El juzgado de instrucción numero 23 de Madrid ha solicitado al fiscal que le informe sobre cuáles son las diligencias que quiere que se practiquen en torno al caso de la concesión frustrada de medalla de Oro del Congreso norteamericano a José María Aznar. Fuentes jurídicas han explicado a la Cadena SER que la decisión de ayer del juez Julio de Diego López supone un paso adelante en la investigación al apreciar indicios de delito en la concesión de esa medalla. De otro modo, el juez hubiera archivado el caso sin más.
El juzgado ha aceptado también la personación de dos acusaciones particulares (sin necesidad de prestar fianza) para que sean parte del procedimiento y para que soliciten las pruebas que crean necesarias.
El magistrado investiga un presunto delito de uso de caudales ajeno a la función publica por un gasto de 2,3 millones de euros, aprobado por el Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2003, y pagado al despacho de abogados norteamericano Pipper Rudnick para que gestionase la concesión de ese galardón. El juez ha recibido ya la traducción oficial de los documentos en inglés que fueron redactados por ese bufete de abogados y que la Cadena SER publicó en su página web el 22 de julio de 2004.
La decisión del juez supone un paso adelante en la investigación porque ha solicitado al fiscal que le diga qué pruebas o diligencias quiere practicar en este caso.
El juez aprecia indicios de delito
El hecho práctico de que el magistrado no archive de oficio la denuncia de dos ciudadanos es interpretada -según fuentes jurídicas- como una evidencia de que el juez aprecia indicios de delito en ese gasto extraordinario de 2, 3 millones de euros aprobado en Consejo de Ministros y destinado presuntamente para que José María Aznar llegara a conseguir la medalla de Oro del Congreso norteamericano que finalmente no prosperó.
El juez tiene en su manos la traducción de los documentos de Washington, del despacho de abogados Pipper Rudnick, en los que aparecen las facturas del gasto y las cartas enviadas por los intermediarios de este despacho.
Burlar a la Intervención General del Estado
El denunciante señala, textualmente : «Según información extraída de la Cadena Ser Digital y El País hubo manipulación de facturas emitidas por los abogados estadounidenses contratados, por el Gobierno del PP en diciembre de 2003, para gestionar la concesión de la medalla a Aznar, eliminando, por orden de Aznar o de alguien bajo su dependencia, la referencia a la medalla y a José María Aznar para pasar el control de la Intervención General del Estado. Eso, en nuestro derecho penal, es un presumible delito (alteración de documento público en elemento esencial, 390.1º CP o “faltando a la verdad en la narración de los hechos)».
Las dos acusaciones particulares tiene previsto solicitar mañana mismo la declaración como imputado del expresidente del Gobierno José María Aznar, así como reclamar el expediente administrativo de la concesión del gasto aprobado en Diciembre de 2003.
Fuente: CADENA SER
