MADRID.- El Gobierno pretende hacerlo con buen talante, con mucho diálogo y buscando el consenso, pero quiere conseguir un objetivo final claro : España debe llegar a un estatus de aconfesionalidad del Estado, a conformar un verdadero Estado laico, donde se acaben « las innegables ventajas » y « privilegios » de los que, según el Ejecutivo socialista, goza la Iglesia católica en nuestro país.
Para ello, de manera inicial, el Ejecutivo está pidiendo informes y estudios sobre cómo afrontar este delicado asunto en tres niveles claves : la financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, su protagonismo en la educación pública y las subvenciones sociales a entidades directamente vinculadas a la Conferencia Episcopal.
La primera decisión política que se ha adoptado, según fuentes consultadas por EL MUNDO, es que el próximo año no se prorrogarán automáticamente los acuerdos Iglesia-Estado, como se ha venido haciendo en los últimos ejercicios. El Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere revisarlos, releerlos y, sobre todo, adecuarlos a lo que entiende como una « óptica constitucional ».
También el Gobierno tiene decidido no denunciar los acuerdos firmados en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, firmados sólo seis días después de la entrada en vigor de la Constitución, pero negociados y pactados durante todo el periodo preconstitucional. Sin embargo, el Ejecutivo quiere abordar desde una visión constitucionalista la aplicación de muchas de las normas basadas en este tratado.
La tarea de este « plan integral » por el laicismo, según las fuentes consultadas, va a recaer fundamentalmente en la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al ser una cuestión transversal que afectará a tres ministerios más : Justicia, Economía y Asuntos Sociales.
Par : El Mundo
