El año 2012 supondrá el inicio del proceso de entrada del capital privado en el ICS (una empresa pública que actualmente tiene 40.000 trabajadores) y su fragmentación varias empresas, según los planes del Gobierno de la Generalidad.
La actual legislación es el único obstáculo
legal que hasta ahora ha impedido que el gobierno pudiera poner en
marcha su plan para fragmentar el Instituto Catalán de la Salud (ICS) en
una veintena de empresas filiales. Pero eso cambiará
cuando el Parlamento de Cataluña apruebe a principios del 2012, según
prevé el ejecutivo, la ley de agilidad y reestructuración de la
administración (una de las leyes en que se dividió la llamada ley
ómnibus).
La actual legislación es el único obstáculo
legal que hasta ahora ha impedido que el gobierno pudiera poner en
marcha su plan para fragmentar el Instituto Catalán de la Salud (ICS) en
una veintena de empresas filiales. Pero eso cambiará
cuando el Parlamento de Cataluña apruebe a principios del 2012, según
prevé el ejecutivo, la ley de agilidad y reestructuración de la
administración (una de las leyes en que se dividió la llamada ley
ómnibus). Esta norma incluye las modificaciones
necesarias en la actual ley del ICS (aprobada en 2007 por unanimidad en
el parlamento) para dar vía libre al desmembramiento progresivo de la
entidad, que prevé, entre otras cosas, que cada hospital se transforme
en una empresa con entidad jurídica propia. Aunque el
director gerente del ICS, Joaquín Casanovas, ha declarado que la ley
impedirá que entre capital privado ajeno y que serán entidades cien por
cien públicas que funcionarían bajo el paraguas del ICS, la puerta a la
privatización ya estará abierta.
Dentro del plan que ha diseñado el
Departamento de Salud, cada uno de los ocho hospitales gestionados por
el ICS (Vall d’Hebron, Bellvitge, Germans Trias i Pujol, Arnau de
Vilanova, Josep Trueta, Juan XXIII, Virgen de la Cinta y Viladecans)
configuraría una empresa diferenciada. En cuanto a los
centros de atención primaria (el ICS gestiona el 80% de los CAP), la
idea se prevé crear empresas filiales integradas por quince o veinte
áreas básicas de salud (ABS) según declaraciones del director gerente
del ICS.
Uno de los puntos más conflictivos de la
reforma de la ley del ICS es que permitirá que los centros establezcan
alianzas con entidades foráneas, lo que desde sectores profesionales y
sindicales se interpreta como una puerta abierta a la externalización ya
la gestión privada de servicios dentro de una entidad que simboliza la
sanidad pública.
Los planes del gobierno pasan por favorecer
las alianzas con otras entidades sanitarias de carácter público de cara a
ofrecer o compartir servicios, y que cada entidad disponga de más
margen de maniobra para establecer convenios y alianzas con proveedores y
con otros agentes sanitarios o para negociar plazos de pago, por
ejemplo. Además, cada hospital o grupo de centros de
atención primaria podrá hacer su propia política de contratación de
personal en función de sus necesidades, en lugar de adaptarse a las
convocatorias de plazas que, periódicamente, ofrecía el ICS para todos
sus centros.
Actualmente, el 90% de la plantilla del ICS tiene régimen estatutario y el 10% restante son funcionarios o personal laboral. La
flexibilidad de que dispondrán los centros con la descentralización del
ICS prevista permitirá que cada empresa pueda optar por cualquiera de
las tres fórmulas de contratación, así como establecer su propia
política de incentivos, lo que puede incrementar las diferencias
laborales entre las entidades.
La transformación del ICS se hará de forma progresiva. La
intención de Salud es que el próximo año ya se pongan en marcha dos
proyectos demostrativos, en un hospital y en un grupo de ABS, que
permitan evaluar el funcionamiento del nuevo modelo. Probablemente
comenzarán por un hospital de tamaño medio como pueden ser el Arnau de
Vilanova, de Lleida, Josep Trueta, de Girona, o el Juan XXIII, de
Tarragona.
Fuente: Agencias
