El día 14 de junio de 2003, en medio de una conmovedora expectación, una máquina excavadora hurgaba en la tierra reseca de un olivar de Lecrín. Buscaba cadáveres ’clandestinos’, una fosa común que podría contener los restos mortales de 25 vecinos de Torvizcón que fueron fusilados por sicarios del general Franco en agosto de 1936. La guerra asolaba España.
Aunque no aparecieron los muertos, aquel 14 de junio de 2003 -un día caluroso- fue histórico. Era la primera vez que se llevaba a cabo una acción de ese tipo en Andalucía. El sindicato CGT, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y el Ayuntamiento de Lecrín habían encendido una llama que acabaría por prender en la sociedad y en las instituciones. Aquí y allá, surgían voces que reclamaban -que exigían- el levantamiento de un oscuro velo. En España, durante la Guerra Civil y aun después, hubo miles y miles de ’desaparecidos’, gentes que fueron brutalmente ajusticiadas y sepultadas en tumbas sin nombre. Los asesinos enterraron sus cuerpos y quisieron hacer lo mismo con su recuerdo. Fracasaron. A pesar del miedo, la represión y un silencio forzado de 40 años, las familias de las víctimas no olvidaron.
Lecrín franqueó una puerta que todavía permanece abierta de par en par. En las semanas posteriores, otras localidades de la provincia de Granada se sumaban a la justa causa de pedir paz y dignidad para los fusilados. En Órgiva, Víznar o Alfacar -donde se sospecha que están sepultadas decenas de personas, entre ellas, el poeta Federico García Lorca- el debate -siempre difícil- estaba servido.
El decreto
Ante la proliferación de peticiones de exhumaciones, la Junta de Andalucía elabora un decreto y una orden para regular la localización de fosas y la intervención en esos parajes -bien para recuperar cadáveres, bien para colocar monolitos de homenaje, etc-.
Sin embargo, la lentitud administrativa, las elecciones y los propios conflictos que genera una materia tan delicada, se han confabulado para que hoy -un año después de la simbólica excavación de Lecrín-, las resoluciones de la Junta no hayan dado frutos. El drama oculto de la guerra, la memoria histórica de aquellos días violentos y letales, sigue bajo tierra.
Según confirmaron fuentes del propio Gobierno andaluz, aún no se ha constituido el comité técnico que se encargará de coordinar todas las actuaciones relativas a las exhumaciones en la comunidad autónoma. Los medios consultados indicaron que la creación del comité -cuyos miembros ya estarían seleccionados- es cuestión de días.
El sindicato CGT -por boca de Cecilio Gordillo- ha recordado estos días que los juzgados de Órgiva no han dicho nada sobre una denuncia que presentó en agosto de 2003 a propósito de las fosas que pueden existir en el paraje del Barranco del Carrizal, un lugar en el que, según vecinos e historiadores, fueron exterminadas decenas de personas.
Gordillo también ha advertido de que se ha producido un cambio de gobierno : el PSOE, cuyos militantes fueron víctimas directas o indirectas de la represión franquista, está ahora en el poder central. No es un detalle baladí. En teoría, no habría obstáculos para favorecer la investigación en El Carrizal -donde el PP llegó a construir diques para la presa de Rules- o en Lecrín -los ’25 de Torvizcón’ podrían estar bajo el asfalto de la autovía de la Costa, algo sobre lo que el anterior ministro, el popular Francisco Álvarez Cascos, no quiso saber nada-. Así las cosas, son los ayuntamientos los que mantienen viva la llama de la memoria histórica. Víznar ya ha presentado ante la Junta un proyecto para homenajear a las víctimas. También Órgiva, cuyo Consistorio está gobernado por el PP. Y Alfacar, Montefrío o Íllora. En esta última localidad, están dispuestos a seguir con la búsqueda de los ’desaparecidos’ sin aguardar siquiera a las ayudas de la Junta, aunque si llegasen, las agradecerían. La culpa de la paralización de la excavación de las fosas en Íllora la han tenido las lluvias. Según Miguel Gallego, « ahora que llega el buen tiempo vamos a reiniciar la exhumación de los asesinados durante la Guerra Civil ». Gallego asegura que, « mientras no infrinjamos la ley, vamos a seguir, aunque tengamos que poner dinero de nuestro bolsillo ».
El Ideal (Granada)
C. MORÁN Y C. SÁNCHEZ/GRANADA
