El Puerto. El Juzgado número 2 de El Puerto ha impuesto una fianza de 25.600 euros (4.159.650 pesetas) a cuatro miembros de Ecologistas en Acción (EA) como aval por un supuesto delito de «injurias graves», y les ha ordenó hacerla efectiva en un plazo de 24 horas. Les acusan de «injurias graves» por asegurar en un comunicado en abril de 2002 que los responsables de Apemsa «mienten al asegurar que la depuradora de Las Galeras funciona con normalidad».
En aquella fecha los ecologistas hicieron público que la depuradora estaba vertiendo aguas sucias en la playa del Aculadero, tras lo cual el SAS procedió al cierre de esta playa y La Puntilla. Apemsa se querelló entonces contra los ecologistas, solicitando 12 meses de multas para cada un o de los cuatro encausados y una multa de 12.000 euros, pero el juez ha incrementado esa cuantía más del doble. Ante la imposibilidad de abonar tal cantidad en tan corto plazo, el juzgado ha ordenado embargar los bienes particulares de Juan Clavero, Carmen Calzado, Pepe Silva y Regla Raposo. Los ecologistas han por su parte han aportado pruebas documentales durante las diligencias previas (auditoria de la Cámara de Cuentas de la Junta, analíticas de la delegación de Medio Ambiente, informes del Seprona y del SAS), «que demuestran la veracidad de la información difundida en los medios de comunicación». En realidad este caso viene coleando desde hace tres años, y en un primer momento Apemsa llegó a pedir que se multara a los conservacionistas con 150.252 euros (25 millones de pesetas).
Con la imposición de las fianzas se crea para los ecologistas una difícil situación familiar, toda vez que tendrán que responder con sus propias viviendas, «como si fuéramos delincuentes», por difundir unas analíticas «que son una información a la que tienen derecho todos los ciudadanos, ya que además existe una Directiva Comunitaria que garantiza el derecho de acceso a la información medioambiental, y por criticar la ineficacia de unos responsables públicos». Los ecologistas critican que la pretensión de Apemsa, tras fracasar en anteriores denuncias «no es otra que silenciar a una entidad que viene realizando un exhaustivo seguimiento del funcionamiento de la depuradora, como se evidenció en el Acto de Conciliación donde Apemsa pretendió que la entidad ecologista se comprometiera a no publicar más información relacionada con la empresa», pretensión que los ecologistas «obviamente no aceptamos, ya que supondría una agresión a la libertad de información». Además, EA califica de insólito el hecho de que la denuncia que ellos presentaron contra Apemsa por delito ecológico haya sido archivada «porque la asociación carece de la capacidad de contratar abogados y procuradores».
Por ello, los ecologistas lamentan que «una vez más se procesa a quienes denunciamos las agresiones al medio ambiente y no a los que las cometen», y para ello recuerdan el caso del vertido del J.P. Bobo (que fue archivado por el juzgado), el cierre de playas, destrucción de pinares, urbanizaciones ilegales en pinares protegidos, «y tantas y tantas agresiones medioambientales en nuestro término municipal, que no les pasa nada. Sin embargo se procesa a cuatro ecologistas por informar verazmente a los ciudadanos del funcionamiento de una depuradora que pagamos entre todos». Los ecologistas consideran que este «es un capítulo más de la guerra sucia que el Ayuntamiento (el alcalde es presidente de Apemsa) mantiene contra los ecologistas cuyo claro objetivos es neutralizar al grupo de ciudadanos más activos en la defensa del medio ambiente y más críticos con la política urbanística del equipo de Gobierno IP-PSOE».
Finalmente, EA ha rechazado de plano «regresar a la autocensura de la época de Franco».
Fuente: CARLOS BENJUMEDA | Diario de Cádiz
