No hay espacio del Estado que se salve de la corrupción y da evidencia de una democracia inexistente, ante un gobierno del espectáculo, que pretende enajenar a la población en general, para que ésta asuma sus dictados de juegos de intereses.
Este Centro de Derechos Humanos ha monitoreado el Conflicto Armado Interno en Chiapas, dado cuenta de las diversas coyunturas desde las situaciones que ha documentado en los diversos momentos álgidos del conflicto, la cual se ha caracterizado por una política de contrainsurgencia de los gobiernos federal y estatal en contra de Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ésta se agudiza cuando se trata de cambio de estafeta y reparto del control del político del sistema de partidos,por lo que hemos ubicado un patrón de violencia recurrente en cuando los cambios electorales, se desatan
Este Centro de Derechos Humanos ha monitoreado el Conflicto Armado Interno en Chiapas, dado cuenta de las diversas coyunturas desde las situaciones que ha documentado en los diversos momentos álgidos del conflicto, la cual se ha caracterizado por una política de contrainsurgencia de los gobiernos federal y estatal en contra de Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ésta se agudiza cuando se trata de cambio de estafeta y reparto del control del político del sistema de partidos,por lo que hemos ubicado un patrón de violencia recurrente en cuando los cambios electorales, se desatan los enconos y conflictos entre los diversos grupos de poder por los puestos de gobierno en disputa y una vez establecido el escenario esencial se desprenden acciones para golpear al enemigo, en esta circunstancias es especifica la disputa por los territorios recuperados del EZLN.
A partir de los últimos meses de mayo a septiembre de 2012 hemos monitoreado y documentado la contínua estrategia de confrontación comunitaria que los gobiernos a través de sus tres niveles (municipal, estatal y federal) realizan en contra de las comunidades autónomas zapatistas, por medio de los grupos de poder local comunitario, los cuales se benefician de protección y que desde el 2000 se ha ido construyendo una Guerra Integral de Desgaste. A la par sostienen un sistema de información a través de medios de comunicación masivos para tergiversa los que esta pasando frente a los desplazamientos forzados o las agresiones armadas, hostigamientos que hoy en día están recibiendo las Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), nexos que corroboramos a partir de la actos en contra del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) San Marcos Avilés, Comandante Abel, Jechvo y en la comunidad de Banavil.
En esto meses confluyeron las campañas electorales en el ámbito federal y estatal, en el cual pudimos documentar la presión política que se ejerció en contra de hombres y mujeres de los pueblos y comunidades de Chiapas, con la finalidad de que votaran por los partidos políticos, fue desde los dictados de elite del poder político de Chiapas, la decisión de votar, mediante la compra de votos y otros medios clásicos de corrupción electoral, por la Alianza: Partido Verde de México (PVM), Partido de la Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (NA), las consecuencia no sólo es que haya arrasado PVM-PRI-NA en el estado con sus candidatos y convirtiéndose el PVM es la primer fuerza política, dejando en lo local un profunda fragmentación en las comunidades.
En el aspecto político se mantiene la estrategia del doble discurso: por un lado, el gobierno federal invisibiliza al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y por el otro, el gobierno estatal expresa atender a las demandas del EZLN, desmarcándose de ser actor contendiente en el conflicto y se presenta como administrador de los escenario del conflicto y como mediador de los conflictos calificados como “intercomunitarios”
Sin embargo es evidente que el gobierno estatal juega un rol fundamental, en la implementación de la estrategia de Guerra Integral de Desgaste, especialmente en el uso de los recursos económicos para la confrontación, cooptación de organizaciones o comunidades que son resisten al sistema sobre todo en el ámbito de servicios y de la estructura política.
La utilización y compra de los medios masivos de comunicación por parte de los gobiernos, tergiversa y trata de bloquear la postura del EZLN y de organizaciones que difieren de las políticas gubernamentales. Imponiendo el gobierno su opinión o desviando la atención con publicidad turística o difusión de proyectos y los logros y avances en el gobierno que así mismo se nombra de “vanguardia”, siendo que se da continuidad a la política de descolocar el proceso autonómico y de las luchas de resistencia civil y pacifica construida a partir del cese al fuego en la apuesta de dar cumplimiento de manera unilateral a los Acuerdos de San Andrés, desconocidos por el gobierno mexicano.
Como hemos manifestado la estrategia de contrainsurgencia se ha operado de manera muy patente en las incursiones armadas de grupos de corte-paramilitar que se llevó acabo en la comunidad del MAREZ Comandante Abel que dio como consecuencia el desplazamiento forzado de 87 personas.
A pesar de que los gobiernos locales como el de Chiapas trata de ocultar las consecuencias de esta política gubernamental de violencia, utilizando un discurso desde la concepción hegemónica de los derechos humanos, a través de reformas legislativas que en la práctica son leyes muertas e instituciones como la del Consejo Estatal de Derechos Humanos, estos sirven al sistema como operadores políticos bajo los intereses del gobierno y a que avalan y mantienen en impunidad las violaciones a derechos humanos.
Los escenarios están dados para la estrategia de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) a través de la Iniciativa Mérida, esta la presencia militar desplegado en el territorio de Chiapas, con todo y sus retenes permanentes e itinerantes que violan el derecho a la libertad de tránsito, con particular presencia en la zona fronteriza y el territorio zapatista, en el cual se dirime el control territorial, la confrontación con las organizaciones sociales, comunidades y pueblos que habitan este espacio territorial.
El gobierno para controlar e inhibir a los movimientos de resistencia a implementando programas sociales para la división comunitaria, inmovilizando a los pueblos mediante la ocupación militar y las acciones de autoridades gubernamentales en complicidad con organizaciones sociales de la región, organizaciones de corte paramilitar, grupos ligados al gobierno de Juan Sabines, con la finalidad de golpear a las comunidades en resistencia ya los pueblos que luchan y ejercen su autonomía.
Para ejemplificar es sobre la situación de reactivación de los grupos armados: Con un patrón de confrontación directa de organizaciones progubernamentales que tienen en su historial integrantes paramilitares, tal como lo es en Sabanilla el actuar del grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia que sigue amenazando y agrediendo con armas de fuego a la comunidad Comandante Abel, antes San Patricio, Marez, La Dignidad.
Desplazados internos a causa del conflicto armado y los organismos internacionales
Este Centro de Derechos Humanos ha documentado la situación del desplazamiento forzoso, situación no atendida en el marco de la normatividad de los derechos humanos por los gobiernos federal y estatal, en estos 18 años de conflicto armado interno.
En el curso de los años por parte de las autoridades gubernamentales se ha negado el desplazamiento por consecuencia de la guerra en Chiapas y como consecuencia la existencia de desplazados como efecto de la política gubernamental de la contrainsurgencia.
Una acción contradictoria y utilitaria fue que por iniciativa presentada por Juan Sabines el congreso aprobó el 14 de febrero de 2012 una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) a través del Programa Conjunto por una Cultura de Paz (PCCP) con la intención de atender esta problemática históricamente pendiente por el Estado mexicano y que ha dejado una herida abierta y perdidas irreparables e impunidad.
Sin embargo, testimonios recibidos, por este Centro de Derechos Humanos, señalan que el programa del PNUD y la UNESCO en las regiones del conflicto armado interno ha causado división comunitaria, debido a que es la continuidad de una política contrainsurgente, que han impulsado los gobiernos federal y estatal para la confrontación comunitaria y exclusión de los grupos de desplazados internos y desplazados-retornados, ya que estos han insistido en una atención integral,bajo los principios rectores del desplazamiento de las Naciones Unidas.
Por otra parte el PNUD junto con el gobierno de Chiapas tienen un censo de atención de desplazados por una cifra que oscila de 24 mil a 30 mil personas; censo creado por el gobierno de grupos cercanos a él, que en realidad son solicitantes de tierra y que tienen una historia de exclusión y marginación diametralmente distinta a quienes padecieron el desplazamiento forzado a causa de la política de contrainsurgencia del Estado mexicano. Por lo tanto las instituciones involucradas buscan la tergiversación de lo sucedido en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona Altos y Selva de Chiapas, hechos que siguen en la impunidad.
En el ejido San Marcos Avilés, Chilón, fueron desplazados de manera forzada desde el 09 de septiembre de 2010, que dio como consecuencia: 50 mujeres, 43 hombres y 77 entre niñas y niños integrantes BAEZLN. Actualmente se encuentran desplazados de sus tierras de trabajo y bajo constantes amenazas de nuevos desplazamiento a otras tierras donde actualmente viven.
El 4 de diciembre de 2011, en el ejido Banavil, Tenejapa, hubo una agresión física por parte de un grupo del PRI lo cual dejó como resultado, la muerte del Sr. Pedro Méndez López, la agresión y desaparición forzada del Sr. Alonso López Luna, la detención y agresión de Lorenzo López Girón y el desplazamiento forzado de cuatro familias.
En el lapso de transición desde el gobierno de Pablo Salazar al de Juan Sabines se perpetró un desplazamiento forzado que resultó en la Masacre de la comunidad de Viejo Velasco. Ésta fue ocasionada por grupos de corte paramilitar OPDDIC e integrantes de la comunidad Lacandona, quien es iban acompañados por 300 elementos de la entonces Policía de Seguridad Pública el 13 de noviembre de 2006. Actualmente hay 36 personas desplazadas, 7 muertos y 2 desaparecidos. Situación que aún siguen en la impunidad.
Asimismo, días antes, el 09 de noviembre de 2006 en la comunidad Busiljá, Ocosingo, se desplazaron 7 familias además de fabricarles delitos a 12 personas que injustamente estuvieron detenidas. En el 2008 fueron liberadas y no pudieron retornar a sus tierras. Fue en el 2010 cuando decidieron retornar a sus tierras sin ninguna garantía de parte de las autoridades gubernamentales debido a no actuación del gobierno para solucionar la problemática. Ante esta situación el 7 de diciembre de 2011, los familiares del Sr. Elías Sánchez Gómez de Busiljá fueron desplazados de manera forzosa de nueva cuenta por la OPDDIC integrantes del PRI.
Elías fue torturado y se encuentra detenido en el Centro Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS no.17) ubicado en Catazajá, Chiapas. En ese misma región fue desaparecida la niña Gabriela Sánchez Morales, el 17 de junio de 2011.
Actualmente sigue La desaparición de Gabriela, desplazamiento forzado de 4 familias y la detención arbitraria de Elías, sin que el gobierno del estado de Chiapas de respuesta a estas graves violaciones a derechos humanos, a pesar de que existes medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Gabriela.
Otra situación de constante amenaza e incertidumbre en la posesión de tierras que históricamente son las que sufren los pobladores de San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, los cuales están asentados en la cuenca del río Negro, en el municipio de Ocosingo, y a través de la Asociación Rural de Interés Colectivo, Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARICUUID) se han defendido en contra del desplazamiento forzado por lo menos tres sexenios de malos gobiernos que pretende desalojarlos.
Las poblaciones amenazadas a pesar que desde hace 35 años de conflictividad agraria entre los Bienes Comunales Zona Lacandona (BCZL) y tres poblados mencionados, llegaron a una cuerdo de conciliación que terminó con el conflicto agrario, no obstante los intereses de los gobiernos federal y estatal persisten exigiéndoles que desalojen sus tierras.
Otros de los eventos denunciados son los ocasiona dos por integrantes del grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia los cuales operan en la zona Norte del estado en los municipios de Sabanilla, Tila y por otros grupos de antecedente paramilitar en el municipio de Chenalhó.
Este Centro de Derechos Humanos enfatiza que las personas desplazadas nunca fueron atendidas como desplazados del conflicto armado interno. Todos estos eventos tienen una constante, son ocasionados por la violencia generalizada, derivada de los efectos del conflicto armado no resuelto.
También hemos manifestado en diferentes ocasiones su preocupación y a que el fenómeno del desplazamiento interno no es un evento aislado, sino una manifestación más de la estrategia militar y contrainsurgente aplicada en Chiapas y que vulnera directamente el territorio de lo pueblos indígenas. En este sentido, el desplazamiento interno tiene que ver fundamentalmente con el objetivo de controlar los territorios de la población que lucha por una alternativa distinta al sistema neoliberal que los está despojando.
Por otro lado, por su derecho a la cultura originaria, los indígenas, no sólo tienen el derecho a la vivienda sino también a la tierra y el territorio que les fue violentado. Los derechos de los pueblos indígenas protegen de manera particular diversos derechos económicos, sociales y culturales por la situación de vulneración en la que vive esta población, además de todos los derechos contemplados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales radican particularmente en la concepción de derechos colectivos.
A manera de Conclusión: En un Estado de simulación democrática, como el de México, donde de facto persiste la lógica de un Estado de excepción y contrainsurgente contra los pueblos organizados, que evocan el derecho a la rebelión como último medio de vida. El gobierno de México se resquebraja ante sus cuestionables instituciones y su representatividad política. No hay espacio del Estado que se salve de la corrupción y da evidencia de una democracia inexistente, ante un gobierno del espectáculo, que pretende enajenar a la población en general, para que ésta asuma sus dictados de juegos de intereses.
Chiapas sigue estando militarizado en su territorio, sobre todo en las comunidades indígenas preferentemente en zona de influencia del EZLN, el cual es el objetivo a destruir, esto se entiende en la lectura del proceso de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano y sus diversos énfasis, según los gobiernos en el poder que va desde la confrontación directa de fuerzas regular ese irregulares y la implementación de proyectos sociales que junto con organismos intergubernamentales como el PNUD han sido cómplices y la ONU en este último sexenio apremiado a Juan José Sabines por su labor contrainsurgente.
La guerra se ha afinado, adecuada a las nuevas situaciones, se ha deslizado hacia nuevas tácticas de la guerra integral de desgaste; ha utilizado los argumentos con un lenguaje en pro de los derechos humanos, con énfasis en los derechos colectivos de los pueblos indígena y de un discurso en reverencia de respeto que forma una plataforma falsa, vacía de contenidos, ya que la intención es la apropiación de los recursos naturales y la implementación de proyecto sociales por los gobiernos en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) utilizados para fines clientelares, en la profundización de divisiones y enfrentamientos en las comunidades.
Pedro Faro
Fuente: CGT Chiapas
