Salvo sorpresa mayúscula, la Justicia estadounidense alcanzará este viernes la cifra del mil ejecutados desde que en 1976 se reinstauró la aplicación de la pena de muerte. Este registro tenía que haberse producido el pasado miércoles, pero el gobernador de Virginia decidió a última hora que Robin Lovvit no merecía morir.
El siguiente en la lista es Kenneth Boyd, en Carolina del Norte. Si también se le conmutara la pena, ese mismo otros dos reclusos, Shawn Humphries en Carolina del Sur y Daryl Atkins en Virginia, podrían ocupar su lugar.
El significativo número 1.000 se ha convertido en un símbolo con el que las organizaciones pro derechos humanos recuerdan que la « pena de muerte se ha demostrado ineficaz, arbitraria e inútil para disuadir de cometer delitos ».
Kenneth Boyd, 57 años, blanco, ex militar -fue voluntario en Vietnam, licenciado con honores-, padre de tres hijos, recluso ejemplar durante los diez años que ha permanecido en el corredor de la muerte, mató en 1988 a su esposa y a su suegro. Fue un momento de furia que no pudo explicar, pero él mismo llamó a la policía y se entregó. Sus abogados alegaron desórdenes psicológicos -su cociente intelectual es cercano al retraso mental- y secuelas por causa de la guerra. A pesar de ello el jurado, con dudas fundadas, lo condenó en 1994.
El gobernador de Carolina del Norte, Michael F. Easley, que fue fiscal general del estado ocho años, ha perdonado a dos reclusos desde 2001, pero es el que más sentencias ha firmado aquí en 60 años. En este caso podría tener en consideración el precedente de su homólogo de Indiana, que en 2004 conmutó una pena máxima por retraso mental. Desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena de muerte tras una moratoria de 10 años, las autoridades penitenciarias han ejecutado a un promedio de un preso cada 10 días.
Fuente: Mateo Balín/diariodeleon
