El decreto recibió los votos a favor de PSOE, CiU, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), BNG y Chunta Aragonesista, frente al rechazo del PP, Izquierda Unida, y la abstención del PNV, Coalición Canaria y Nafarroa Bai.
Se rechazó, sin embargo, su tramitación como proyecto de ley, pese a que varios grupos habían mostrado su voluntad de que así fuera.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, defendió que la norma permite la "legítima" devolución del patrimonio histórico y constituye la reparación de una "deuda ética y moral" y de una "injusticia histórica" que proviene de un acto "intrínsecamente antidemocrático" como fue la ilegalización de sindicatos y partidos políticos por el franquismo.
El decreto recibió los votos a favor de PSOE, CiU, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), BNG y Chunta Aragonesista, frente al rechazo del PP, Izquierda Unida, y la abstención del PNV, Coalición Canaria y Nafarroa Bai.
Se rechazó, sin embargo, su tramitación como proyecto de ley, pese a que varios grupos habían mostrado su voluntad de que así fuera.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, defendió que la norma permite la «legítima» devolución del patrimonio histórico y constituye la reparación de una «deuda ética y moral» y de una «injusticia histórica» que proviene de un acto «intrínsecamente antidemocrático» como fue la ilegalización de sindicatos y partidos políticos por el franquismo.
Oposición de CCOO
La aprobación de la devolución se enfrentó en los últimos meses a la oposición de CCOO. El sindicato exigió, de hecho, la retirada del decreto, alegando que el procedimiento había sido «deliberadamente oscurantista». Además, su secretario general, José María Fidalgo, calificó de poco oportuno el momento para resarcir económicamente a los sindicatos, dado que se encuentran en plena negociación de la reforma del mercado laboral con el Gobierno y la patronal.
CCOO anunció que pondrá en marcha las acciones sindicales y jurídicas oportunas para atajar la «profunda ilicitud» que supone la aprobación del decreto ley.
De hecho, el diputado socialista Antonio Gutiérrez -ex dirigente de CCOO-, que preside la Comisión de Economía del Congreso, confirmó su desmarque del grupo parlamentario del PSOE en la votación para convalidar el decreto. Gutiérrez, que optó por abstenerse en lugar de apoyar la medida del Gobierno, insistió en que el decreto ley unilateral no era la forma adecuada para resolver este contencioso.
Dificultad para acreditar la propiedad
El titular de Trabajo y Asuntos Sociales indicó que, con este decreto, se da «cumplimiento definitivo y total a la ley que regulaba la cesión de bienes del patrimonio sindical», de enero de 1986.
Admitió que esa norma marcó una serie de «exigencias» que «no tuvieron en cuenta las circunstancias» derivadas de la Guerra Civil y las casi cuatro décadas de dictadura, que introducen la «dificultad de acreditar la concurrencia» de la titularidad de los bienes incautados. Hasta la fecha, y desde 1986, se han compensado 577 inmuebles, pero quedan por resolver más de 4.000 expedientes.
El ministro defendió, asimismo, el criterio de actualización del valor de los inmuebles, al que se aplica el interés legal del dinero, un 3% anual, desde 1986. UGT reclama su devolución en función del valor real de mercado de estos bienes, bastante más alto. Además, se marcha una «fecha de finalización cierta» de todas estas reclamaciones, al fijar como tope el 31 de enero.
Críticas
Desde el Partido Popular, Vicente Martínez-Pujalte, tras expresar un «profundo reconocimiento» del papel «esencial» de los sindicatos, lanzó duras críticas contra la iniciativa del Gobierno y vinculó esta norma a la necesidad de solucionar la deuda que la UGT mantiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como consecuencia de la quiebra de la cooperativa de viviendas PSV.
También el portavoz de CiU fue duro. Carles Campuzano habló de «enorme torpeza, falta de transparencia y poca responsabilidad» del Gobierno al introducir elementos de tensión entre las grandes centrales sindicales en un momento en que están abiertos «todos los frentes» del diálogo social. Sin embargo, precisó que su grupo no quiere «bloquear» la resolución de una demanda legítima por parte de UGT y CNT, por lo que dio un voto favorable.
El portavoz de Trabajo del PNV, Emilio Olabarría, criticó que se pretenda solucionar esta cuestión a través de un decreto y recordó que, según la ley de libertad sindical, «no puede haber privilegios» que sitúen en situación de ventaja de una organización sobre otra. A su juicio, la norma está específicamente destinada a beneficiar a una organización, en referencia a UGT, motivo por el que su grupo se abstuvo.
Desde Izquierda Unida, Ángel Pérez apuntó razones «formales», pero también «políticas», para rechazar este decreto, que suena «a trato de favor» y sitúa a una organización histórica «en el ojo del huracán».
Fuente: Kaos en la Red
