El Ministerio de Fomento no debe amparar la ilegalidad fomentando la impunidad de los delincuentes urbanísticos. La amnistía que prepara el Ministerio de Fomento para evitar las demoliciones de miles de viviendas ilegales supondría la impunidad de quienes durante la burbuja inmobiliaria han cometido todo tipo de ilegalidades.
Para evitar daños a terceros de buena fe lo que debe exigirse es mayor agilidad y eficacia judicial, así como de los controles administrativos. De hecho, la paralización cautelar de obras clamorosamente ilegales evitaría estos problemas. Ecologistas en Acción considera que el Gobierno, una vez más, utiliza la excusa de daños a terceros para amparar intereses especulativos.
Para evitar daños a terceros de buena fe lo que debe exigirse es mayor agilidad y eficacia judicial, así como de los controles administrativos. De hecho, la paralización cautelar de obras clamorosamente ilegales evitaría estos problemas. Ecologistas en Acción considera que el Gobierno, una vez más, utiliza la excusa de daños a terceros para amparar intereses especulativos.
Durante los años felices de la burbuja inmobiliaria se han construido miles de viviendas ilegales. Los controles administrativos para que esto no sucediera no han servido de nada. Los diferentes controles con los que cuenta la Administración, tanto local como autonómica, han fallado. En torno a la construcción se ha creado un mundo de especulación y corrupción en la que han participado políticos de todos los colores. De hecho, los controles han fallado porque no se ha querido que funcionasen.
La administración de justicia tampoco ha estado a la altura de las circunstancias: procedimientos muy lentos y poco eficaces, junto a jueces poco proclives a dictaminar paralizaciones cautelares, han facilitado que terceros de buena fe hayan comprado viviendas que posteriormente han sido declaradas ilegales.
La construcción de estas viviendas ha propiciado ingentes beneficios a promotores, constructores e intermediarios y, en muchos casos, políticos corruptos. Sólo son terceros de buena fe los que hayan comprado sin conocer las circunstancias de esas viviendas, pero no todos los compradores desconocían lo que estaban comprando. Y en los casos en los que así haya sido pueden estudiarse salidas alternativas como que la indemnización sea costeada con los beneficios de quienes han construido y propiciado esas viviendas ilegales. Sin olvidar que aunque los propietarios hayan actuado de uena fe, los gestores responsables de esos permisos irregulares deberían pagar por estas prevaricaciones.
Ecologistas en Acción considera que el Gobierno, una vez más, está utilizando la excusa de daños a terceros para amparar intereses especulativos. Y si, como se comprueba cada día, apenas hay consecuencias para los responsables del desastre urbanístico en España y tampoco existe el temor a la demolición, la impunidad será total.
Para Ecologistas en Acción la actuación debería ser justo la contraria a la que pretende el Gobierno popular: agilizar los procedimientos judiciales para que las sentencias se dicten antes de que las construcciones se finalicen y los jueces y tribunales dicten paralizaciones cautelares para evitar que se finalice las actuaciones ilegales.
