La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que la ley integral contra la violencia sobre las mujeres "saldrá adelante" y no tiene por qué retrasarse pese al informe en contra del Consejo General del Poder Judicial. De la Vega recordó que el informe "es preceptivo, pero no vinculante".
En declaraciones a los medios de comunicación antes de clausurar unas jornadas sobre la televisión pública, Fernández de la Vega se refirió a la decisión de la mayoría conservadora de la comisión de estudios del Consejo General del Poder Judicial de rechazar la propuesta de informe sobre el anteproyecto redactada por Montserrat Comas, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que la ley integral contra la violencia sobre las mujeres «saldrá adelante» y no tiene por qué retrasarse pese al informe en contra del Consejo General del Poder Judicial. De la Vega recordó que el informe «es preceptivo, pero no vinculante».
En declaraciones a los medios de comunicación antes de clausurar unas jornadas sobre la televisión pública, Fernández de la Vega se refirió a la decisión de la mayoría conservadora de la comisión de estudios del Consejo General del Poder Judicial de rechazar la propuesta de informe sobre el anteproyecto redactada por Montserrat Comas, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica.
«El informe del consejo es preceptivo pero no vinculante, habrá que analizar el contenido del informe y, a la vista del contenido, incorporaremos las observaciones que contribuyan a mejorar el proyecto, que sin duda alguna saldrá adelante», subrayó De la Vega tras conocer que la comisión ha decidido designar a un ponente conservador, José Luis Requero, para redactar un nuevo dictamen.
SIN RETRASOS
Respecto a la decisión de pedir al Gobierno un plazo ordinario de 30 días para redactar el informe, la vicepresidenta primera consideró que la ley no tiene por qué retrasarse.
El Gobierno, recordó, acordó pedir el informe del CGPJ por el trámite de urgencia -15 días- «porque es un tema bastante urgente que reclama el conjunto de la sociedad española» y «desde luego va a cumplir su compromiso».
Fernández de la Vega subrayó que el anteproyecto «está en el ámbito de la constitución y de la normativa europea que se denomina de discriminación positiva».
Recordó en este contexto que el artículo 9.2 de la Constitución dice que los poderes públicos están obligados a establecer medios para remover obstáculos cuando no hay igualdad y se mostró convencida de que la violencia sobre las mujeres es uno de esos casos.
DISCRIMINACIÓN POSITIVA
Ante el argumento de los tres vocales del CGPJ que han rechazado el informe porque la ley no puede excluir de sus mecanismos jurídicos de protección a los varones, la ministra de la Presidencia insistió en que el Gobierno aprobó un anteproyecto de «discriminación positiva».
El texto «discrimina en la medida que lo que hace es solventar un problema que afecta exclusivamente a un colectivo que es el de las mujeres que sufren la violencia por el hecho de ser mujeres».
A su juicio, en estos momentos hay normas suficientes en el ordenamiento para proteger a otros sectores de la sociedad que sufren violencia y «si hay algún otro sector que más adelante consideramos que necesita una norma específica se hará».
NO HABRÁ MÁS TIEMPO
Horas después, la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, rechazó dar más tiempo al CGPJ para que emita su informe sobre la ley. «Todas sus propuestas serán bienvenidas, pero su plazo es el 22 de junio ; todavía tienen una semana por delante para preparar el informe», aseguró Murillo tras apuntar que retrasar esa fecha impediría al Gobierno cumplir los plazos fijados y enviar la ley al Parlamento antes de que finalice este mes.
La responsable de Políticas de Igualdad respondió a la decisión de la mayoría conservadora de la comisión de estudios del CGPJ de pedir al al Gobierno que el plazo de urgencia de 15 días con el que cuenta para emitir su dictamen se amplíe a 30 días, el plazo ordinario.
Según explicó, todos los Ministerios implicados en la ley han ampliado sus jornadas para trabajar en ese texto y dar respuesta a una «necesidad social» y es necesario que todos los poderes públicos se involucren en la tarea.
