El abogado recordó que, desde el primer momento, los procesados han denunciado ante el juez los malos tratos, torturas y vejaciones que han sufrido por parte de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra. Por el momento, el mismo juzgado encargado del caso ha abierto diligencias para investigar estos hechos.
Un informe pericial encargado por la defensa de dos de los jóvenes encarcelados por los altercados del pasado 4 de febrero en la calle Sant Pere més Baix de Barcelona, acusados de golpear con una piedra a un guardia urbano que resultó herido grave y continúa en coma, apunta la posibilidad de que el agente fuera golpeado por una maceta lanzada desde el balcón de la casa, tal y como mantienen los procesados. Según los peritos, el urbano sufrió "un choque frontal con una superficie plana de suficiente amplitud como para abarcar, de una sola vez, toda la extensión del hueso".
El abogado recordó que, desde el primer momento, los procesados han denunciado ante el juez los malos tratos, torturas y vejaciones que han sufrido por parte de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra. Por el momento, el mismo juzgado encargado del caso ha abierto diligencias para investigar estos hechos.

Un informe pericial encargado por la defensa de dos de los jóvenes encarcelados por los altercados del pasado 4 de febrero en la calle Sant Pere més Baix de Barcelona, acusados de golpear con una piedra a un guardia urbano que resultó herido grave y continúa en coma, apunta la posibilidad de que el agente fuera golpeado por una maceta lanzada desde el balcón de la casa, tal y como mantienen los procesados. Según los peritos, el urbano sufrió «un choque frontal con una superficie plana de suficiente amplitud como para abarcar, de una sola vez, toda la extensión del hueso».

En una rueda de prensa organizada por el grupo de apoyo a los tres jóvenes que permanecen en prisión provisional por estos hechos —Rodrigo Andrés L.H., Álex C.A. y Juan P.G.—, el letrado encargado de defender a los dos primeros explicó que el juez de Instrucción número 18 de Barcelona ha decidido continuar el proceso contra ellos por los delitos de atentado a la autoridad con la agravante de uso de arma peligrosa y lesiones graves.

Los jóvenes se enfrentan a una pena de entre 10 y 18 años de cárcel. Tras los altercados fueron detenidos otros seis jóvenes de entre 20 y 31 años, a los que se imputa un delito de atentado contra la autoridad y que quedaron en libertad provisional.

El letrado de Rodrigo y Álex, Eduardo Cáliz, aseguró hoy que recurrirá la decisión del juez, ya que entiende que no está suficientemente motivada y que no tiene en cuenta el dictamen médico encargado por la defensa, que descarta que las lesiones sufridas por el agente sean compatibles con el impacto de una piedra, tal y como se mantiene en el atestado policial.

Los guardias urbanos que se encontraban con el agente herido en el momento de los hechos aseguran, además, que éste cayo en plancha hacia atrás cuando recibió el golpe. Según los peritos de la defensa, no obstante, «la escasa entidad de la contusión —sufrida por el agente— se correlaciona con una muy baja energía de impacto, lo que nos lleva a considerar que la caída hacia delante se produjo con el cuerpo inclinado hacia delante y no en vertical».

Los expertos aseguran que dicha contusión «se correlaciona con un choque frontal con una superficie plana de suficiente amplitud como para abarcar, de una sola vez, toda la extensión del hueso». Todo ello implica la posibilidad de que el guardia urbano fuese golpeado por una maceta lanzada desde el balcón de la casa donde se estaba celebrando la fiesta ilegal, tal y como mantienen los tres jóvenes procesados.

En este sentido, Cáliz recordó que el propio alcalde de Barcelona, Joan Clos, reconoció a primera hora de la mañana del 4 de febrero, después de visitar al agente herido, que resultó lesionado tras ser golpeado con una maceta. Clos, no obstante, rectificó horas más tarde y se adhirió a la versión policial.

«No ha habido una rectificación oficial ni se ha aclarado cuáles fueron las fuentes de la versión que dio Joan Clos», señaló el letrado. «Se ha producido la indefensión de mis representados porque no sabemos quién facilitó esa información», añadió.

Cáliz ha solicitado «reiteradamente» al juez que se admita como prueba el boletín de Catalunya Informació en el que Joan Clos explica que el agente ha sido herido por una maceta, aunque éste ha rechazado la petición del abogado. De lo contrario, Cáliz habría solicitado que se citase a declarar al alcalde de Barcelona para aclarar cuál fue el origen de la información.

MERMA DEL DERECHO A LA DEFENSA.

Por otra parte, el letrado anunció que planteará una queja ante la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) porque entiende que durante la investigación se han producido anomalías que suponen una «merma del derecho a la defensa» de los procesados.

Según Cáliz, los hechos y las detenciones se produjeron sobre las 6.30 horas y, a partir de aquel momento, las posibles pruebas que podían hallarse en el lugar quedaron a disposición de la Guardia Urbana. No obstante, a las 10 horas, cuando la Policía científica acudió a la zona, los servicios municipales ya la habían limpiado y, según consta en el atestado, fue imposible realizar la inspección ocular.

La defensa denunció que la Guardia Urbana no recogió los objetos «con la suficiente diligencia como para encontrar huellas o restos biológicos de la víctima o los agresores», de manera que ha sido imposible encontrar pruebas que permitan exculpar a los jóvenes. Según Cáliz, además, la detención se comunicó al ICAB a las 21 horas, 15 horas después, «por lo que han podido cometerse irregularidades en la elaboración del atestado policial».

El abogado recordó que, desde el primer momento, los procesados han denunciado ante el juez los malos tratos, torturas y vejaciones que han sufrido por parte de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra. Por el momento, el mismo juzgado encargado del caso ha abierto diligencias para investigar estos hechos.

6.000 FIRMAS PARA JOAN CLOS.

La madre del joven acusado de agredir al guardia urbano, Rodrigo Andrés L.H., también estuvo presente durante la rueda de prensa y se mostró «indignada» ante la decisión de la Audiencia de Barcelona, que denegó la petición de libertad solicitada por la defensa.

Mariana H. explicó que el Tribunal desestimó el recurso del auto de prisión «porque —los jóvenes— nacieron en el extranjero», ya que dos de ellos son chilenos y el tercero es argentino nacionalizado español. «Esto me escandaliza y me indigna», señaló la mujer.

Según la Audiencia de Barcelona, además, «todos los elementos apuntan a la pertenencia —de los procesados— al movimiento ’okupa’, cuyo rasgo principal es el alejamiento del núcleo familiar y supone cierta deslocalización a efectos del proceso». La madre de Rodrigo considera que «no puede ser que una audiencia provincial dé esta respuesta sin ningún documento que lo pruebe».

Mariana H. explicó también que el grupo de apoyo a los jóvenes ha llevado a cabo una campaña de recogida de firmas en los últimos cuatro meses «para exigir a Joan Clos que aclare sus cambios de versión» y «para que el entonces regidor de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Hereu, explique por qué no se preservaron las pruebas encontradas en el lugar de los hechos».

Según la madre de Rodrigo, han recogido más de 6.000 firmas y mañana acudirán al Ayuntamiento de Barcelona para entregárselas a Joan Clos.

PERSEGUIR A LOS VERDADEROS RESPONSABLES.

En la rueda de prensa de hoy también estuvieron presentes representantes de la Asociación Memoria Contra la Tortura, de la Asociación Cristiana para la Abolición de la Tortura (ACAT), de la Plataforma Argentina contra la Impunidad, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y de la Asociación de Vecinos del Casc Antic.

Todos ellos lamentaron que el agente de la Guardia Urbana resultara herido de gravedad, pero proclamaron la inocencia de los jóvenes y reclamaron que se persiga a los verdaderos responsables y que no se lleve a cabo un «juicio político».

La presidenta de la Asociación de Vecinos del Casc Antic, Maria Mas, denunció la presión policial sufrida en el barrio y explicó que muchos testigos fueron coaccionados y amenazados, por lo que ve difícil que estas personas accedan a declarar en el juicio.

Mas desvinculó los movimientos anarquista y ’okupa’ de los hechos ocurridos en Sant Pere més Baix y se preguntó por qué la Policía no actuó al respecto durante los ocho años en que los vecinos estuvieron denunciando las molestias que provocaban las personas que vivían en el teatro, donde también «había drogas y prostitución».

De hecho, el presunto organizador de la fiesta ilegal fue detenido e identificado pasados unos días y fue puesto en libertad pocas horas después.


Fuente: EP