El 20-N elegimos amo

Gane quien gane, PSOE o PP, el 20-N el pueblo pierde seguro. Si sale triunfante el PP, como todo parece indicar, se ejecutarán las políticas de derecha que promulgó la sedicente izquierda en el poder, y se profundizará el nacionalcatolicismo que el gobierno socialista toleró e incluso asimiló con gestos como jurar y prometer los cargos ante una biblia y un crucifijo y financiar con dinero de todos a la Iglesia de algunos.

Si por el contrario el PSOE
remonta y sigue, asistiremos al suicidio de la izquierda, al
interpretarse ese salvoconducto como un cheque en blanco a su gestión
gubernamental de claudicación ante la gran banca y los poderes
fácticos.

Resulta
el colmo de la desfachatez que a dos meses de las elecciones, el
candidato socialista Pérez Rubalcaba se atreva a proclamar que con
la deuda no caben políticas de derecha ni de izquierda, algo que
incluso supera a la ocurrencia de Rodrigue Zapatero sobre que subir
los impuestos no es de izquierdas. Aunque, en realidad, no se trata
de errores de estrategia, guiños tácticos o fallos de
comunicación, sino de puro y simple atropello y despotismo
democrático. Francia, Alemania y Estados Unidos, entre otros países
del G-20, tienen mayor porcentaje de deuda pública en relación al
PIB que España. Así, pues, el argumentario patriótico no cuela. La
segunda legislatura socialista concluye con una nueva contarreforma
laboral que “encadena” (y nunca mejor dicho) contratos temporales
“para crear empleo”, y otra igualmente reaccionaria medida que
eleva a rango constitucional la política de déficit cero que fuera
timbre de gloria del malvado Aznar. Están dando la razón a los
indignados:PSOE-PP, la misma mierda es.

Por si alguien aún lo
dudaba, la cruzada urdida entre PSOE y PP para incluir un techo de
gasto en las cuentas públicas prueba la mismidad de las políticas
del gobierno y de la oposición. Se vote al partido saliente o al
entrante, el resultado es más de lo mismo: elegimos a nuestros
explotadores. ¡Vivan las caenas! Y ahora ya no se trata de esos
acuerdos sectoriales, llamados eufemísticamente Pactos de Estado, a
que la clase política nos tiene malacostumbrados para hurtar al
debate ciudadano aspectos sustanciales de la vida pública. Los
“corralitos” sobre la Seguridad, la Educación, el Pacto de
Toledo, la Ley de Partidos, el FROB y otros, utilizando el manido
recurso del consenso y de la razón de Estado, hace mucho tiempo que
revelaron la naturaleza logrera y parasitaria del sistema. Pero con
el indecente episodio de la reforma constitucional exprés al dictado
de los mercados de Capital, que dejará a la sociedad sin margen de
recursos para atender demandas sociales no mercantiles, como sanidad,
educación, cultura, medio ambiente, seguridad social o
investigación, eleva a la categoría de paradigma la lucha de un
Estado canibal contra la Sociedad civil, y la condición de enemigo
público número uno del actual bipartidismo turnante en las
instituciones formado por el PSOE y el PP.

La constitucionalización
del “equilibrio presupuestario” (siempre el bonito nominalismo
maquillando los chanchullos) supone un principio de privatización
del Estado en su vertiente social, al limitar su capacidad financiera
prácticamente al montante de sus ingresos, con lo que
necesariamente gran numero de servicios básicos de carácter
asistencial serán relegados por antieconómicos y cederán plaza al
mundo de los negocios (si se tiene dinero para ello). El mismo
esquema de engaño social que supuso el cuestionamiento de la
solvencia de las prestaciones de jubilación para tajada de la gran
banca, ofertante de planes de pensiones privados subvencionados con
generosas desgravaciones por el régimen que nos dice representar.
Porque durante estos 33 años de democracia otorgada, incluso desde
antes si contemplamos los Pactos de La Moncloa de 1977, los dos
partidos hegemónicos han brillado por aplicar idéntica política
económica para facilitar la transferencia de los recursos públicos
(fruto del trabajo acumulado de generaciones) a manos de
particulares, siguiendo el guión oculto que los poderosos fijaron
como hoja de ruta de la transición.

Establecido el marco de
pertenencia al bloque neocapitalista (el atado y bien atado) que
supuso la adhesión a la OTAN por iniciativa del gobierno felipista
(las acciones más impopulares siempre las ha manoseado el PSOE para
desarmar posibles rechazos y neutralizar disidencias) bajo el turbio
eslogan de “OTAN, de entrada no”, las reformas estructurales de
la derecha y la izquierda del sistema buscaron el mismo objetivo:
desmontar el Estado de Bienestar y fortalecer el Estado
coactivo-disuasorio para engordar la economía de libre mercado y el
statu quo. La entrada en el Mercado Común primero, y la adhesión a
la Unión Europea después, cediendo competencias a entes no
democráticos y sacrificando sectores de la economía nacional, como
la agricultura, a intereses de terceros; la onerosa reconversión
industrial y la ola de privatizaciones de empresas públicas
rentables (Repsol, Telefónica, Banca Pública, etc.) para lucro de
los lobbis partidistas, que fue la primera “reforma” que
problematizó la capacidad recaudadora del Estado, y el reciente
expolio de las Cajas de Ahorro por los tiburones financieros de la
burbuja inmobiliaria, son algunos jalones de esa larga marcha hacia
la expoliación que ahora se muestra en toda su barbarie.

Patéticos esos
dirigentes socialistas (los Gómez, Vara, Aguilar, Griñán, etc.)
que corrieron a acogerse al sagrado de la “obediencia debida”
para retractarse de sus iniciales críticas al golpe de Estado
neoliberal de Zapatero y Rubalcaba. “Voz del pueblo, voy de Dios”,
escribió Gregorio Peces Barba, uno de los “padres de la
Constitución” (¿tiene madre?) a propuesta del PSOE en un reciente
artículo lamentando que su candidato a la presidencia de la
Comunidad de Madrid hubiese sido barrido por el la derechona, y ahora
se despacha con que “no tiene mucho sentido estar dando vueltas a
algo en lo que están de acuerdo aquellos que tienen mayoría
suficiente”. Olvida el ilustre jurista que también la
incorporación de España a la guerra de Irak durante el gobierno
Aznar gozaba de mayoría parlamentaria holgada y sin embargo, gracias
a las movilizaciones de protesta de la sociedad civil, el PSOE ganó
unas elecciones que ni de lejos esperaba.

Patéticos e indignos,
porque ellos no aplicarán el equilibrio presupuestario a las siempre
deficitarias cuentas de sus partidos, que seguirán siendo
subvencionados generosamente por la usurera banca amiga, esa que
regularmente, como recoge en su memoria anual el Tribunal de Cuentas,
condona partidas de las deudas contraídas en las costosas campañas
que despliegan las formaciones políticas para seducirnos con sus
propuestas de quita y pon. Ellos, que acaban de endosar en el
artículo 135 de la Carta Magna el principio de que el pago de la
deuda contraída por la Administraciones Públicas gozará de
“prioridad absoluta”, es decir que llegado el caso se podría
dejar de sufragar las pensiones para satisfacer a los mercados. Una
atrocidad democrática de nuestros representantes que equivale a una
ruptura de la cadena trófica humanista, y que viene a confirmar,
como sospecha Jon Elster, que en la era de la globalización las
constituciones están dejando de ser una garantía de derechos y
libertades para revelarse como una camisa de fuerza de obligaciones y
servicias. Se desregulan derechos colectivos y se regulan nuevas
restricciones. Todo por nuestro propio bien. De victoria en victoria
hasta la derrota total.