Ecologistas en Acción denuncia con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, que este bien se ha convertido en una mercancía más, también en el Estado español, a pesar de que se esta demostrando que la gestión privada empeora aún más las condiciones de acceso al agua a nivel mundial.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el Día Mundial del Agua con el fin de incidir sobre la dramática falta de accesibilidad de agua para una gran parte de la población mundial. Sin embargo, no mencionan que las políticas internacionales del agua, en vez de solucionarlas, agravan la situación al promover la privatización.
La llamada «crisis del agua» ha facilitado que se considere este bien como una mercancía más. Las instituciones financieras como el Banco Mundial, organizaciones supranacionales como la Unión Europea y el Consejo Mundial del Agua, los estados y las corporaciones multinacionales de servicios, impulsan la privatización del agua.
Los procesos de privatización se han intentado justificar como un paso necesario para incrementar la eficacia del servicio o reducir el gasto público. Sin embargo, los beneficios que prometían no han sido tales y muchas de las empresas privadas han tenido que romper el contrato de su gestión por empeorar aún más las condiciones de acceso al agua. Entre estas empresas privadas destacamos, la compañía Agbar que, por ejemplo, está saliendo de la concesión antes de terminar el contrato en Cartagena de Indias (Colombia). En esta ciudad Agbar ha dejado decenas de miles de personas sin agua y sin saneamiento después de diez años de nefasta gestión. Pero la situación se repite en otros países, así Agbar junto con su empresa matriz, Suez, está rompiendo las concesiones en tres regiones de Argentina, incumpliendo los contratos firmados, pero quedándose con los negocios más rentables.
Si centramos la mirada en el Estado español, vemos cómo la privatización del agua va avanzando. Las estrategias para la privatización del agua son muchas y depende de la situación local, iniciativas de coparticipación pública-privada en la gestión de muchos municipios, compra de terrenos donde las empresas obtienen agua de calidad para su embotellamiento y comercialización, instalación de desaladoras o como la reciente venta de los derechos del agua de una comunidad de regantes de la Confederación Hidrográfica del Tajo a otra del Segura. Según datos de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, el 36% de la gestión del agua está en manos privadas y el 11% está en manos de empresas mixtas.
Las consecuencias de dejar en manos privadas la gestión de un servicio de primera necesidad como es el abastecimiento urbano, puede tener graves consecuencias. La competitividad del mercado no es tal cuando la gestión del agua está en dos grandes corporaciones. Esta situación se refleja en el Estado español donde dos grupos empresariales : Aguas de Barcelona y FCC -a través de Aqualia- controlan el 80% del negocio privado del agua. Se produce el debilitamiento de los organismos públicos responsables de regular y controlar la planificación de los servicios del agua por la subcontratación de los servicios y funciones. Los beneficios no se reinvierten en una mejora de la calidad del servicio o a cualquier otro fin de interés social. No se tienen en cuenta cuestiones medioambientales como la protección de las aguas subterráneas o de ecosistemas fluviales y cualquier política de ahorro, fundamental para un uso racional del agua en el Estado español, choca con los intereses de la empresa privada puesto que a mayor consumo mayores beneficios.
Por todo lo expuesto la privatización de los servicios del agua no obedece a ningún criterio de eficiencia o calidad, sino a incrementar el beneficio económico de las grandes empresas privadas. Ecologistas en Acción cree necesario frenar este proceso con un mayor conocimiento e información sobre el mismo, acompañado de un debate sobre los fundamentos teóricos y los resultados de las privatizaciones. Para ello va a iniciar una campaña de visibilización de la gestión privada en el Estado y las consecuencias sociales y ambientales que conlleva. A su vez, pretendemos difundir que la gestión pública puede ser eficaz, eficiente, equitativa y necesaria para promover políticas de ahorro. La gestión pública es una condición esencial para fomentar la participación ciudadana y con ello resolver los problemas del agua.
Par : CGT Salamanca
Fuente: CGT Salamanca
