A las personas migrantes que no cuentan con permiso de residencia se les retira la tarjeta sanitaria
El gobierno del PP ha decidido dejar sin asistencia sanitaria a varios miles de personas migrantes, en “situación administrativa irregular”, a partir del próximo 31 de agosto, de tal manera que sólo recibirán atención en caso de “urgencia por enfermedad grave o accidente; asistencia al embarazo, parto y postparto, y en el caso de ser menores de 18 años”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia que la decisión que ha tomado el gobierno del PP dejará a los colectivos más débiles en una situación de total «desprotección». Así mismo, para CGT la decisión del Gobierno supone un atentado gravísimo contra los derechos humanos, sin tener en cuenta que:
-Se excluye al sector de población más desprotegido de la asistencia sanitaria, que CGT entiende que es un derecho humano básico y las consecuencias de esa decisión producirán inseguridad sanitaria a toda la población.
La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia que la decisión que ha tomado el gobierno del PP dejará a los colectivos más débiles en una situación de total «desprotección». Así mismo, para CGT la decisión del Gobierno supone un atentado gravísimo contra los derechos humanos, sin tener en cuenta que:
-Se excluye al sector de población más desprotegido de la asistencia sanitaria, que CGT entiende que es un derecho humano básico y las consecuencias de esa decisión producirán inseguridad sanitaria a toda la población.
-La falta de atención sanitaria en patologías crónicas en una primera instancia, provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias (dado que es la única posibilidad que les queda), incrementando la presión asistencial. Se generará un incremento de ingresos hospitalarios, que posiblemente provoque un mayor gasto final, en contra de lo que se dice pretender.
-Podrá tener efectos negativos sobre la salud de la población general, ya que sienta las bases para el incremento de las enfermedades transmisibles y la pérdida de su control (tuberculosis, VIH….). El aumento de enfermedades infecciosas, en general de tratamiento barato en una primera fase, ocasionará probablemente un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios, que como todo el mundo conoce, son mucho más caros que la prevención o el tratamiento precoz.
Por todo lo anterior, CGT hace un llamamiento a la ética de todas y todos los profesionales de la sanidad pública, para la atención completa a este grupo de población, perteneciente en gran medida a los grupos más desfavorecidos.
Al mismo tiempo, CGT saluda y apoya el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales del Sistema Nacional de Salud a la aplicación efectiva del Real Decreto Ley 16/2012, por inmoral, injusto, y peligroso en términos de salud pública.
Por último, CGT llama a participar en las próximas movilizaciones convocadas por una sanidad pública universal y a favor de reintegrar a la población migrante un derecho humano fundamental, el derecho a la salud y a la vida.
SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal
