Artículo de opinión de Rafael Cid
El fallo de la Audiencia de Sevilla sobre la macropieza política de los ERE confirma que durante una década y cuatro gobiernos seguidos la Junta de Andalucía diseñó, planificó y ejecutó una trama para desviar fuera del control institucional y parlamentario partidas presupuestarias multimillonarias previstas para ayudar a empresas en crisis.
El fallo de la Audiencia de Sevilla sobre la macropieza política de los ERE confirma que durante una década y cuatro gobiernos seguidos la Junta de Andalucía diseñó, planificó y ejecutó una trama para desviar fuera del control institucional y parlamentario partidas presupuestarias multimillonarias previstas para ayudar a empresas en crisis. A expensas de los que decida el Tribunal Supremo (TS) cuando estudie los recursos interpuestos por los ahora condenados, Juan Antonio Griñán y Manuel Chaves (ambos ex presidentes andaluces y del PSOE, y ex ministros de Trabajo), junto con otros 19 altos cargos, son reos de la mayor trama de corrupción urdida desde el poder descubierta en la España contemporánea. Tanto por el volumen de los presuntamente defraudado (unos 688 millones de euros, equivalente a unos 115.000 millones delas antiguas pesetas) como por el número de servidores públicos involucrados. Dinero público, de todos los ciudadanos (no privado), transferido para fidelizar redes clientelares a favor del partido que monopolizó el poder durante más de cuarenta años en la segunda región como mayor índice de paro de la Unión Europea (UE). Delitos continuados y sostenidos de prevarización y malversación que prosperaron como un roscón en Pascua gracias al apagón informativo de muchos medios de comunicación de la sedicente izquierda, que no solo fomentaron un clima de permisividad entre la gente ante los hechos denunciados sino que incluso alimentaron una campaña de descredito y linchamiento contra la jueza instructora de la causa (parecida a la presión a que se sometió al juez Torres del caso Nóos). Delincuencia institucional sistémica a manos llenas que tuvo como cooperadores necesarios y mafiosos para legitimar falsos eres y el coladero de amiguetes en las prejubilaciones a las direcciones de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en aquella comunidad (el escándalo se llevó por delante a sus respectivos secretarios generales, Francisco Figueroa y Manuel Pastrana). Práctica sindical que, como ya es tracción en ambas centrales, ha convertido la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo (o sea, desregulación tarifada: vulgo acordar despidos masivos con las empresas) en uno de los principales negocios de autofinanciación de estas dos organizaciones obreras. Pero ese no ha sido el único pudridero que ha destapado esta sentencia, insólitamente aparecida después de las elecciones del pasado 10-N. A rebufo de las reacciones producidas entre la clase política tras conocerse la resolución judicial, se ha constatado que el partido de Pablo Iglesias parece dispuesto a tragar los sapos que sean necesarios con el de lograr unos cuantas carteras ministeriales para los más íntimos y la gestión de las empresas públicas que caigan en suerte dentro del gobierno <<rotundamente progresista>> prometido por su socio de coalición Pedro Sánchez. No otra cosa supone su olímpico desdén acrítico ante los hechos escandalosos probados que expone la sentencia. Alguien debería preguntarse por qué Vox irrumpió al parlamentarismo precisamente en esa Andalucía de los ERE en los pasados comicios autonómicas. Un malicioso podría sospechar que el grupo de extrema derecha neofranquista que, como sus homólogos del populismo ultra en Francia e Italia, campea al grito de <<los nuestros primero>>, ha galopado sobre los surcos abiertos por un Partido Socialista de Andalucía (PSA) que durante una lustros ha hecho política de despilfarro social al son de <<los míos primero>>. Y GAL económico-social porque si en su día Felipe González acompañó hasta la perta de la cárcel a José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por delitos de <<terrorismo de Estado>>, las condenas en el caso de los ERE han desatado soflamas apoyando la <<honorabilidad>> de Griñán y Chaves de insignes próceres del nacionalunitarismo patrio.
A continuación reproducimos el artículo publicado el 20 de septiembre de 2016 en distintos portales alternativos ante la indolencia de la opinión pública y publicada, que estaba en otras cosas seguramente más trascendentes. Su título:
Del <<sé fuerte Luis>>, a la <<honestidad de Pepe y Manolo>>
“No hubo un gran plan, pero si hubo un gran fraude”
(José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andalucía)
En los inicios de la Transición, Andalucía se consideraba tierra a redimir por la izquierda tras décadas de sumisión caciquil y tipismo de charanga y pandereta. Dos libros denunciaron entonces el rigodón imperante de Despeñaperros abajo. Uno era “Noticias de Andalucía”, del sociólogo cristiano-marxista Alfonso Carlos Comín. El otro, “Campos de Nijar”, escrito por Juan Goytisolo. Ambos incidían en la necesidad de rescatar a los andaluces de sus demonios familiares. Tanto el estudio de Comín como el relato de Goytisolo se inspiraban en la narrativa de corte anticolonialista inaugurada por Frank Fanón con su “Los condenados de la tierra” y secundada por Eduardo Galeano con “Las venas abiertas de América Latina”.
Hasta que llegó el PSOE con su iniciativa autonómica para Andalucía en la mochila, y ya no se movió de allí. No solo capitalizó la marca identitaria de Blas Infante, el “padre de la patria andaluza”, sino que fue precisamente de aquella nueva “nacionalidad histórica” de donde partiría la tropa felipista para modernizar España. El denominado “clan de la tortilla”, un grupo de universitarios en disputa con las autoridades de la época, protagonizaría el “Congreso de Suresnes” del que saldría el nuevo PSOE (del interior). Descartado quedaba así el viejo Partido Socialista (el histórico) liderado por Rodolfo Llopis, aún signatario de la legalidad republicana.
A la altura de este 2016, cuando el bipartidismo a nivel estatal camina hacia su ocaso, la Comunidad Autónoma de Andalucía representa, de la mano del PSA, la única zona del Estado que ha permanecido gobernada en régimen de monopolio por unas mismas siglas. Son 36 años de hegemonía socialista sin que en ningún momento haya sufrido seriamente su apoyo en las urnas. Tan rotundo respaldo electoral tiene su razón de ser en una oportuna combinación de paternalismo, retórica populista y titulización de las tradiciones desde el poder de la Junta. Como si se hubiera detenido el tiempo, decir hoy Andalucía sigue significando sol; Feria de Abril; procesiones de Semana Santa; Romería del Rocío; flamenco; toros; cortijeros y mucho salero. Pero también inclinarse ante los apellidos de rancio abolengo.
Solo que ahora es la sedicente izquierda la que rinde honores a los grandes terratenientes. Lo hizo en el 2006 su entonces presidente, José Antonio Griñán, en la persona de la fallecida Duquesa de Alba, la mayor latifundista de España, al nombrarla hija predilecta de Andalucía. Y si a eso sumamos que esa comunidad es la segunda región con más paro de toda la Unión Europea (31,5%, casi 12 puntos superior a la media nacional) y que el 42,3% de su población está en riesgo de pobreza y exclusión social, tenemos la crónica de un fracaso vestido de faralaes. Pero nadie lo diría y en realidad nadie lo dice. Al socialismo bético le basta y le sobra con verbalizar que “gobierna para los desheredados” (Guerra dixit) para ir de victoria en victoria hasta la derrota final. Porque enfrente no hay nadie, solo una derecha torpe, señoritinga, caduca e incompetente que ha visto como el adversario político le robaba su sombra.
Aunque en las autonómicas del 2012 el Partido Popular superó al Partido Socialista Andaluz (50 escaños por 47), éste consiguió gobernar con el apoyo de la coalición IU, a la que Susana Díaz entregó una vicepresidencia en el Ejecutivo de los ERE a cambio de apoyar su investidura. Precisamente esa es la causa que acaba de entrar en fase de juicio oral tras conocerse la calificación fiscal para los 24 altos cargos de la Junta por el desvió de unos 800 millones de euros de un fondo destinado a empresas en crisis en el periodo 2000-2010. Hablamos de la astronómica cifra de 133.000 millones de las antiguas pesetas que presuntamente fueron a parar a empresas amigas, sindicalistas de la casa y personas afines al PSA, UGT, CCOO y patronal adicta, en lo que a todas luces parece un intento de comprar voluntades políticas al por mayor. Seis años de cárcel y 30 de inhabilitación pide el ministerio público para José Antonio Griñán y otros 10 de inhabilitación para Manuel Chaves. Una enmienda a la totalidad para el PSOE ya que Chaves y Griñán lo han sido todo en el socialismo español: ministros de Trabajo en el felipismo; secretarios generales del PSA; presidentes de la Junta de Andalucía y presidentes del PSOE hasta fechas recientes.
Por eso el caso ERE cuestiona las credenciales del partido que más años ha gobernado en España. Aunque, si tenemos que medirlo por su impacto mediático, podría deducirse que no existe alarma social. Nada que ver con el guirigay que se montó a raíz del tema Soria (mentiroso, pero sin ningún reproche judicial que se sepa) y la legítima bronca organizada ante la sospecha de blanqueo de capitales por la senadora y ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá por una cuantía de 200.000 euros (unos 34 millones de pesetas). Un hecho diferencial que se puede constatar con solo echar un vistazo a la cobertura dada entonces por los medios y las reacciones del entorno de los investigados ahora. Mientras el impresentable “sé fuerte, Luis” de Rajoy a Bárcenas tuvo la merecida rechifla general, nadie ha protestado por el cierre de filas pro Griñán y Chaves de la plana mayor del PSOE, con la actual presidenta andaluza Susana Díaz a la cabeza (“creo firmemente en la honradez y la honestidad tanto de Pepe Griñán como de Manolo Chaves). Ya Felipe González acompañó hasta la puerta de la cárcel a Rafael Vera y José Barrionuevo cuando fueron condenados por la guerra sucia contra ETA. En esa misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Page ha destacado poniendo la mano en el fuego por el tándem Griñán-Chaves casi al mismo tiempo que su consejero de Medio Ambiente se veía obligado a dimitir tras descubrirse que tenía negocios en la empresa de residuos causante del incendio en Chiloeches (Guadalajara).
Con semejantes actitudes no resulta creíble ninguna catarsis regeneracionista de la clase política. Solo impostura y oportunismo, que los medios de comunicación administran a su conveniencia. Si el día de autos el diario El País relegaba la noticia de los ERE a un modesto segundo puesto en su portada, dando todos los honores a otra sobre los problemas internos del PP, no debería extrañar que la apoteosis de la “ignorancia debida” (el envés de la obediencia) recayera sobre la prensa andaluza “progresista”. Sirva como prueba la edición del 16 de septiembre de La Voz de Almería, que llevó a su primera a cinco columnas una información sobre las mafias de las pateras, mientras la petición fiscal para Griñán y Chaves cabía en un recuadro del tamaño de un sello de correos.
Este modus operandi se traduce en una práctica bipolar en el plano político e institucional. Por un lado, la gente en general y los votantes de izquierda en particular desarrollan un extraordinario olfato a la hora de denunciar y repudiar la corrupción de la derecha, ya sea en fase de potencia o de acto. Y por otro, esas mismas personas se tornan en indulgentes cuando los desafueros parten de la izquierda. Lo que provoca situaciones paradójicas. La más notoria es que las grandes involuciones económico-sociales en España las consuma esa sedicente izquierda porque sabe del grado de tolerancia que le otorga la opinión pública, mientras que si fuera la caverna quien osara aplicar las mismas contrarreformas la sangre podría llegar al río sin. En la mente de todos está la aceptación de la monarquía en la figura de un jefe del Estado designado por Franco; los Pactos de la Moncloa; el trágala de la OTAN; el terrorismo de Estado de los GAL y la reforma del artículo 135 de la Constitución, entre otros excesos.
El locus del bipartidismo y de la alternancia en el poder está aquí, en esta dualidad moral que impide romper el círculo vicioso del eterno retorno. Hay alternancia en el poder pero jamás cambio real. El resultado es un vaivén pendular que impide una ruptura capaz de aflorar una auténtica conciencia democrática que impida el continuismo del rojo al amarillo. Así se explican cosas tan chocantes como que la privatización de Cajamadrid la realizara el PSOE y la socialización de Bankia el PP; que ningún partido de izquierda ni sindicato se haya personado en el hasta la fecha mayor desfalco de la historia de España; o que tras prestar su primera declaración ante un juez por la trama de los ERE, el entonces presidente del PSOE lo calificara de “ataque a la democracia”. Como colofón tenemos ese tira y afloja entre un sector del PSOE de los ERE y su par en Unidos-Podemos para formar “un gobierno de progreso”, que servirá para que otra vez la ejemplaridad brille por su ausencia.
Por supuesto, habrá mucha gente que con todo derecho considere que lo que se menciona aquí es “hacer el juego a la derecha”. Y es ante situaciones como esta, donde un socialdemócrata genuino, como el desaparecido historiador Tony Judt, concluiría diciendo: “algo va mal”.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
