Con motivo del Día Internacional de la Biodiversidad, que se celebra el 22 de mayo, Ecologistas en Acción advierte que pese a que cada vez las administraciones ambientales dedican más esfuerzos a las políticas de especies silvestres y espacios naturales, la naturaleza española está cada día más amenazada, debido a que las actividades económicas consumen y degradan los recursos naturales a un ritmo vertiginoso.
En los últimos años, la mayoría de las administraciones ambientales españolas, están incrementando sus esfuerzos de protección de la biodiversidad, pero estos esfuerzos están siendo prácticamente inútiles ante un modelo de desarrollo en el que las actividades económicas consumen y degradan los recursos naturales a un ritmo vertiginoso. Las más frecuentes agresiones a la biodiversidad tienen que ver con el desarrollo de infraestructuras de transporte de todo tipo (carreteras, trenes, aeropuertos, y puertos) ; con el desmesurado crecimiento urbanístico ; con grandes complejos de ocio o turismo : con proyectos industriales y energéticos (gasoductos, centrales hidroeléctricas, explotaciones mineras, nucleares) ; con infraestructuras hidráulicas (embalses, trasvases y de explotación de aguas subterráneas) ; y también con la intensificación de las actividades agrarias, pesqueras y cinegéticas dentro de los límites de protección. Por ello los principales responsables de la biodiversidad son las administraciones, estatal y autonómicas, de cada una de estas materias.
Con esta situación, y en ocasiones con la excusa de la crisis económica, las políticas ambientales se han convertido en molestas y prescindibles. En los últimos tres años se ha ido rebajando el rango administrativo del medio ambiente (desaparición del Ministerio de Medio Ambiente y eliminación de las Consejerías de Medio Ambiente en comunidades como Madrid, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha) ; se han utilizado todo tipo de “trampas” para saltarse las protecciones establecidas y así construir estaciones de esquí o infraestructuras de transporte ; se han modificado leyes para eliminar las restricciones establecidas en PORN y PRUG ; se aprueban nuevas normativas para eliminar la protección de ciertas especies y así poder desbloquear proyectos como el Puerto de Granadilla (Canarias) ; etc.
El Estado español es sin duda privilegiado por su diversidad biológica por lo que su responsabilidad en materia de conservación de la naturaleza es mayor si cabe que la de otros estados de su entorno. Por ello la biodiversidad se debería de contemplar como uno de los principales activos y prioridades del país, algo que lamentablemente no ocurre. Los datos son reveladores a este respecto, ya que el total de taxones estimado para el territorio español supera los 100.000. España es el estado comunitario que cuenta con un mayor número de plantas vasculares amenazadas y con un 26% de vertebrados incluidos en las categorías de “en peligro”, “vulnerables” o “raros”, según la clasificación de la Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza (UICN). Por otra parte, menos del 5 % de las especies amenazadas cuenta con algún tipo de Plan autonómico de recuperación, conservación o gestión.
Contamos con un total de 1.600 espacios naturales protegidos, declarados al amparo de la normativa estatal o de las Comunidades Autónomas, lo que representa un 11,8% de la superficie territorial. Y si incorporamos a esta superficie los espacios de la Red Natura 2000, la superficie bajo algún tipo de régimen de protección totaliza 14 millones de hectáreas, esto es, el 28% del territorio.
Sin embargo toda esta protección está siendo incapaz de evitar el actual ritmo de perdida de biodiversidad. En los últimos cien años se han extinguido en el Estado español, que sepamos, 17 especies y subespecies de animales y 24 especies vegetales, 15 de las cuales eran endemismos. Y los espacios protegidos cada día son más, pero también cada día están más amenazados.
Para Ecologistas en Acción frenar la pérdida de biodiversidad en nuestro país requiere de forma urgente cambios profundos en el modelo económico, renunciando al crecimiento económico, y que la conservación de la biodiversidad condicione todas las políticas sectoriales.
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