El Gobierno español infringe la Ley de deuda externa y muestra una vez
más su falta de voluntad política para afrontar el problema del
endeudamiento de los países empobrecidos
Comunicado del Observatorio de la Deuda en la Globalización y
Ecologistas en Acción a raíz del incumplimiento de la Ley Reguladora de
la Gestión de la Deuda Externa, la cual obliga al ejecutivo español a
disponer antes del fin de la legislatura de dos nuevos Proyectos de Ley
que regulen “el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y los créditos CESCE
para minimizar su impacto en la generación de deuda”, obligación que el
mismo Gobierno ha admitido que incumplirá.
El 19 de noviembre el Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro
Mejía, admitió ante la Comisión de Cooperación del Congreso de los
Diputados que el gobierno no disponía aún de los proyectos de ley que
permitan la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y los seguros
de crédito a la exportación de CESCE (Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación). Afirmó también que los intereses comerciales
del Estado español en la concesión de estos créditos se habían reducido
“a la mínima expresión”.
Desde el Observatorio de la Deuda en la Globalización y Ecologistas en
Acción, expresamos nuestra más profunda preocupación ante esta situación
y evidenciamos una vez más la falta de voluntad política que tiene el
Gobierno para acabar con la Deuda Externa. Nos encontramos ante un total
incumplimiento de la Ley 38/2006 del 7 de diciembre de 2006, Reguladora
de la Gestión de la Deuda Externa. Dicha Ley estableció en las
Disposiciones transitorias primera y tercera, respectivamente, la
obligatoriedad que tiene el Gobierno de presentar en la presente
legislatura dos nuevos Proyectos de Ley que regulen tanto el FAD como
CESCE. Recordamos que ambos instrumentos constituyen los dos principales
mecanismos generadores de deuda externa de los países empobrecidos con
el Estado español. Además, ambos mecanismos vienen anteponiendo durante
más de 3 décadas los intereses comerciales y los beneficios de las
empresas españolas al derecho al desarrollo y la vida digna de los
pueblos del Sur. Su regulación resulta de una importancia crucial y
permitiría modificar de manera radical el sentido de ambos instrumentos,
de manera que no sigan implicando impactos negativos a nivel social,
ambiental y económico sobre los países del Sur.
Por otra parte, destacamos que las declaraciones del Gobierno minimizan
la importancia real del Fondo de Ayuda al Desarrollo, cuya atribución ha
seguido una tendencia contraria a las afirmaciones del Señor Mejía. Así,
los presupuestos Generales del Estado para el año 2007 (Artículo 58 de
la Ley 42/2006) estipulaban que el Consejo de Ministros podía aprobar
operaciones con cargo al FAD por un importe de hasta 1.504 millones de
Euros. En los Presupuestos Generales del Estado para 2008 (Artículo 60
de la Propuesta de Ley de Presupuestos) las operaciones con cargo al FAD
pueden llegar hasta 2.542 millones de Euros. En ambos años las
operaciones a iniciativa del Ministerio de Industria Turismo y Comercio,
que son las que generan deuda en los países empobrecidos, pueden llegar
hasta 500 millones de euros. Se destaca de esa manera, no una “reducción
a la mínima expresión”, sino al contrario, un mantenimiento del elemento
crediticio y un aumento de la dotación del FAD de prácticamente el 70%
de 2007 a 2008. El incremento es aún mayor desde el inicio de esta
Legislatura, cuando el Consejo de Ministros podía aprobar únicamente
hasta 672 millones de Euros. El incremento de la dotación del FAD desde
que el PSOE llegó al poder ha sido del 280%[1].
El Observatorio de la Deuda en la Globalización y Ecologistas en Acción
consideramos lamentables las declaraciones del Gobierno. El
incumplimiento de la legislación pone en evidencia una vez más la poca
relevancia que el Gobierno da al tema de la deuda externa y la falta de
voluntad política real en la lucha contra la pobreza, sobretodo cuando
ésta se debe priorizar por delante de los intereses de las empresas
españolas. Mejía evidenció en su comparecencia que “el mundo necesita
del sector privado para desarrollarse convenientemente, y queremos crear
las condiciones necesarias [para ello]”, convirtiendo la creación de
condiciones para la inversión extranjera en “interés público”.
Tanto el FAD como los seguros CESCE por cuenta del Estado siguen siendo
instrumentos ampliamente utilizados por el Gobierno español en el
fomento de la inversión extranjera.[2] Así, mientras el Gobierno anuncia
a bombo y platillo en repetidas ocasiones la cancelación de deuda a los
países más empobrecidos, sigue atorgando créditos FAD ligados a los
intereses comerciales españoles, como en el caso de la concesión el
pasado 29 de junio de un crédito a la República de Ghana, por 7 millones
de Euros para el sector pesquero. ¿Podemos desvincular este crédito de
los intereses de las empresas pesqueras españolas para tener una
infraestructura adecuada para la exportación desde la región ?
En el mismo sentido el Gobierno acaba de firmar un acuerdo de “promoción
y protección recíproca de las inversiones” con Angola, incluyendo dos
líneas de crédito de 600 millones de dólares. Estas serán complementadas
con la reabertura de las operaciones de CESCE en el país, incluyendo una
nueva sucursal en Angola, y con donaciones para la financiación de
estudios de viabilidad. ¿No estará el Gobierno español ofreciendo
recursos para pagar con dinero de cooperación estudios de viabilidad de
las inversiones de las empresas privadas españolas ?
En definitiva, la agenda corporativa del Gobierno español y el uso de la
política de cooperación como Caballo de Troya para ejecutar dicha agenda
son cada vez más evidentes. Las futuras Leyes sobre FAD y CESCE podrían
llegar a ser una buena oportunidad para que el Gobierno y los diferentes
partidos políticos mostrasen una sensibilidad real ante las demandas de
la sociedad civil, así como la voluntad de revertir y reparar la
opresión que desde el Estado español se ha ejercido y se está ejerciendo
sobre los países del Sur. Emplazamos pues a la sociedad civil a exigir
al Gobierno español que cumpla con la Ley.
Notas :
[1] El Fondo de Ayuda al Desarrollo se divide en tres categorías : el FAD
Cooperación, que, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, aporta recursos a Instituciones Internacionales no
Financieras del Sistema de Naciones Unidas ; el FAD para Instituciones
Financieras Internacionales y para la Gestión de la Deuda Externa
(FIDE), el cual, a solicitud del Ministerio de Economía y Hacienda,
concede fondos y paga cuotas a Instituciones Financieras Internacionales
(FMI, BM y Bancos Regionales de Desarrollo) y, por último, el FAD para
la Internacionalización, que, a potestad del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, sirve para internacionalizar la economía española.
Éste último es el que se conoce como Créditos FAD ya que es el único que
utiliza créditos bilaterales y es, por ello, el responsable de la
generación de deuda en los países del Sur
[2] Para ver las implicaciones de un caso concreto de los seguros de
CESCE consulte el documento
http://www.quiendebeaquien.org/spip.php ?article664
Fuente: Ecologistas en Acción
