Para cumplir con las funciones que la sociedad le ha encomendado, la Universidad de Jaén cuenta, en el marco del vigente plan de financiación de las universidades andaluzas, con recursos que provienen fundamentalmente de la Junta de Andalucía. Concretamente, en el presente ejercicio las transferencias de nuestra Administración Autonómica ascienden a 66,7 millones de euros, lo que supone el 83% de sus ingresos corrientes. Para aplicar estos recursos nuestra Universidad dispone de un alto grado de autonomía a la hora de diseñar sus políticas de gasto, pero, en contrapartida, se le exige una mayor eficacia productiva y una mejora de la eficiencia social de sus actividades ; de manera que el presupuesto de gastos tiene que ofrecer una rendición de cuentas veraz, que vaya más allá de una mera liquidación presupuestaria, donde se justifique la utilización de los recursos públicos que se ponen a su disposición.
Vengo a decirles esto, porque recientemente la Universidad de Jaén ha firmado una póliza colectiva de seguro de asistencia sanitaria con la Clínica Universitaria de Navarra, perteneciente al Opus Dei, dentro de la opción «alta especialización» y en la «modalidad platino». La prima de la citada póliza asciende a 123 euros anuales por trabajador, cantidad que se ve incrementada en un 30 y 60% para el personal mayor de 60 y 65 años, respectivamente, y su coste irá con cargo al plan de Acción Social de nuestra Universidad. Como quiera que a este hecho no se le ha dado demasiada difusión en los medios de comunicación, algo no habitual en la brillante mediática política del equipo de gobierno y con el ánimo de colaborar en la estrategia de transparencia y participación que, al menos teóricamente, defiende nuestro Rector, Manuel Parras, me gustaría compartir con los lectores de este periódico algunos comentarios y reflexiones sobre este asunto.
La firma de este contrato supone, para la Universidad de Jaén, desde mi punto de vista, el «gran honor» de ser la primera universidad pública española, y quizá también europea, en financiar las actividades docentes e investigadoras de una universidad privada, y para la Universidad de Navarra, más allá del importe económico de la prima, la rentabilidad en imagen que significa contar con el aval y reconocimiento de una universidad pública a la labor que realiza.
Por otra parte, en el ámbito de la política de Acción Social de las universidades andaluzas, el acuerdo firmado, firmado en septiembre de 2003, entre éstas y las organizaciones sindicales CCOO, CSIF y UGT, para la homologación de la políticas a seguir en este campo, establece que «las ayudas de Acción Social tendrán carácter subsidiario y no se utilizarán para atender necesidades que sean cubiertas con cargo a otros sistemas públicos de previsión». Igualmente el Plan de Acción Social de nuestra Universidad recoge que las ayudas sanitarias serán personales y puntuales y sufragarán gastos de los tratamientos médicos no cubiertos por la Seguridad Social, MUFACE, o cualquier otra mutualidad pública obligatoria. Por tanto, la póliza colectiva contratada no encaja en la normativa vigente, por muchas piruetas jurídicas que se realicen, ya que las prestaciones médicas que recoge las tenemos cubiertas los trabajadores de la universidad.
Actualmente existe una inquietud creciente en los campus españoles por el protagonismo que están adquiriendo las universidades privadas. Uno de los últimos estudios publicados por el INE recoge, además de una disminución significativa de las personas que siguen estudios universitarios, un trasvase de estudiantes desde la universidad pública a la privada. En este panorama, y cuando la Universidad de Jaén emplea importantes recursos públicos para atraer a estudiantes a sus aulas, no parece muy atinado que nuestro Rector, mediante la firma de este contrato, mande un mensaje a la sociedad de reconocimiento a las tareas docentes e investigadoras que realiza la Facultad de Medicina de una universidad privada.
No resulta nada fácil imaginar las razones que han llevado a Manuel Parras a firmar esta póliza con la Clínica Universitaria del Opus Dei, pero para mí lo más desconcertante de todo este asunto ha sido comprobar la actitud adoptada por los representantes en nuestra Universidad de los llamados «sindicatos de clase», UGT y CCOO, prestando un apoyo complaciente a la iniciativa del Rector. Siempre había pensado, quizá ingenuamente, que estas organizaciones tenían una visión solidaria del mundo del trabajo y que se preocupaban por los factores que determinan la cohesión social y garantizan la dignidad y equidad de las condiciones de vida de los trabajadores ; y que para defender privilegios de determinados colectivos ya estaban las asociaciones profesionales y el sindicalismo corporativo. Habría que preguntarse dónde queda tanto programa electoral, tanto escrito, tanto eslogan y tanta manifestación en la calle, abanderando la defensa de la educación y la sanidad públicas. Sinceramente creo que han perdido una magnífica oportunidad de llevar a la práctica aquello que pregonan con tanta vehemencia. Cabe pensar que la Consejería de Economía y Hacienda de nuestro gobierno autónomo, que tiene la competencia, reconocida por la Ley Andaluza de Universidades, de llevar a cabo el control del gasto de las universidades andaluzas, llegado el momento, exija las responsabilidades correspondientes por la existencia de esta partida presupuestaria, a no ser, claro está, que nuestros responsables políticos consideren que las prestaciones sociales de que disfrutan los andaluces han alcanzado un nivel tal que esta póliza para nada ha de considerarse un privilegio escandaloso de los trabajadores de la Universidad de Jaén. Ya veremos.
Fuente: Rafael Perea Carpio, Catedrático de la Universidad de Jaén
