Cotopaxi, 21 enero.. Miles de indígenas participaron en el día de ayer en las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) en rechazo a la Ley Minera, ya aprobada por “el Congresillo”, y otros proyectos legislativos como la Ley de Aguas y la Ley de Soberanía Alimentaria impulsados por el gobierno de Rafael Correa.
Los cortes de carretera, las marchas y las concentraciones se desarrollaron en varias zonas del país, aunque su mayor incidencia se dio en la zona de la Sierra. A lo largo del día, la CONAIE denunció las “medidas de represión y violencia contra hombres, mujeres y niños indígenas que participan en las jornadas de protesta” por parte de la fuerza pública. Al final de la jornada se habían producido alrededor de 10 detenidos y dos heridos por parte de los manifestantes así como, según Fernando Bustamante, Ministro de la Presidencia, seis policías heridos.
En la zona norte, en la provincia de Imbabura, varios cientos de manifestantes cortaron carreteras en diversos puntos. En Cotacachi la policía nacional hizo uso de gases lacrimógenos y detuvo a 5 indígenas. Lo mismo ocurrió en la provincia de Pichincha, en donde uno de los 4 detenidos era integrante de una radio comunitaria. En Cayambe se produjeron varios cortes de carreteras -incluida la Panamericana- y la policía también dispersó a los manifestantes.
En la provincia de Cotopaxi (Sierra Central) se realizaron marchas y concentraciones en lugares como Latacunga o Belisario. Cortes de carretera se produjeron en localidades como Saquisilí. En Panzaleón se cortó la carretera Panamericana que une Quito con Ambato. En Bolívar también se registraron cortes de carretera, incluida la vía que lleva a Guayaquil.
En Chimborazo, 400 policías controlaron las carreteras desde la madrugada del día anterior. Asimismo, Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación de Pueblos del Movimiento Indígena del Chimborazo, fue detenido para ser puesto en libertad poco después debido – según Ecuarunari- a la presión ejercida por las mujeres participantes en la movilización que se estaba dando en la vía Riobamba – Macas.
En la zona sur, los cortes y marchas se dieron tanto en la provincia de Azuay como en las de Cañar y Loja. Según denunciaba Ecuarunari, en la localidad de Nabón la fuerza pública actuó contra quienes trataron de sumarse a las movilizaciones. En Loja la ciudad de Saraguro permaneció militarizada durante todo el día. A pesar de ello fue cortada la vía de entrada a la localidad de Ilincho.
En lo que respecta a la Costa, en Guayas, siempre según Ecuarunari, los militares impidieron realizar cortes de carretera. En la comunidad de Chigue, pronvicia de Esmeraldas, la policía desalojó a los manifestantes.
Según informaba la CONAIE a través de un comunicado, en la amazónica provincia de Pastaza la carretera Puyo-Macas fue cortada a la altura de su kilómetro 66. La acción de la policía para levantar el bloqueo no supuso enfrentamientos.
En Quito, desde primeras horas de la mañana, se congregaron diferentes líderes indígenas en las inmediaciones del parque del “Arbolito”. Mientras los medios privados informaban de la poca asistencia que se daba en el lugar, Gilberto Guamangate, miembro del Movimiento Pachakutik, denunciaba que varios autobuses que se dirigían al lugar para participar en las movilizaciones habían sido interceptados por fuerzas policiales, algo que, según manifestarían los dirigentes indígenas, estaba ocurriendo en varios lugares del país. Posteriormente realizaron una marcha hasta la Asamblea Nacional, en donde los grupos ambientalistas que la semana pasada realizaron allí una huelga de hambre desarrollaban una protesta contra la Ley Minera. Hasta ese lugar se trasladó también el ex Presidente de la Asamblea Constituyente y antiguo aliado de Correa, Alberto Acosta, quien declaró que la Ley Minera es “demasiado generosa” con la gran minería, “no ha sido consultada” y “atenta contra la constitución”. Según Iván Rivera, comandante de la Policía Nacional, un total de 1..200 efectivos fueron trasladados a la capital con ocasión de las movilizaciones,
Mientras, tanto desde los medios de comunicación afines al Gobierno como desde los privados se ha defendido el fracaso de unas movilizaciones que Fernando Bustamante, calificaba de “débiles”. Marlon Santi, Presidente de la CONAIE, denunciaba a mitad del día que “el Gobierno está tratando de desinformar sobre el alcance de la movilización”.
Kaosenlared se trasladó hasta la provincia de Cotopaxi para seguir los acontecimientos. En el corte de carretera realizado por el movimiento indígena en la Vía Panamericana a la altura de Panzaleón pudo conversar con Lourdes Tibán, miembro del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC).
Este no es un levantamiento indígena, que supone más cosas de las que estamos haciendo ; es una movilización pacífica que no busca dañar los bienes públicos. Se trata de una movilización simbólica para que le Gobierno tenga en cuenta las observaciones que hemos hecho por ejemplo a la Ley Minera o la Ley de Aguas. Lo que queremos es que el Gobierno abra un diálogo. El problema es que el Presidente de la República no quiere escuchar a los sectores sociales. Lo que dice es “aquí ando yo y son dos personas que joden ; y punto”.
Y nuestra pregunta es, si son dos personas que joden, ¿por qué ponen tanto piquete de policía ? Yo creo que hay un pueblo inconforme porque no hay consulta previa como dice la Constitución Política del Estado. Eso es lo que estamos cuestionando. Nosotros no decimos “no” a la minería. Nosotros decimos “sí” a la minería, pero ¿en qué condiciones medioambientales ? Pero el Presidente no va a escuchar y al igual que ha ocurrido con la Ley Minera va a mandar al “Congresillo” la Ley de Aguas. Y nosotros vamos a exigir que se respeten los derechos adquiridos de las comunidades indígenas en cuanto a los ríos, acequias o los sistemas de agua potable. Lastimosamente hay dos leyes de aguas. Una que presentaron la CONAIE y la Ecuarunari hace mes y medio, y otra, la del Ejecutivo, hecha por un grupo de consultores, y que va a ser presentada al “Congresillo”.
Lo que ha sucedido en Quito estaba previsto. Sabemos que el régimen es intolerante con la cuestión indígena. Él no soporta que alguien le haga una crítica. Sabíamos que no iba a dejar entrar a la capital, por eso decidimos quedarnos en las provincias.
No se trata de ver un solo punto en el tema de concesiones. El mayor problema [de la ley] es cómo van a ser afectadas las vertientes de los ríos o las aguas que van a ser utilizadas en la minería a gran escala. El otro punto es cómo va a venir la minería. Que no lo haga como la explotación petrolera, que ha supuesto mayor pobreza Con la minería y, como diría Correa, la pobreza ya “sería de todos”, lo que va a quedar es un pueblo contaminado porque nadie pone garantía que la explotación se hará sin dañar al medio ambiente.
El sólo hecho de que haya sido aprobada una ley sin la consulta viola la constitución. Lo otro es que si el mismo Presidente comienza violando el derecho constitucional otorgado a la Naturaleza, ¿quien va a respetarla ? Lo que creo que se ha dado cuenta todo el mundo es que Correa no está en condiciones de dialogar y lo que nosotros exigimos es que dialogue directamente con nosotros, lo que no ha hecho en dos años. Lo único que hace es utilizar a los indígenas cuando él quiere. El solo hecho de que use una camisa indígena es una burla para el sector indígena. Si no es capaz de tenernos en cuenta, ¿cómo es que usa una camisa indígena ? Si no es capaz de defender los derechos de la lengua indígena y llega a decir que reconocer el kichwa en la constitución es una “novelería”, ¿cómo es que usa el kichwa para captar el voto indígena ?
Lo del presidente está prácticamente identificado como un gobierno de derecha que se camufla con el socialismo. Si los indígenas somos infantiles, por lo menos quedamos ubicados en la izquierda.
Todo el mundo cree que el sector indígena está bien con el Gobierno. Pero no. Han sido dos años de exclusión y minimización de parte de un gobierno que se dice socialista.
Fuente: Sergio de Castro Sánchez
