El escrito de acusación del representante del ministerio público recoge que a las 14.10 del 14 de julio de 2004 el policía municipal se encontraba «uniformado y conduciendo una motocicleta por la calle de Bravo Murillo» cuando se percató de que delante de él circulaba un ciclomotor conducido por la joven A. J. I.
Al detenerse ambos ante un semáforo, indica el fiscal, el policía ordenó a la chica que se detuviese en la calle siguiente, donde examinó su documentación y comprobó que carecía de licencia para conducir ciclomotores. «Entonces el agente le dijo que no sabía qué hacer con ella y que podría llevarla detenida. Tras unos minutos de conversación entre los dos, el procesado, prevaliéndose de su condición de funcionario policial, la llevó por el brazo hacia un portal de la calle del Doctor Santero, próximo a donde se encontraban», sigue el escrito del fiscal.
La joven se resistió a ir donde el acusado le ordenaba, momento en el que el policía sacó su arma reglamentaria (un revólver), con la que la apuntó «a la vez que la conminaba a bajar al sótano». La víctima insistió en negarse a seguir las indicaciones del imputado y éste le pegó un fuerte rodillazo en las piernas. En ese momento, mientras mantenía el revólver en su mano, la agredió sexualmente.
Daños morales
El fiscal considera los hechos narrados constitutivos de un delito de agresión sexual, por los que reclama a la Audiencia de Madrid que condene a este policía con 14 años de cárcel y la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena. Asimismo, pide que el acusado indemnice a la joven con 20.000 euros por los daños morales sufridos, siendo el responsable civil subsidiario el Ayuntamiento de Madrid, al depender el cuerpo Policía Municipal de esta institución.
Por su parte, el abogado de la agredida, Fernando Pamos, indica en su escrito de acusación que «existen cuatro tomas de semen recogidas en el lugar de los hechos que coinciden con el perfil genético del procesado, que se repetiría en un individuo por cada 2.087 billones de hombres».
La acusación particular destaca que el delito se ve agravado al existir «circunstancias especialmente reprochables : funcionario público, uso de arma de fuego, [ser la agredida una] inmigrante joven y, [por tanto, estar en unas circunstancias de] carácter especialmente vulnerable de la víctima». Por todo ello, el letrado de la víctima reclama una indemnización de 150.000 euros para su representada, así como 15 años de prisión para el policía municipal.
Fuente: EP
