El viernes el director del Banco Andalucía se suicidó. Este hecho está relacionado con el caso «Obra Nueva» de Chiclana (Cádiz), y en la que han sido ya detenidas 21 personas. Esta operación consistía en la falsificación de documentos para inscribir viviendas ilegales en el Registro de la Propiedad, al objeto de aparentar una antigüedad superior a los 4 años y lograr la prescripción del posible delito.
El cuerpo de Manuel J.L.G. fue hallado en la noche del miércoles, dentro de la sucursal del Banco de Andalucía en la avenida Ramón de Carranza (Cádiz), colgado de su propio cinturón. El banquero dejó una nota manuscrita con una extensión en torno a los diez folios a la policía.
En esa nota, según las mismas fuentes, el fallecido, que no figura entre los imputados judicialmente en la supuesta trama, se hace responsable de la concesión de créditos de difícil aval y montante considerable a un cierto número de personas que sí estarían implicados en la trama de Obra Nueva. La nota está en poder del juez y no se conoce oficialmente su contenido.
El descubrimiento de esta presunta red en el pasado mes de junio ha llevado ya a la detención de 21 personas en Cádiz y Chiclana. Entre ellos se encuentran promotores, arquitectos, tasadores, aparejadores y un abogado. Se especula ( y valga la redundancia) habla de que en los próximos días puede ampliarse el número de relacionados con el caso, sobre todo atendiendo al escrito que dejó el bancario.
La Operación Obra Nueva se inició el pasado mes de marzo, cuando se tuvo conocimiento de unas supuestas irregularidades urbanísticas ocurridas en el término municipal de Chiclana (Cádiz). La investigación determinó que ciertos promotores, agentes inmobiliarios, abogados y arquitectos técnicos y tasadores, todos ellos en connivencia, realizaban declaraciones de obra nueva y su posterior división horizontal, falseando certificados de antigüedad. En unos casos, se trataba de un inmueble que no existía o la construcción de una casa de dimensiones muy inferiores a las reales, todo ello con fecha de construcción posterior a la prescripción que marca la ley, 3 ó 4 años bien sena infracciones penales o administrativas.
De esta manera conseguían inscribir en el registro de la propiedad las viviendas, y obtener una revalorización inmediata de los terrenos, ya que en todos los casos investigados se encuentran ubicados en zonas declaradas como terreno urbanizable no consolidado, es decir, los propietarios de los terrenos no pueden obtener licencia de obra o de segregación en parcelas hasta tanto no pase a ser urbano consolidado.
Pinar de los Franceses y Los Gallos son las zonas de Chiclana en las que se han detectado estas prácticas ilícitas, cuya investigación parecía haberse parado pero que ahora puede sufrir un giro importante.
Fuente: GAS www.grupodeaccionsocial.net
