El Gobierno y los «agentes sociales» han acordado la nueva lista de enfermedades profesionales, un catálogo que sustituirá al actual (vigente desde 1978) y que se firmará oficialmente a finales de este mes.
Junto al nuevo listado, el Gobierno, los sindicatos y los empresarios han renovado el sistema de notificación y registro de las enfermedades profesionales.
El nuevo procedimiento facultará a los médicos del sistema nacional de salud para diagnosticar y notificar enfermedades profesionales, una competencia que hasta ahora sólo tenían el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y las entidades gestoras o mutuas de trabajo.
Jesús García, del Departamento de Salud Laboral de CCOO y responsable de las negociaciones del borrador del Decreto-Ley, explicó a Efe que el nuevo procedimiento es «muy importante» porque el 16 por ciento de las enfermedades tratadas en el sistema público de salud son dolencias provocadas por el trabajo.
Por eso es tan importante que los médicos de la sanidad pública intervengan en el proceso porque, «si estos facultativos pudieran notificar las enfermedades profesionales habría entre siete y diez veces más casos declarados», aseguró García.
Según el responsable del Departamento de Salud Laboral de UGT, Tomás López, cuando la sanidad pública y las mutuas discrepen sobre un diagnóstico, el borrador de la norma prevé un sistema de arbitraje en el que el INSS será el organismo encargado de resolver, ya que, al final del proceso también será el que asuma los costes de las bajas provocadas por las enfermedades profesionales.
No obstante, según López, la norma incluye la publicación de una «guía técnica», con criterios mínimos e información específica para ayudar al médico a hacer el diagnóstico.
Respecto a la actualización del catálogo de enfermedades, la secretaria ejecutiva de Salud Laboral de UGT, Dolors Hernández, expresó a Efe su satisfacción por el acuerdo, ya que, desde hace años, subrayó, «era una de nuestras mayores reivindicaciones».
Aunque, según Hernández, el nuevo listado es «insuficiente», lo más importante es que «será dinámico» y «quedará abierto».
«Ya no habrá que esperar otros 28 años para actualizarlo, porque, según la norma acordada, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo podrá hacer propuestas y actualizarlo cada año».
Además, el catálogo incorporará anualmente las enfermedades profesionales que reconozcan las leyes y recomendaciones europeas.
Aunque la nueva lista no incluirá los riesgos psicosociales (enfermedades mentales reconocidas por la OMS como el estrés, la depresión o la ansiedad), Hernández dijo que la Administración se ha comprometido a estudiar cómo incorporar estas dolencias al listado progresivamente.
Recientemente, en unas jornadas organizadas por la patronal de las mutuas (ANEPA), el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, explicó que la intención del Gobierno es conseguir «una norma más precisa, menos confusa y contradictoria en el reparto de responsabilidades» y, sobre todo, que mejore la acción preventiva, que es uno de los aspectos más importantes para reducir la siniestralidad laboral.
Según Granado, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (aprobada en 1995) «es una buena norma, pero tiene algunos defectos que había que corregir» como que, en algunos puntos, «atribuye las mismas responsabilidades a las empresas y a la Administración y crea una confusión que hace que, al final, nadie cumpla bien la ley».
Según datos del Ministerio de Trabajo, el trabajo causa cada año en España 900.000 accidentes, un millar de muertos, 25.000 enfermedades (el 80 por ciento son alteraciones musculoesqueléticas) y 7.000 bajas por incapacidad permanente.
Los accidentes y enfermedades profesionales cuestan alrededor de 12.000 millones de euros anuales, casi el 1,75 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
Fuente: data.datadiar.com
