Muchas son las preguntas que el Gobierno español tendrá que responder si quiere ser coherente con sus compromisos electorales en materia de política exterior, de cooperación y de Derechos Humanos. Pero sin duda alguna, es la relación con el actual Gobierno colombiano lo que más preocupa a las organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos del mundo. La razón : los vínculos de su Presidente, Álvaro Uribe Vélez, con los grupos paramilitares de extrema derecha y responsables de decenas de miles de crímenes de lesa humanidad.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debe saber que en Colombia, en menos de dos semanas, los grupos paramilitares han asesinado a 12 personas, han hecho desaparecer a nueve y han desplazado a otras 120. El 31 de diciembre de 2007, en el departamento Nariño, asesinaron a cuatro adultos y un menor. El ex gobernador de ese departamento, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares. Ese mismo día en Medellín, hicieron desaparecer al abogado Víctor Hugo Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social. El mismo que había formulado insistentes denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín, donde el pasado 11 de enero cinco líderes comunitarios fueron asesinados y otros tres heridos de bala. El 14 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, departamento del Chocó, asesinando a dos personas, llevándose a otras ocho y desplazando a cerca de 120 habitantes de la población.
En una carta abierta a Uribe, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, manifestó recientemente que “pareciera que esas víctimas son inexistentes… sus restos irán a parar a las fosas comunes o a los ríos”. Ecologistas en Acción se hace eco de esta denuncia y pregunta al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero : ¿Qué se puede esperar de las instituciones públicas colombianas cuando la actitud del Gobierno colombiano está marcada por el silencio y la negación ? En vez de condenar esas atrocidades, Uribe se empeña en intentar convencer al país y al mundo de que los grupos paramilitares ya no existen en Colombia ; una afirmación que desmienten irrefutablemente los hechos. ¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares ? ¿Cuándo va a condicionar su “apoyo” al ejecutivo colombiano a la ausencia de los crímenes de Estado y las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de colombianos a fosas comunes y cementerios clandestinos ? ¿Cuándo se pronunciará contra el desplazamiento forzado practicado por los paramilitares que han arrebatado la tierra a millones de campesinos ?
La organización de DDHH ’Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad’ plantearon en el 2006 la necesidad de visibilizar los casos de candidaturas y postulaciones a cargos públicos con graves indicios de estar comprometidas con el paramilitarismo y los crímenes de Estado. Denunciaron en su ‘Llamamiento a La Memoria’ a personas como Eleonora Pineda y Rocío Arias, a quienes Mario Uribe, primo hermano e histórico acompañante político de Uribe, mantuvo en la lista de su partido a pesar de conocer sus simpatías con los jefes paramilitares. Pineda rindió su versión ante la Corte Suprema el día 19 de septiembre de 2007 y allí aceptó ser el “brazo político de las autodefensas que comandaba Mancuso en Córdoba”, mientras Rocío Arias trata hoy de influir en el gobierno para mejorar las condiciones carcelarias de los paramilitares.
Está demostrado la participación de sectores políticos, económicos nacionales y transnacionales en el fortalecimiento y la financiación del proyecto paramilitar en Colombia. Según la Corporación Nuevo Arcoiris, 1.845.773 votos obtuvieron los 33 Senadores y 50 Representantes a la Cámara incluidos en las investigaciones judiciales por sus vínculos con los paramilitares, todos ellos aliados estratégicos de la campaña de reelección de Uribe. Esta cifra, representa aproximadamente una tercera parte de la votación que fue obtenida por el actual presidente colombiano.
Nos preocupa las consecuencias del conflicto armado interno sobre la población civil, los 4 millones de personas desplazadas, y el alto número de homicidios fuera de combate. En el primer periodo del presidente Uribe, los grupos guerrilleros fueron responsables del 25% de estos homicidios (1.591 víctimas) ; los grupos paramilitares, en violación al cese al fuego, fueron responsables del 61% (3.907 víctimas) y la fuerza pública fue responsable directamente de un 14% (908 víctimas). La impunidad casi total y estructural que sigue siendo la norma en Colombia, no permite que se supere esta violación sistemática de derechos humanos.
Es cierto que el secuestro es una práctica criminal que no se debe tolerar bajo ningún concepto. Pero en Colombia no sólo existen cientos de secuestrados por las guerrillas. Hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y por los grupos paramilitares que fueron auspiciados hace más de una década a través de las empresas de seguridad Convivir, creadas por Uribe cuando fue Gobernador de Antioquia. Esa realidad no se desvanecerá con la actual política exterior del Gobierno español hacía Colombia que es, además de ser incompatible con la defensa de los Derechos Humanos, sorda y responsable por omisión. En vez de reunirse con Uribe y abrazar ciegamente su concepción unidimensional del terrorismo, Zapatero debería apoyar la demanda contra el mandatario colombiano ante el Tribunal Internacional de La Haya por los atropellos en Colombia.
Fuente: Ecologistas en Acción
