El Juzgado Contencioso Administrativo número dos celebró ayer una vista oral por el recurso interpuesto por Miguel Cuña, secretario general de CGT Pontevedra, a la sanción que le impuso la subdelegación del Gobierno tras su participación en una manifestación el 15 de mayo del año pasado.
El abogado del Estado consideró procedente la multa de 321 euros, ya que el sindicalista había sido identificado por la policía repartiendo propaganda que « podría provocar reacciones en la gente que pueden alterar la seguridad ciudadana ».
Miguel Cuña negó tales hechos y sostuvo que en el acta policial « no consta tal identificación ». Afirmó que de prosperar la sanción se estarían violando derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
RAMÓN LEIRO
La Voz de Galicia