El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Azpilicueta, abogó hoy por limitar la gratuidad la sanidad, además de la educación y el transporte público, sólo a las personas más necesitadas y retirarla a aquellas que son «potentes» en términos económicos.
De esta forma, según Azpilicueta, el Estado contaría con sistemas de protección «soportables» y se liberarían recursos para destinarlos a los servicios «puramente» públicos y no privatizables, como son la Justicia, la Defensa y la Seguridad.
Ésta es una de las propuestas que el Círculo de Empresarios ha incluido dentro de un documento dirigido al gobierno saliente de las próximas elecciones generales del 14 de marzo y que fue presentado en rueda de prensa por el propio Azpilicueta y por el presidente del Comité de Política Económica de la organización empresarial, Fernando Eguidazu.
El Círculo considera que la introducción de la gestión privada sería también de «enorme utilidad» para la prestación de servicios como la sanidad, la enseñanza o el transporte público urbano, pues el coste que éstos representan es «desconocido y subestimado» por los ciudadanos, lo que les incita a demandar cada vez en mayor medida un mejor y más amplio servicios.
HUIR DEL ’GRATIS TOTAL’
«En el caso de estos servicios deberíamos dejar de pensar en la gratuitad total y aplicarla sólo a los que más lo necesitan. Hoy no hay discriminación ninguna. El rico y el pobre van a la Seguridad Social y les cuesta lo mismo : cero. No debe haber sistemas de protección que ayuden por igual a todos», defendió Azpilicueta.
Según denunció, la respuesta política «habitual» en tiempos de elecciones consiste en ofrecer más gratuidad y continuar ocultando el coste de estos servicios, lo que no hace sino agravar los problemas. La solución, explicó Azpilicueta, no pasa por subvencionar los servicios sino a aquellos que precisan esa ayuda para obtenerlos, permitiendo además al ciudadano elegir entre los distintos prestadores.
Aplicando esta teoría, el Círculo propone que debería implantarse en la sanidad, con pruebas piloto de pago y co-pago, un sistema semejante al cheque escolar para impulsar la competencia entre los distintos centros hospitalarios, una medida que a la vez requería la introducción de la gestión privada.
