Artículo publicado en Rojo y Negro nº 394, noviembre 2024
Ante el abandono y la indiferencia de la clase política hacia las víctimas de la represión franquista y sus familiares, algunos de éstos, en las últimas décadas del pasado siglo, decidieron actuar por su cuenta y se atrevieron a extraer cuerpos de algunas fosas para darles digna sepultura. La cuestión es que estas exhumaciones se hicieron mal: sin personal ni medios adecuados, saltándose los preceptos legales, sin presencia judicial y sin indagar a quién pertenecían aquellos restos humanos y, evidentemente, sin acumular pruebas que demostrasen la forma, circunstancias, fechas en que habían sido asesinados ni indicios para incriminar legalmente a sus verdugos. Sin embargo, la difusión de fotografías de los restos mortales en los medios de comunicación hizo que en la sociedad calase la necesidad de la recuperación y dignificación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo.
Un hito fue el levantamiento de una fosa llevada a cabo por la ARMH en Priaranza del Bierzo en el año 2000; es el inicio de las exhumaciones con criterio científico, las actuaciones se hacen públicas, adquieren un importante significado político y se señala al Estado como responsable de esta tarea. En 2007 se aprobó la insuficiente Ley de Memoria Histórica en la que sólo se esbozaron algunas líneas a seguir para la localización e identificación de víctimas; siendo la financiación y la colaboración de las administraciones públicas los principales obstáculos para las exhumaciones, entre otras graves carencias de la Ley.
Estamos en otra nueva fase que se abrió en 2020 con la creación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y con la aprobación en 2022 de la Ley de Memoria Democrática y la creación de la Fiscalía de sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Aun con defectos contra los que la ciudadanía y las asociaciones memorialistas debemos combatir (en cgt.org.es, con fecha 06/09/22, tenemos una valoración crítica de la ley), supone un salto en el reconocimiento de las víctimas y en la necesidad de justicia y reparación. Por fin, es el Estado, a través de la AGE, el que asume la responsabilidad de búsqueda e identificación de las víctimas. Punto muy crítico sigue siendo la financiación de los proyectos, que se hacen a través del reparto de fondos presupuestarios a las comunidades autónomas y a través de una subvención nominativa a la Federación Española de Municipios y Provincias y no con una asignación presupuestaria propia, que sería lo adecuado. Esto compromete la financiación a futuro tal como ocurrió con el expresidente Rajoy que presumía de no haber dedicado ni un euro a Memoria Histórica en todo su mandato. La colaboración entre administraciones es otro punto débil de la Ley, ya que dependerá de la “buena voluntad” de los partidos políticos que las gobiernen. Las asociaciones memorialistas colisionaban frecuentemente con algún partido (y no siempre de derechas) que dificultaba u obstruía sus proyectos de exhumación.
En 2021, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática elaboró un plan cuatrianual para la excavación de 114 fosas en todo el Estado; el Barranco de Víznar es una de ellas. En el anterior artículo ya describimos una cuestión singular de este proyecto, que es la modélica y deseable colaboración entre las tres administraciones: estatal, autonómica y local.
También hablamos del equipo de investigación, compuesto por arqueólogos, historiadores, antropólogos, físicos y forenses, sociólogos y el Departamento de Genética de la UGR tal como exige el Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Pero hay que resaltar el compromiso que ha adquirido todo el grupo, tanto con la recuperación de la dignidad y memoria de los ejecutados como con los familiares, con los cuales tienen reuniones periódicas y se les informa casi a diario de cualquier novedad. Los resultados de su trabajo han servido para que la Fiscalía de Derechos Humanos haya incoado el primer expediente para investigar como delitos de lesa humanidad los crímenes registrados en el Barranco de Víznar, una actuación pionera.
Hay que destacar la implicación de la Universidad de Granada poniendo sus investigadores al servicio de este proyecto y también de las exhumaciones en los cementerios de Córdoba y Huelva, ya en marcha, y en el Barranco del Carrizal (Órgiva) que comenzará a finales de 2024. Así mismo, esta Universidad tiene el propósito de crear la “Cátedra Salvador Vila” (rector de la Universidad de Granada en julio del 36, amigo de Unamuno, asesinado y enterrado en el Barranco) que estará dirigida a formar nuevos investigadores de diversas disciplinas en la recuperación de la Memoria Democrática. Será la primera de estas características en todo el Estado.
Muy relevante ha sido el impacto que estas campañas han supuesto para los vecinos de Víznar que han seguido muy de cerca las exhumaciones. Este pueblo fue una víctima más de la represión; un cuartel del ejército quedó allí instalado por la proximidad del frente de guerra y los soldados se alojaban y comían en las casas de los vecinos que eran obligados a formar por la noche, y que desde sus casas oían los disparos de las ejecuciones. Ha sufrido una estigmatización y desarrollado un sentido de culpabilidad por las atrocidades cometidas en sus inmediaciones. La implicación del gobierno municipal y la calurosa acogida que el vecindario ha hecho al proyecto y al equipo científico han convertido a Víznar en sinónimo de Dignidad y Memoria.
Otra singularidad que tiene el Barranco es que se conocen casi todos los nombres de las víctimas ya que, a partir de cierta fecha, el capitán Nestares, jefe militar de los golpistas en este sector de Granada, ordenó que se anotaran todos los nombres de los ejecutados; lo cual facilitará la identificación de los cadáveres.
Valiosas han sido las visitas que numerosas personalidades realizan a las exhumaciones ya que dan visibilidad a una realidad tanto tiempo ocultada. Pero más importantes y pedagógicas son las visitas que han recibido de estudiantes de secundaria acompañados de profesores implicados en transmitir lo sucedido para que las nuevas generaciones sepan que aquello ocurrió realmente, que no es una ficción como pretenden los revisionistas del franquismo y para que comprendan los abusos a los que se puede llegar bajo un régimen político totalitario. Mostrar las evidencias e impartir esta materia en las aulas es una vía para garantizar que no se repitan este tipo de crímenes.
Claro que todo no ha sido positivo en las campañas 2021-2024. Además del vandalismo que continuamente sufre la señalética del Lugar de Memoria han ocurrido tres incidentes muy graves. El primero tuvo que ver con el robo de herramientas y de una mandíbula de un cadáver. El segundo fue también la sustracción del maxilar superior e inferior de los restos de otra víctima que tenía 11 dientes de oro que, presumiblemente pudieron ser el objeto de la profanación; esto supone la pérdida de la posibilidad de hacer una identificación cráneo-facial, aunque se puede llevar a cabo la genética. Un último suceso que denunciamos es la agresión a un familiar de una de las víctimas enterradas que con frecuencia visita las excavaciones. El agresor dijo: “Pocos hay ahí enterrados”, comenzando a golpear y a amenazar de muerte al agredido que tuvo que ser atendido en el hospital de traumatología.
El final deseable de todo el proceso sería la identificación y devolución a sus familiares del mayor número de restos, que la Fiscalía Provincial de Granada hiciera una investigación de los hechos y que un tribunal de justicia los condenara como delitos de lesa humanidad. Para el alcalde de Víznar la culminación del proyecto estaría en construir un mausoleo digno en el cementerio de su pueblo para acoger los restos que no hayan podido ser identificados y de los identificados que sus familiares quieran depositarlos en él. El alcalde también desearía poder adquirir el paraje con los restos de “La Colonia” para crear un centro de interpretación de la Memoria, recreando el aspecto que tuvo lugar en los días en que aquí pasaban sus últimas horas los que iban a ser ejecutados. El lugar es propiedad de la Junta de Andalucía que no contesta a las instancias del consistorio.
J. Ángel Moreno
CGT-Granada
Fuente: Rojo y Negro
