El Consejo General de la Abogacía (CGA) denunció ayer que a los 73 subsaharianos devueltos por España a Marruecos el pasado día 6 de octubre, entre ellos seis con petición de asilo, se les entregaron órdenes de internamiento en un centro español, por lo que desconocían que serían trasladados desde Melilla a la Península y posteriormente a Marruecos. Un letrado ya ha anunciado que recurrirá la expulsión de los inmigrantes.
Un letrado recurrirá en Melilla la expulsión
El Consejo General de la Abogacía (CGA) denunció ayer que a los 73 subsaharianos devueltos por España a Marruecos el pasado día 6 de octubre, entre ellos seis con petición de asilo, se les entregaron órdenes de internamiento en un centro español, por lo que desconocían que serían trasladados desde Melilla a la Península y posteriormente a Marruecos. Un letrado ya ha anunciado que recurrirá la expulsión de los inmigrantes.
El procedimiento empleado para devolver a un grupo de inmigrantes que había logrado entrar en Melilla está suscitando numerosas críticas entre organizaciones humanitarias y de organismos como el Consejo General de la Abogacía, que ha protestado por escrito en una carta dirigida al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y ha enviado una comisión a Melilla para detectar posibles problemas.
Según explicó el comisionado por la Subcomisión de Extranjería del CGA para esta causa, José Luis Rodríguez, a los inmigrantes se les engañó porque «ellos estaban absolutamente convencidos de que iban a la Península» y que, como ocurre «tradicionalmente» con los que son enviados a los Centros de Internamiento de Inmigrantes, «quedarían en libertad a los 40 días al no poderse ejecutar la orden de devolución o expulsión».
Otro de los comisionados, Javier Calparsoro, explicó que tanto los 73 subsaharianos como la abogada que los asistió no tenían la orden de devolución, «sino el auto de internamiento en un centro que dictó la juez del Juzgado de Instrucción 5, y al que no se opusieron ni ella ni el fiscal», lo que hubiera paralizado el proceso.
La letrada Elena Arce asegura que el «primer error» residió en abrir un expediente de devolución a estos inmigrantes, ya que la Ley de Extranjería reserva esta figura para aquellos casos en los que son sorprendidos intentando entrar en España, o bien se encuentran en el país con una orden de expulsión anterior, informa Tereixa Constenla.
A su juicio, lo correcto habría sido incoar un expediente de expulsión, que ofrece más garantías jurídicas para el inmigrante y que se reserva para aquéllos que se encuentran de forma irregular dentro del territorio español. Estas devoluciones, según Arce, también serán recurridas ante el Ministerio del Interior por un letrado de Melilla.
Arce, además, criticó la falta de medios en la ciudad, que dificulta que los inmigrantes reciban asistencia jurídica con garantías. «El ministerio ha denegado un segundo abogado de guardia para Melilla y los letrados no pueden utilizar al único intérprete que hay en sus entrevistas con los inmigrantes», reprochó. Varias organizaciones humanitarias acudieron ayer al CETI para denunciar ante los medios las devoluciones del día 6.
Fuente: EFE / EL PAÍS
