El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado por una amplia mayoría la toma en consideración de tres proposiciones de ley defendidas por Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Verde (IU-ICV) y Bloque Nacionalista Gallego (BNG) dirigidas a ampliar regulación del aborto, con el fin de que esta decisión dependa exclusivamente de la mujer.
El gobierno español retrasará la reforma que permitirá el aborto en las 12 primeras semanas de gestación sin tener que aducir motivo al rechazar el PSOE en el Congreso las proposiciones de ley de IU, ERC y BNG para despenalizar el aborto… hasta el 2006 ?
El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado por una amplia mayoría la toma en consideración de tres proposiciones de ley defendidas por Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Verde (IU-ICV) y Bloque Nacionalista Gallego (BNG) dirigidas a ampliar regulación del aborto, con el fin de que esta decisión dependa exclusivamente de la mujer.
Las iniciativas únicamente fueron respaldadas por los grupos que las propusieron. Dos de ellos, ERC e Izquierda Verde, principales socios parlamentarios del Gobierno. El resto, bien se abstuvo (como CiU y PNV que dieron libertad de voto a sus diputados con convicciones católicas), bien rechazó las iniciativas, principalmente el PP y el PSOE.
En nombre de este grupo, María Soraya Rodríguez, aseguró compartir «el fondo» de las propuestas, pero señaló la necesidad de establecer un «cambio tranquilo» que garantice, desde el punto de vista normativo, el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres
De hecho, desde la Ejecutiva socialista, se ha asegurado que esta formación política contempla la posibilidad de impulsar una ley de plazos que despenalice el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación. Esta medida iría contemplada dentro del paquete de reformas del Código Penal que el Ejecutivo pretende impulsar en 2005.
Sobre este punto, Justicia prevé la posibilidad ampliar la despenalización del aborto siempre y cuando se establezca en el marco de un periodo de tiempo durante las primeras semanas de gestación y con «determinados límites», especialmente desde el punto de vista médico y con el debido asesoramiento. En cualquier caso, el PSOE bloqueó hoy estas iniciativas porque, según las mismas fuentes, no le parece oportuno que la agenda política sea marcada, en esta asunto «de especial sensibilidad», por formaciones
Las iniciativas de IU-ICV y BNG establecen una ley de plazos, en la que el aborto dependería únicamente de la decisión libre de la madre siempre y cuando se produzcan en las 14 y 16 primeras semanas de gestación.
Ambas formaciones políticas hacen hincapié en la «inseguridad jurídica» que plantea la situación actual y en la «vulneración» de la intimidad y la libertad de las mujeres para decidir de manera responsable sobre su maternidad. En este sentido, Carme García (IC) criticó la «doble moral» de los socialistas al hacer un discurso de feminismo e igualdad y al mismo tiempo permitir que continúe «criminalizando a la mujer por ejercer el derecho de elegir como y cuando ser madre». Esta «doble moral» también fue apuntada por los otros grupos proponentes.
El proyecto de ley de Esquerra, por su lado, va más allá y directamente modifica la disposición derogatoria única a) del Código Penal de 1995 con el fin de que esta norma únicamente regule el aborto realizado sin consentimiento o con un «consentimiento viciado» de la mujer, la impericia médica o el practicado por personas que no tienen la titulación necesaria.
La postura más crítica a los proyectos correspondió al Grupo Popular. En su nombre, Alicia Castro (PP) consideró que «no existe un clamor social, ni una demanda real de la sociedad española, ni un claro movimiento» que reivindique la ampliación de la actual regulación del aborto.
Además, entiende que esta posibilidad rompería «el equilibrio constitucional entre el derecho de la mujer y el de la vida humana en formación». Pidió ejercicio de responsabilidad dado que, desde su punto de vista, el PSOE no pensaba en gobernar cuando incluyó esta cuestión en su programa político.
Finalmente, María Mercé Pigem (CiU) y Margarita Uría (PNV) coincidieron en criticar la actual «criminalización» de la mujer en el código penal, si bien no consideraron oportunos la redacción de los proyectos de ley. Sus grupos políticos, no obstante, tienen libertad de voto tal y como apuntó Josep Antoni Durán i Lleida, que en nombre de Unió, tuvo la oportunidad de expresar en el Pleno su postura contraria a la reforma normativa del aborto.
En el S XXI se sigue criminalizando a las mujeres por ejercer el derecho a elegir cuándo y cómo ser madres. En la actualidad, la ley únicamente contempla tres supuestos para abortar : cuando exista peligro para la salud física y psíquica de la madre, si se presume que el feto nacerá con malformaciones o en el caso de que la gestante se haya quedado embarazada a consecuencia de una violación.
Una ley tan restrictiva deja a las mujeres en una situación de inseguridad jurídica cuando estas deciden interrumpir el embarazo pues, a menudo, no está claro si su caso entra en uno de los tres supuestos anteriores, de inseguridad emocional , no saben si están cometiendo un delito, no saben a quién ni adónde acudir, de inseguridad sanitaria, no siempre se realizan en las mejores condiciones, de inseguridad económica pues el 95 % de los abortos se realizan en clínicas privadas con el consiguiente costo económico -de 2000 euros de media en Europa- difícilmente asumible para muchas mujeres, especialmente para las adolescentes y las inmigrantes.El aborto sigue siendo un grave problema social.
Esperemos que sea cierto el anuncio de la ministra de Sanidad, sobre la agilización de las pruebas diagnósticas a las embarazadas y las trabas burocráticas para facilitar el aborto en hospitales de salud pública.“Junto al retraso en las pruebas diagnósticas hay otras circunstancias que hay que evitar, y que hacen que no sea la Sanidad pública donde se realizan los abortos, como la dificultad de entenderse con el médico que firma el documento correspondiente”, advirtió la secretaria de Estado
Según datos del Ministerio de Sanidad, el año pasado se registraron en España 77,125 abortos, lo que supone que esta práctica ha aumentado un 55 por ciento en los últimos cinco años, sobre todo entre menores de 18 años -22.500 abortos.
La ministra dejó claro que el Ejecutivo no pretende en ningún caso vulnerar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y que su departamento insistirá en la prevención de embarazos no deseados para que la intervención quirúrgica sea la última solución en el caso de que las medidas no hayan tenido efecto.
Sin embargo, esta declaración de intenciones se contradice con lo que sucede en la realidad : las trabas que se imponen desde varias CCAA, la de Madrid entre ellas, al acceso a la “píldora del día después”.
Los centros de la sanidad pública, tanto los de urgencia como los hospitales, deben dispensar la píldora del día siguiente. Por tanto, no cabe que las y los profesionales médicos se acojan al Código Ético, que lo que oculta son prejuicios morales.
Los y las expertas lamentan que si las mujeres no pueden acceder a la píldora del día siguiente porque se ponen trabas, a la angustia de que se produzca un embarazo no deseado hay que añadir la frustración por saber cómo evitarlo y no poder hacerlo.
Desde CGT se exige el acceso libre y gratuito a este método anticonceptivo para contribuir a evitar embarazos no deseados así como el derecho por parte de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y sobre cuando y cómo ser madres.
Ya está bien de retrasos a la despenalización del aborto !
Fuente : Europa Press
Secretaría de la Mujer
Par : Secretaría de la Mujer
