La Consejería de Asuntos Sociales ofrece este año en Córdoba 5.000 plazas de guarderías en 113 centros, de los que 25 son públicos y 88 concertados. Por tanto, casi el 78% de las escuelas infantiles ofertadas por la Junta de Andalucía en esta provincia son de titularidad privada y mantienen un convenio con la administración, según los datos facilitados por la sección sindical de CGT en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
La Consejería de Asuntos Sociales ofrece este año en Córdoba 5.000 plazas de guarderías en 113 centros, de los que 25 son públicos y 88 concertados. Por tanto, casi el 78% de las escuelas infantiles ofertadas por la Junta de Andalucía en esta provincia son de titularidad privada y mantienen un convenio con la administración, según los datos facilitados por la sección sindical de CGT en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
En comparación con el resto de Andalucía, Córdoba es la provincia con más plazas concertadas en proporción a su número de habitantes. La provincia con más centros socioeducativos conveniados es Málaga, que sólo dispone de 13 guarderías públicas y 133 concertadas. En segundo lugar está Sevilla, con 40 escuelas infantiles propias y 116 conveniadas. Pero ambas provincias tienen una población notablemente mayor que la de Córdoba.
Estos son algunos de los datos que llevan a CGT a denunciar «una política privatizadora en la Delegación de Asuntos Sociales que priva de recursos a los centros públicos y prioriza los concertados, donde no siempre se cumplen los requisitos y el servicio es muchas veces de peor calidad», afirma María Josefa Cantarero, delegada de CGT y miembro del comité de empresa.
VACANTES EN LAS PUBLICAS Cantarero señala que «el año pasado quedaron vacantes plazas en guarderías públicas mientras que este curso se han establecido conciertos con 14 centros más» y considera que eso es «un despilfarro del dinero público, puesto que si hay plazas públicas no tiene sentido ampliar las privadas». Según este sindicato, «desde la Administración se insta a elegir las concertadas, porque se ha elaborado un mapa de zona preferente». Otro ejemplo, a juicio de la delegada sindical, del favorecimiento de los centros concertados es que «a los públicos nos exigen todos los requisitos y son muy rígidos con los horarios, mientras que en los concertados tienen horarios más flexibles, pero la normativa permite la misma flexibilidad en ambos casos».
Además, María Josefa Cantarero señala que de las 51 plazas desdotadas en esta delegación en el último mes, «20 corresponden a guarderías, lo que también significa disminución de los puestos de trabajo estables frente a la precarización que existe en las concertadas».
Cantarero destaca el personal «altamente cualificado» de las escuelas infantiles públicas y afirma que «si están las plantillas al completo se cumple la ratio de educadores por número de niños, lo que no suele ocurrir en las concertadas». Esta ratio, acordada entre sindicatos y Junta en 1991, es de 5 a 6 niños por aula en caso de bebés de 0 a 1 año ; 8 a 10 niños por cuidador si los pequeños tienen de 1 a 2 años y en el último ciclo, de 2 a 3 años, hasta 15 niños por aula. Este porcentaje de niños por cuidador es más elevado en casi todas las concertadas, según CGT.
Otros requisitos que se inclumplen en algunas guarderías concertadas son las instalaciones, «algunas están en verdaderos cocherones», los menús : «los de la pública están supervisados por el departamento de Nutrición del Reina Sofía, mientras que en algunas conveniadas son de cátering y en algún caso hasta cocinan las madres en sus casas», afirma Cantarero.
FAMILIAS QUE QUEDAN FUERA El portavoz de UGT en el comité de empresa de la Delegación de Asuntos Sociales, Antonio Beltrán, también considera que desde la Administración autonómica se favorece a las guarderías concertadas «porque les resulta más barato, tienen menos trabajadores, por lo que no siempre cumplen la ratio, y además con contratos precarios». Beltrán confirma que en algunos centros públicos quedan plazas vacantes y que no se están cubriendo las sustituciones, «por lo que algunas guarderías públicas podrían tener más aulas pero se ven limitadas por la falta de personal».
Además, UGT considera que los requisitos que el Decreto de Apoyo a las Familias exige para conceder plazas de guarderías públicas o concertadas «no se corresponden con el perfil de la sociedad andaluza», señala Beltrán. El representante sindical comenta que «se exige que los dos padres trabajen fuera de casa, pero hay veces que no pueden demostrar que tienen un empleo por tratarse de economía sumergida, así que esas familias se quedan fuera de este servicio público».
