El disputado voto de 10 millones de pensionistas

Artículo de opinión de Antonio Pérez Collado, CGT País Valencià i Murcia

En su magistral novela «El disputado voto del señor Cayo», publicada en 1978, el gran Miguel Delibes pasa revista a la decadencia de la lucha política cuando los partidos centran sus campañas en ganar el máximo de votos, aunque sea mediante promesas que tienen muy pocas intenciones de cumplir.

Para nadie, y menos para los grandes partidos, es un secreto que los jubilados representan un atractivo caladero con diez millones de potenciales votantes; cantidad de papeletas que el aspirante a ocupar La Moncloa no puede despreciar. Por mucho que se haya negado, este detalle se ha tenido muy en cuenta por los partidos en años electorales. Para animar la campaña de cara a las personas mayores siempre se ha procurado que los recortes a las pensiones hayan caído lo más lejos posible de la cita con las urnas; es más, en muchos casos las mejores subidas han tenido lugar pocos meses antes de las votaciones.

En 2023 no sólo habrá elecciones generales, sino que también las hay municipales y autonómicas (excepto en cinco comunidades) por lo que los guiños y mensajes hacia los pensionistas ya han empezado. Cuando todo hace prever que la mayoría electoral estará muy disputada, nada mejor que intentar asegurarse el máximo de apoyos del colectivo de pensionistas. Nada extraño tiene, por tanto, que las pensiones vayan a subir en enero -según viene anunciando el propio gobierno- un 8´50%, mientras los salarios de empleados públicos y privados se incrementan un 3´5%.

No es que en el Consejo de Ministros quieran más a los pensionistas que a otros sectores, es que su número es muy superior al representado por cualquier otro segmento de población. El de los jóvenes de entre 18 y 29 años, por ejemplo, lo forman 5´9 millones de personas que además se abstienen y votan a candidaturas distintas al bipartidismo en mayor proporción que los jubilados.

El voto de los mayores es fundamental para PP y PSOE, por eso el partido que esté gobernando procura subir adecuadamente las pensiones y el que está en la oposición se cuida mucho de no criticar esos incrementos. En estos momento los populares lanzan incendiarias campañas contra cualquier iniciativa o actuación de Pedro Sánchez y los suyos (ley trans, Melilla, ley del sólo sí es sí, etc.) pero contra la subida a los pensionistas no han soltado ni una queja, no vaya a ser que éstos les retiren el voto.

Aunque hay una ofensiva permanente contra el sistema público de pensiones, el ataque suele dirigirse especialmente contra los futuros jubilados, no contra los que ahora podrían castigarlos en las urnas. Esa es la razón de que el retraso de la edad de jubilación y el incremento del período de cálculo se estén introduciendo progresivamente, para que el malestar no ascienda a la fase de indignación.

La edad del retiro se viene alargando de los 65 a los 67 años entre 2013 y 2027, al igual que la ampliación del número de años cotizados necesarios para tener derecho al 100% de la pensión (de 35 años a 37) y el de años que se toman para calcular la cuantía de la misma (de 15 a 25 años).

Siguiendo con esa práctica el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunciaba recientemente la propuesta gubernamental para aumentar ahora ese periodo de cálculo hasta los 30 años. Pero para no alarmar al personal asegura que todo es negociable y que están dispuestos a permitir que el futuro pensionista descarte sus dos peores años de cotización; eso en el afortunado caso de que toda la vida laboral no haya sido un cúmulo de contratos y salarios de pena.

También insinúa el señor Escrivá que la nueva puya nos la irán clavando poco a poco, de tal forma que sumando 5 meses anuales no se habrá completado hasta 2038 ese incremento de los 25 a los 30 años el tiempo cotizado que se tomará para el cálculo de las venideras pensiones; lo que supone una pérdida media del 8´2% a añadir al 5% que ya supuso el aumento de los 15 a los 25 años.

Puede que el recorte se modere en la negociación con agentes sociales y empresarios, pero que habrá un nuevo retroceso en un derecho tan esencial como las pensiones públicas es indiscutible. Y si no, tiempo al tiempo.

Antonio Pérez Collado, Asamblea de Pensionistas CGT València