Artículo de opinión de Rafael Fenoy Rico
Las personas profesionalizadas en esto de la política, que dirigen las administraciones educativas, en particular, y todas en general, no acaban de enterarse de que estamos entablando una dura contienda por la supervivencia. No está siendo nada fácil afrontar la pandemia del COVID-19, más aún, cuando se avecinan multiples tragedias asociadas al cambio climático. Sin embargo en este tiempo de afrontar retos vitales, pretenden recortar recursos económicos, personales y materiales.
Las personas profesionalizadas en esto de la política, que dirigen las administraciones educativas, en particular, y todas en general, no acaban de enterarse de que estamos entablando una dura contienda por la supervivencia. No está siendo nada fácil afrontar la pandemia del COVID-19, más aún, cuando se avecinan multiples tragedias asociadas al cambio climático. Sin embargo en este tiempo de afrontar retos vitales, pretenden recortar recursos económicos, personales y materiales.
No entienden que para triunfar en esta pugna por la supervivencia, ¡nos va la vida en ello!, se requiere implantar, lo que tradicionalmente se ha denominado, una economía de guerra. En la Constitución Española de 1987 queda claramente recogido en su Artículo 128 los siguiente; “1.-Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2.- Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”
¿Tienen claro esas personas “política” lo del interés general? Ya están llegando a establecimientos administrativos, instrucciones en las que se invocan una “Medidas de ajuste presupuestario como consecuencia del COVID-19”. La ONCE ha despedido a un centenar de mediadoras que atendía a personas sordociegas. Cada familia, atrincherada en sus casas, debe utilizar su propios recursos para que sus hijas e hijos puedan hacer las actividades propuestas por el profesorado vía telemática. Ese mismo profesorado utiliza en sus viviendas los recursos privados para poder mantener la relación educativa con el alumnado confinando en sus hogares… Cientos de millones de euros, decenas de miles de horas de dedicación, que la población pone a disposición de esta emergencia. ¿No debe hacer lo propio el Estado? En la constitución se “escalonan” las medidas de intervención desde el estado de Alarma, al de Excepción para terminar con el máximo nivel con el Estado de Sitio (antes denominado de Guerra). Y es que de verdad que esta sociedad está librando una auténtica guerra por su supervivencia. Hemos sido atacados por la contaminación y destrucción medioambiental más brutal nunca conocida por la humanidad, consecuencia de ello las pandemias, la que ahora padecemos y las que están por llegar, si el conflicto no se resuelve favorablemente.
Cuando Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor, todo el potencial de ese gran país, se organizó para su defensa. Y la indignación suscitada en el pueblo estadounidense, por ese ataque cobarde fue suficientemente grande para que todas las energías y riquezas del país se pusieran a disposición del objetivo común.
Ahora toca asumir que nos encontramos como pueblo en una encrucijada y que la economía de libre mercado no está capacitada para afrontar la respuesta a tanto desastre medioambiental y sanitario. Por ello sólo la planificación de todos los recursos materiales y humanos permitirá salir de este estado excepcional de sitio. Porque la humanidad en su conjunto y el pueblo español dentro de ella, estamos sitiados en este planeta Tierra que lleva décadas caer sus grandes y maravillosas murallas que defendían la vida.
Rafael Fenoy Rico
Fuente: Rafael Fenoy Rico
