méndez, su marido Mauricio Gatti y Abel Madariaga; todas las madres y padres están desaparecidos. De las apropiaciones que se juzgan, 25 ya han sido resueltas gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y esos nietos han podido recuperar su verdad y su historia. Mientras tanto, continúan apropiados, y viviendo en una red de mentiras, los hijos de las parejas María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete, de Ana Rubel y Hugo Alberto Castro, de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur, y los casos de Ana Libertad Baratti-De la Cuadra, Clara Anahí Mariani-Teruggi, Victoria Petrakos-Castellini, Martín Ogando-Montesano y Guido Carlotto.
El proceso que ahora llega a su fin juzgó la responsabilidad penal estructural en el armado del Plan Sistemático de apropiación de menores. A esta altura, la investigación judicial dejó claro que el plan consistía en: a) robar a los bebés cuando sus padres “pudieran resultar sospechosos de tener vínculos con la militancia revolucionaria”; b) conducirlos a centros clandestinos de detención; c) sustraer a los menores nacidos durante la detención de sus madres; d) entregarlos a integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad o a terceras personas “con el objeto de que estos los retuviesen y ocultasen de sus legítimos tenedores”; e) “suprimir el estado civil de los niños, inscribiéndolos como hijos de quienes los retuviesen u ocultasen”, y f) “insertar o hacer insertar datos falsos en constataciones y certificados de nacimiento y documentos destinados a acreditar la identidad de los menores”.
La acusación de la elevación a juicio elaborada por el fiscal Federico Delgado reseña al Plan Sistemático como “el gran secreto del ‘Proceso de Reorganización Nacional’”, y destaca que “tenía un fin: penetrar en todas las esferas de la sociedad civil para ‘normalizar’, y redefinir a los sujetos conforme un elaborado ‘tipo ideal’: a la reformulación del otro que era su negación, no había alternativa, se ‘era como se debía ser’, o ‘no se era’. Y para eso se edifica el criterio para ‘asignar’ a los niños nacidos en cautiverio: había que cortar sus lazos de sangre para que ‘sean’ conforme al imaginario social que subyacía al régimen político”.
Según la acusación, Videla “no solamente ordenó la comisión de los hechos descritos sino que también controló su cumplimiento, a raíz de lo cual se proyectara en el tiempo su dominio sobre los mismos”.
Los marinos imputados en la causa, Rubén Franco, representante de la Armada en la última Junta Militar, Antonio Vañek, comandante de Operaciones Navales de la Armada entre el ’77-’78, Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, jefe de la unidad de Inteligencia del grupo de tareas 3.3.2, el médico naval Jorge Luis Magnacco y Juan Antonio Azic, oficial de inteligencia del 3.3.2 y apropiador de Victoria Donda Pérez, lo están por el CCD de la ESMA.
Santiago Riveros, comandante de Institutos Militares y comandante de la Zona IV, y Reynaldo Bignone (jefe del Área 480 de Campo de Mayo) están imputados por hechos de apropiación cometidos en Campo de Mayo.
En septiembre pasado el tribunal incluyó en el juicio la causa contra Eduardo Ruffo (miembros de las 3ª, de la Side, del plantel del CCD Orletti y apropiador de Carla Rutila Artés) por la apropiación de Simón Riquelo, hijo biológico de Sara Rita Méndez y Mauricio Raúl Gatti, entregado por el juez Wagner Gustavo Mitchell, hasta hace poco integrante de la Cámara de Casación Penal.
Finalmente en junio pasado fueron sumados los casos del represor Víctor Gallo (capitán retirado del ejército y ex carapintada) y su esposa Susana Inés Colombo, acusados por la apropiación de Francisco Madariaga, hijo del Secretario de Abuelas y nacido en Campo de Mayo.
El recorrido de la política de Juicio y Castigo y Restitución en estos años nos presenta un camino sinuoso. En el Juicio a las Juntas se probó sólo el caso de los hermanos Gatica-Caracoche, y se condenó en 1987 al policía Rodolfo Silva a 3 años de prisión y 100 australes de indemnización por la supresión de estado civil y falsificación de documento de María Eugenia Gatica.
Desde el caso de Paula Logares, restituida en 1984, hasta mediados de1989 las Abuelas habían encontrado 50 chicos apropiados, de los cuales la mitad habían vuelto con sus familias y sólo 5 estaban en proceso judicial.
A mediados de 2012, 23 años después, los niños con identidad restituida son sólo una quinta parte de los casos denunciados, siendo el último el caso n° 105: Laura Reinhold Siver, la hija de Susana Leonor Siver y Marcelo Carlos Reinhold, nacida en febrero de 1978 en el Hospital Naval.
Durante estos años de continuidad de las apropiaciones, y hasta llegar al juicio “Plan Sistemático” hubo varios genocidas muertos impunes: Emilio Massera (el más emblemático, declarado insano, por lo que no fue a juicio una vez reactivado el proceso de juzgamiento en 2006), Cristino Nicolaides (último jefe del ejército de la dictadura), Juan Bautista Sasiaiñ (jefe del Área 311 y de la Federal), y Héctor Febres (el prefecto ayudado a suicidarse para no hablar a días de la sentencia del juicio que lo tenía como protagonista).
Fueron únicamente 9 los juicios por apropiación o supresión de identidad entre marzo de 2004 y noviembre de 2011. Las penas a los 17 genocidas y algunas de sus esposas, autores de uno de los crímenes que mejor simbolizan el genocidio perpetrado en la dictadura, fueron de entre 5 y 18 años de prisión, con otorgamientos de domiciliarias incluidas.
Los condenados fueron Miguel Etchecolatz y Jorge Bergés, por el caso de Carmen Gallo-Sanz, apropiada desde el Pozo de Banfield. El capitán del Ejército Enrique Berthier, como entregador al apropiador Osvaldo Rivas y su mujer Cristina Gómez Pinto, por falsear la identidad de María Eugenia Sampallo Barragán. El comandante de Gendarmería Víctor Rei, apropiador de Alejandro Fontana-Sandoval. El comerciante platense Omar Alonso y su cómplice Juan Carlos Herzberg, capitán de navío y entregador de Natalia Suarez Nelson-Corvalán. José Richutti, agente del Batallón 601 y su esposa Élida Hermann, apropiadores de Bárbara García-Recchia. El oficial de inteligencia de la Federal Luis Antonio Falco, quien se apropió de Juan Cabandié-Alfonsín. El suboficial de marina Policarpo Vázquez, que operaba en la Base Naval de Mar del Plata y se robó a Evelin Karina Bauer-Pegoraro. El jefe de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Paraná, Juan Zaccaría, quien junto a 4 agentes del Destacamento de Inteligencia 121 de Paraná fue condenado por la retención y supresión de identidad de los mellizos Negro-Valenzuela. Y Luis Tejada, agente del Destacamento de Inteligencia 144 de San Juan, que fue condenado con su esposa Raquel Quinteros por el caso de Jorge Martínez Aranda-Goya.
Queda pendiente en todo este proceso la participación histórica y la responsabilidad penal de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia del plan criminal como Emilio Graselli, Antonio Plaza, Victorio Bonamín y Raúl Trotz y tantos otros que llenaban de información a los represores sobre los familiares que buscaban a sus hijas y a sus nietos. Sacerdotes, Obispos y Vicarios Castrenses que aportaron su trabajo a la “Guerra Santa” contra el comunismo y bendecían a las tropas que la libraban.
Y continúa irresuelta la responsabilidad de los jueces y médicos policiales en la entrega de los niños. Porque está claro que la apropiación de niños no sólo se puede investigar por denuncias de particulares, sino también examinando las huellas de ese delito en los registros de las Secretarias de niñez, registros civiles, hospitales, clínicas y cementerios.
En un sentido, este Juicio al “Plan Sistemático” es una muestra más de la fragmentación con que estas investigaciones se llevan adelante, cosa que no causa otro efecto que dilatar los procesos de lucha contra la impunidad y restitución del derecho a la verdad, a la identidad, a la reparación efectiva, a la garantía de no repetición.
Sino no se explicaría la tardanza en el hallazgo de las víctimas de supresión de identidad, en la identificación de niños, niñas y personas por nacer detenidas desaparecidas vistas en centros clandestinos no identificadas hoy adultas, en la investigación de las violaciones a las compañeras que permanecieron por meses en cautiverio antes de su “traslado”. Y tampoco estaríamos ante el paradójico hecho de la construcción de nuevas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, cuando el análisis genético arroja un resultado negativo previsible por la escasa cantidad de muestras obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos, ya que luego la mayoría de los jueces archivan el caso y no continúan con la búsqueda de la identidad.
Porque hay tareas de política de Estado en este tema que continúan pendientes, como la falta de un cruce informativo y la inexplicable existencia, por un lado, de los restos de los desaparecidos que se han encontrado y algunos de los familiares de los miles de desaparecidos en un banco (mucho más numeroso que el BNDG), y por el otro, de la información genética que reconstruye a cada madre y/o padre desaparecido que han sido informados en otro banco.
Porque a esta altura no es un impedimento técnico la implementación de un sistema informático especializado en crímenes de lesa humanidad, que vincule entre sí los hechos, las pruebas, los imputados, los procesados, las víctimas identificadas y no identificadas. Claro que para ello se debería poner especial énfasis en la identificación de la totalidad de mujeres, sin dar por cierto que sólo estaba embarazada la mujer que en aquel momento había informado a sus familiares que lo estaba. Y que ello implicaría reconocer detalladamente cuántos detenidos-desaparecidos han pasado por los centros clandestinos y sobre las cuáles nada se ha investigado hasta la actualidad.
Cabe entonces recordar que fue justamente una causa por apropiación, aquella contra Julio Simón por el caso de Claudia Victoria Poblete-Hlaczik (causa N° 17.768 del 14 de junio de 2005) la que en sus derivaciones judiciales posteriores posibilitó la opinión de la Corte Suprema para la anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas contra los genocidas. La Corte opinó entonces que las leyes de impunidad eran inconstitucionales por «irracionales» en tanto permitieron investigar la sustracción, retención y ocultación de una menor, la hija del matrimonio Poblete-Hlaczik y, a la vez, impidieron investigar e imputar a los autores de la privación de libertad, tortura y demás actos de los que fueron víctimas sus padres. No sería descabellado entonces pensar a este juicio al “Plan Sistemático” como la puesta en cuestionamiento de una práctica condenatoria doblemente incompleta: porque se condena exclusivamente a la cadena de mandos genocida que ejecutó el plan, y porque la condena se hace en continuidad de la ausencia de muchos de los niños apropiados. Resolver esa contradicción es parte de la tarea.
POR TODO ESTO SEGUIMOS EXIGIENDO:
*RESTITUCIÓN DE LOS 400 JÓVENES AÚN APROPIADOS.
*JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
*APARICIÓN CON VIDA YA JORGE JULIO LÓPEZ. JUICIO Y CASTIGO A SUS SECUESTRADORES.
*APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA.
*BASTA DE GATILLO FÁCIL.
HIJOS LA PLATA 06.07.12
http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=1592
