El golpe de Estado de ZP, la hora de la verdad del 15-M

La propuesta de incluir en la Constitución un techo de gasto para las administraciones públicas sin un referéndum previo que lo legitime, es lo más parecido que existe a un golpe de Estado palaciego (autogolpe, porque se hace desde el mismo Estado). La iniciativa, relevada por sorpresa por el presidente del Gobierno (saliente) en el último pleno del Congreso de esta legislatura, y apoyada sobre la marcha por el Partido Popular, con cuyo líder Mariano Rajoy había pre-cocinado Zapatero la medida la noche anterior, supone una injerencia inadmisible en la soberanía popular al permitir a un bipartidismo agonizante colar un cambio en la Carta Magna que va a precarizar estructuralmente los recursos públicos (y sociales) al margen de la voluntad de los ciudadanos.

Todo ello saltándose a la
torera los mínimos requisitos formales que una acción de esa
trascendencia exige. Como en tiempos de la dictadura franquista, el
golpe de mano constitucional de ZP se perpetra en pleno agosto
vacacional, fruto de un pacto entre notables, de penalty (se quiere
aprobar en sólo 2 semanas) y de la mano de un Ejecutivo que se
puesto ha a sí mismo fecha de caducidad. ¡No nos representan!

Estamos
ante una propuesta que recuerda a la que en Portugal hizo el también
partido socialista en el poder, al solicitar el rescate a Bruselas
después de disueltas las cámaras tras perder una votación por
amplía mayoría en la que precisamente se planteaba solicitar el
rescate de la Unión Europea ante una eventual situación de quiebra.
Lo que viene a demostrar que las medidas impuestas por los gobiernos
europeos a sus pueblos para sufragar el crac de sus sistemas
financieros suponen en última instancia un caballo de Troya contra
la democracia. Ayer fue Portugal; antes cayó Grecia, donde el PASOK,
otro miembro de la Internacional Socialdemócrata, que había ganado
las elecciones con la promesa de no plegarse a los mercados, no tardó
en aceptar las recetas del rescate neoliberal; y ahora España,
prueban que lo que está en juego es la propia democracia que todos
esos regímenes dicen falsamente representar.

En
nuestro caso, el acuerdo Zapatero-Rajoy, que se lleva con todos los
diablos al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y sus
hilarantes contrapropuestas (donde dije digo digo Diego), es el pago
exigido por el BCE al comprar deuda española en el mercado
secundario y así evitar que la prima de riesgo y el Ibex alcanzaran
cotas imposibles. Mientras, el eje París-Berlín dejaba claro que no
estaba dispuesto a dar luz verde a la emisión de eurobonos para
ayudar a los países en aprietos, y con ello socializar sus deudas
entre los 17 miembros de la eurozona. Porque ni Sarkozy ni Merkel (
reunión de pastores…) se podían permitir que una quiebra de
España o de Italia afectara a las entidades que mayor paquete de
deuda soberana retienen, es decir, la banca gala y la germana.

En
este contexto, las cúpulas del PSOE y del PP trajinaron la técnica
del golpe de Estado que en el mañana del martes 23 de agosto se
sacaría de la manga el presidente dimisionario del Gobierno
Rodríguez Zapatero en un nuevo gesto de rendición incondicional a
las exigencias del gran capital financiero. Poder real en la sombre
éste al que la disminución del IVA en 4 puntos en la compra de
vivienda nueva parece la purga Benito ante la obstinada realidad de
que un enorme parque inmobiliario, blindado al libre juego de la
competencia para impedir el desplome de la tasación a nivel de
mercado, destroce sus maquillados balances.

En
España la crisis comenzó por los efectos de una burbuja
inmobiliaria-crediticia fomentada en tándem por los gobiernos
sucesivos del PP y del PSE y, si la protesta ciudadana no lo remedia,
puede despedirse con un atentado antidemocrático inspirado por esos
sectores que han monopolizado la “marca España”, y que
significaría constitucionalizar un modelo económico al servicio
exclusivo de los poderes fácticos (otro atado y bien atado). Con lo
que de paso, la profunda deslegitimación cosechada por la clase
política debido a las medidas antisociales aprobadas lograría la
propina de un baño de legalidad que haría más difícil (no
imposible) la resistencia y la desobediencia civil.

Y
sin embargo en la desobediencia de la sociedad civil, aquí y ahora,
está el principio del final, la equis de la solución al problema.
El movimiento 15-M tiene ante sí la oportunidad de pasar a una fase
realmente radical y constructiva enarbolando la bandera del derecho
irrenunciable al referéndum constitucional previo y vinculante. Y
ganándole. Derrotar al gobierno, al PSOE y al PP, que son los
poderes menguantes y crecientes en el escrutinio de la urnas, y de
paso llevarse por delante a los sectores reaccionarios que conspiran
para la desregulación neoliberal global es tumbar al sistema.

Si
esa suprema inteligencia colectiva, pacífica, democrática y
solidaria, que ha sido hasta ahora el mejor activo de la protesta de
los indignados, se enfoca por la vía del referéndum contra los
propósitos del despótico bipartidismo rampante, con generosidad,
ofreciendo una última oportunidad de rectificación a esos agentes
sociales que, como UGT y CCOO, han tenido hasta ahora una actitud
vacilante y contradictoria, podemos abrir las puertas del porvenir y
cerrar para siempre el camino de la claudicación y la resignación.

¡Si
se puede! Islandia, Túnez y Egipto lo han logrado. Chile está en
ello.

Vayamos
a la ruptura democrática con el sistema circular de más de mismo
que han supuesto estos 36 años de monarquía del 18 de julio,
nacional-catolicismo y plutocracia cleptómana. Arranquemos un
rotundo NO en el referéndum que nos quieren negar y habremos puesto
los pilares de un proceso constituyente para una verdadera
democracia. El 15-M, la sociedad civil, la gentes de buena voluntad,
los trabajadores, los ciudadanos activos, los movimientos sociales,
los sindicatos realmente representativos, los jóvenes, los
pensionistas y los indignados todos, tenemos la palabra. De nosotros
depende.

Rafael Cid

Fuente: Rafael Cid