Artículo de opinión de Rafael Cid
A veces hay que esperar un tiempo para que las cosas se asienten y maduren. Eso es lo que parece estar ocurriendo en estos momentos con acontecimientos antes inconexos. Si alguien hubiera sugerido que el ex comisario Villarejo, el BBVA de Francisco González, la Operación Chamartín y el trágico 11-M iban a compartir coordenadas, seguramente se habría oído hablar de mentes calenturientas y teorías conspiranóicas. Pero haberlas haylas. Pasen y vean:
A veces hay que esperar un tiempo para que las cosas se asienten y maduren. Eso es lo que parece estar ocurriendo en estos momentos con acontecimientos antes inconexos. Si alguien hubiera sugerido que el ex comisario Villarejo, el BBVA de Francisco González, la Operación Chamartín y el trágico 11-M iban a compartir coordenadas, seguramente se habría oído hablar de mentes calenturientas y teorías conspiranóicas. Pero haberlas haylas. Pasen y vean:
-Villarejo. Es el agente encubierto más famoso de la historia policial desde la transición. Ahora está de capa caída, desde que tuvo la osadía de intentar mandar avisos a quien corresponda sacando a relucir trapos sucios de la Corona en la persona de la amante del Rey Emérito Juan Carlos I. Pero desde que en 1993 fuera fichado por el ministro socialista de Interior, José Luis Corcuera, no ha dejado de prestar servicios al Estado. Tan patrióticas han sido sus actividades en las cloacas del poder, que ningún gobierno posterior dejó de reconocerle sus muchos méritos otorgándole medallas pensionadas y condecoraciones múltiples. Actualmente se encuentra en el ojo del huracán de la polémica por su supuesta contratación por el presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) para frenar a un “grupo hostil” que pretendía hacerse con su control gracias al apoyo en la sombra del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Distintas fuentes han calculado que para frenar el asalto a la entidad financiera se llegaron a intervenir sin mandato judicial hasta 15.000 llamadas de unos 4.000 teléfonos pertenecientes a personalidades de todo tipo (políticos, empresarios, jueces, periodistas, etc.). Y he aquí que en el fragor de esta batalla, el controvertido espía solicitó comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso para declarar sobre unos “luctuosos acontecimientos”. Nada sabemos a ciencia cierta de lo que dijo intramuros Villarejo, protegido por el secreto del sumario. Solo lo que al respecto manifestó su abogado al salir del juzgado: “Ha mostrado su disposición a contar que el 11-M se cerró en falso”. Eso fue el 21 de enero, pocos días después de que su representado enviara una carta abierta al presidente del gobierno Pedro Sánchez anunciando que en su “defensa” y de “forma inminente” no tendría más remedio que hacer importantes revelaciones que afectarían a las más altas instituciones de la nación. El atentado del 11 de noviembre de 2004 fue llevado a cabo por una célula terrorista integrada por españoles y marroquíes, todo ellos colaboradores de distintos servicios de información, con un balance de 192 víctimas mortales. La masacre tuvo lugar en Madrid tres días antes de la fecha fijada para las elecciones generales, provocando un vuelco político. Contra todo pronóstico, llevó a la derrota del Partido Popular y lanzó a la Moncloa al PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. Antiguos responsables de los aparatos del Estado para los que tan meritoriamente trabajó Villarejo durante décadas hoy le restan toda credibilidad. “No me merece ningún respeto nada de lo que dice Villarejo”, ha sostenido Jorge Dezcallar, el que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el 11-M.
-Francisco González y el BBVA. Hasta hace pocas semanas la figura del presidente del BBVA, el segundo banco de España por volumen de activos y uno de las más importantes del mundo, era prácticamente desconocida más allá del selecto círculo de los iniciados en el Gotha empresarial. Su nombre ha empezado a ocupar con profusión las páginas de periódicos y abrir los telediarios tras difundirse la turbia trama político-financiera en torno al intento de opa hostil que había llevado a González a contratar los servicios todo terreno del polémico comisario ahora en prisión. Hecho monitorizado con trazas de cortafuegos mediante una larga y positiva entrevista en el dominical del diario El País aparecida el 30 de diciembre de 2018, prácticamente la víspera de que saltara el escándalo sobre el espionaje masivo efectuado por el ex policía por mandato del máximo directivo del BBVA. El reportaje, que contaba con los honores de monopolizar la portada del EPS, usaba como excusa la jubilación anticipada del banquero (había dicho que se “iría a lo largo de 2019”) para pasar a ser presidente honorario de la entidad. Sin embargo, la huella de Francisco González figura sólidamente unida a uno de los negocios urbanísticos más suculentos de España: la Operación Chamartín. Se trata de un faraónico y controvertido proyecto de recalificación de suelo público y posterior construcción promovido por el BBVA desde que en 1993 el entonces ministro de Fomento Josep Borrell decidiera enajenar con plusvalías 3,1 millones de metros cuadrados de terreno mayoritariamente propiedad de Adif y Renfe en el noroeste de la capital. Sobre la trayectoria del banquero González pende también otra sombra que sin embargo no ha sido obstáculo para su permanencia durante 25 años como socio preferente en la Operación Chamartín. A pesar de que la misma requiere el concierto de tres administraciones distintas y distantes ideológicamente para su ejecución: Fomento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. El asunto de marras apunta a la venta en 1996, poco antes de desembarcar González en Argentaria de la mano del PP aznarista, de una sociedad de su propiedad FG Inversiones a Merrill Lynch. Un affaire que duerme el sueño de los justos, a pesar de que en el 2005 la fiscalía confirmara el agujero contable. Un día antes de que se reclamaran los soportes documentales, el edificio Windsor donde se custodiaban los datos de la auditora Deloitte ardió por los cuatro costados. Los estupefactos telespectadores pudieron ver desde sus hogares al coloso en lamas iluminando la noche madrileña.
-Operación Chamartín-Distrito Castellana Norte. Privatizar las instalaciones del recinto ferroviario de Chamartín, prolongando 3,7 kilómetros el Paseo de la Castellana hasta enlazar la M-40, con dotaciones y edificaciones que convirtieran la zona en un pequeño Manhattan (17.000 pisos y rascacielos de hasta de 320 metros de altura), estaba en el espíritu de lo que fue catalogado como el desarrollo urbanístico más ambicioso de Europa. Un bombón para el banco elegido como socio de las administraciones afectadas, que cuantificaron la inversión prevista en más de 11.000 millones de euros. Un eufórico Francisco González, patrón del BBVA, declararía “no hay proyecto de este nivel en todo el mundo”. Señalando a renglón seguido la íntima razón del compromiso de la entidad financiera con tamaño reto: “no sé si va a ser rentable para el banco, pero sí para Madrid”. Un plano secuencia hilvanado a lo largo de 25 años que sigue manteniendo las esencias que justificaron esa gran alianza mercantil público-privada que debe materializarse con la aprobación de los trámites (edificabilidad, capacidad de urbanización del suelo, etc.) necesarios por el Ayuntamiento y el Gobierno de la Comunidad. En ese historial hay una fecha crucial: el 11 de marzo de 2004. El 11-M era el día en que el Ejecutivo municipal de Alberto Ruíz-Gallardón pensaba dar luz verde al Plan Parcial del proyecto. Pero la noticia de los atentados lo impidió. Tres días después, tras la llegada de Zapatero a Moncloa, el nuevo equipo gubernamental solicitó una moratoria, y a partir de ahí el diseño de Distrito Castellana Norte sufrió una brusca modificación. Un vuelco, a peor para los intereses de todos los madrileños. Según ha revelado en una reciente exclusiva eldiario.es (Las claves de la Operación Chamartín), en la etapa del nuevo titular de Fomento, José Blanco, se alteraron a favor del BBVA las condiciones antes establecidas. Mientras las clausulas pactadas con su antecesor del PP, Francisco Álvarez Cascos, preveían un beneficio para el Estado del 26% y que las indemnizaciones a los antiguos propietarios correrían a cargo de la constructora, el retocado “contrato socialista” fijaba en cero por cien los beneficios y repercutía las indemnizaciones sobre el Estado. También admitía la posibilidad de quitar la prohibición de reventa que pendía sobre la firma adjudicataria. Unas condiciones que se han mantenido inalterables hasta la actualidad. Con Manuela Carmena en el Ayuntamiento y José Luis Ábalos en Fomento lo único que ha cambiado es la superficie objeto de venta, que se ha reducido a 1,2 millones de metros cuadrados, pero donde antes se hablaba solo de “posibilidad de revender” aquí se dice literalmente “vía libre a revender. El último contrato vigente tasaba el metro cuadrado en 769 euros, “la mitad del precio de mercado”, según diario.es. Por medio quedan circunstancias sobrevenidas, como la anulación por el Tribunal Supremo en junio de 2013 de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid vetando la Operación Chamartín por vulnerar la Ley del Suelo (en el burofax remitido por Villarejo a Pedro Sánchez se citada un archivo denominado “Control de Togas”). O la renuncia por parte de Adif y Renfe a los 900 millones de euros que debería pagar la promotora por haber incumplido los plazos fijados para ejecutar la compraventa de los terrenos (prodigalidad que choca con el mal estado de las infraestructuras por falta de inversión, como demuestran las averías que se producen habitualmente en la línea extremeña). El gobierno municipal de Manuela Carmena dio por bueno el Plan Parcial en una reunión celebrada el último 28 de diciembre, a pesar de contar con la oposición de una parte de sus concejales y el rechazo de numerosas asociaciones y colectivos profesionales y vecinales que han presentado más de 3.500 alegaciones.
-Punto final: el “errejonazo”. En este contexto resultaría inconsecuente valorar asépticamente actitudes, políticas y sucesos que tienen que ver con los protagonistas, directos o indirectos, de este serial. Dos ejemplos. Uno, el radical cambio de postura de la alcaldesa de Madrid ante las próximas elecciones. A pesar de avanzada edad, de que ha sufrido ya tres episodios de salud que le han llevado a tener que ser hospitalizada, Manuela Camena ha pasado del “no es no” a volver a presentarse como cabeza de lista de Más Madrid en los comicios del 2019. Después de reiterar que “la política no puede entenderse como una carrera profesional” se ha convertido en “hay que acabar todo lo que estamos haciendo”. ¿Se refiere la regidora a consumar la Operación Chamartín ratificando el Plan Parcial ya aprobado en la Junta de Gobierno el 28 de diciembre en un Pleno Municipal previsto antes de la cita con las urnas del 26 de mayo? Y dos, el caso Errejón. El sorpasso del dirigente de Podemos a su secretario general Pablo Iglesias, legitimado en el liderazgo de la organización por su victoria en Vistalegre II, no cabe considerarse como una travesura de amateurismo político. Todo lo contrario, responde a las fibras más sensibles de la vieja política. Es transfuguismo de pura cepa, por más que sea una obra de artesanía del maquiavelismo intrigante. Si no fuera porque la sedicente izquierda mira sus pecados con una indulgencia dolosa, el errejonazo entraría en la categoría de aquel tamayazo protagonizado en 2003 por dos diputados socialistas que trastocó el poder político en la Comunidad de Madrid. Aunque a la viceversa. Ambos casos, errejonazo y tamayazo, se han postulado como causas justas por motivos equivocados.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
