El Instituto Madrileño del Menor y de la Familia no ha aprobado desde agosto ni una sola petición de aborto de las menores a su cargo, a pesar de que las niñas afectadas cumplen todos los requisitos legales para interrumpir sus embarazos. Según informa la cadena SER, el bloqueo de los abortos se produce desde la llegada a la cúpula del organismo de una nueva gerente, LA diputada del PP en la Asamblea de Madrid Paloma Martín, que no ha firmado ninguna autorización. Se han producido una docena de casos y muchos de ellos se encuentran ya fuera de plazo.
Una de las menor afectadas, embarazada de 16 semanas, se ha visto obligada a recurrir a los tribunales para poder interrumpir su embarazo. La joven había superado todos los trámites establecidos por el estricto protocolo del Gobierno de Esperanza Aguirre para estos casos, incluidos los informes médicos y psiquiátricos que recomendaban la interrupción del embarazo. Sin embargo, el Instituto Madrileño del Menor y de la Familia se negaba a permitirle el aborto y, tras la intervención de la justicia, ha logrado abortar.
Así, el pasado viernes, el juzgado 27 de primera instancia exigió a la Comunidad que le remitiese todo el expediente de la joven, que reside en el centro de menores de Madrid Las Acacias, en un plazo de cinco días. Y ayer mismo, la comisión de tutela autorizó la interrupción de ese embarazo que está ya en estado avanzado.
Al menos una decena de casos
Pero no es el único caso. Según fuentes consultadas por la cadena, desde que la nueva gerente del Instituto del Menor tomó posesión en agosto no ha firmado ni una sola autorización para interrumpir embarazos y se han producido cerca de una decena de casos. Son menores que querían abortar y que tenían el estudio psiquiátrico favorable, pero cuyo expediente se dejaba morir en un cajón. Al final, algunas de estas menores se han fugado y en otros casos fue la madre la que adoptó la decisión, a pesar de no tener la tutela. En otro caso, se produjo un aborto espontáneo y otros ya están fuera de plazo.
Otra niña de 15 años ha recurrido a la Fiscalía de Menores. También ha presentado en el Instituto del Menor toda la documentación necesaria, incluido un informe psiquiátrico en el que alerta incluso de riesgo de suicidio, pero, de momento, tampoco ha obtenido respuesta. Altamira González, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, ha recordado al Gobierno de Madrid que, como «padre y madre» de estas niñas, está obligada «a actuar en su beneficio del menor y no de una ideología». La Consejería de la Familia, de la que depende el Instituto, no se ha pronunciado sobre el escándalo.
Fuente: ELPAIS.com
