Ante la visita del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez a España, la Campaña ¿Quién debe a quién ?, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Verdegaia y Ecologistas en Acción solicitan al Gobierno español que retire su apoyo al proyecto de la empresa ENCE de construir una planta de celulosa en Uruguay con graves impactos sociales, ambientales y económicos. Asimismo reclaman coherencia política con el Plan Director de la Cooperación Española y la no-utilización de mecanismos públicos para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas.
En el marco del conflictivo proyecto de establecimiento de varias plantas de celulosa en Uruguay, el Gobierno español está apoyando a la Empresa Nacional de Celulosas Española (ENCE) para construir una fábrica de celulosa ubicada en la población de Conchillas, en Colonia (Uruguay), que generará impactos ambientales, sociales y económicos altamente negativos violando así el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El apoyo gubernamental a la actividad empresarial de ENCE en Uruguay atenta además contra el Plan Director de la Cooperación Española según el cual “la degradación de los recursos naturales y de la biodiversidad está minando las oportunidades de desarrollo y disminuyendo la calidad de vida de las poblaciones locales”.
Cuestionamos el papel hipócrita de «facilitador” y “mediador” del Estado español entre Argentina y Uruguay por el enfrentamiento sobre la instalación de las papeleras en territorio uruguayo, porque el Gobierno español no tiene un papel “neutral” y representa los intereses de una empresa multinacional española que es co-responsable del conflicto ambiental. Primero, ENCE recibió dinero público para instalarse en Uruguay donde gestiona más de 120.000 hectáreas de plantaciones de monocultivos de eucalipto y donde tiene previsto levantar una planta en una playa de Punta Pereira, sobre el Río de la Plata donde produciría entre 500.000 y 1 millón de toneladas de celulosa al año. Y segundo, ENCE tiene antecedentes graves en instalaciones similares, y ha sido condenada por delito ecológico continuado en el año 2002 por contaminar la Ría de Pontevedra desde 1964.
La organización Red de acción en plaguicida y sus alternativas para América Latina (RAP-AL) denunció recientemente que los viveros de ENCE utilizan funguicidas prohibidos en Europa y que los trabajadores se encuentran peligrosamente expuestos a estas sustancias.
En cuanto a los puestos de trabajo, según la plataforma “Uruguay Natural Multiproductivo” cerca de 4.700 personas perderán su fuente de trabajo, solo por el efecto de las plantaciones de monocultivos, pues en las 180.000 hectáreas que ENCE pretende destruir, desaparecerán cultivos tradicionales como viñas y las praderas ganaderas que hoy alimentan a la población local.
Los impactos ambientales de la planta serán, en caso de llegar a funcionar, numerosos y graves. Entre ellos, contaminación atmosférica (más el fuerte olor por compuestos de azufre), la producción de dioxinas en el proceso de blanqueo de la celulosa muy perjudiciales para la salud humana, la generación y el derrame de productos de desechos, con el consiguiente riesgo de contaminación del agua utilizada para el consumo doméstico así como la destrucción de los recursos pesqueros y los ecosistemas acuáticas, los que dan sustento a muchas comunidades locales en la región.
Exigimos por lo tanto la cancelación inmediata del apoyo político y diplomático otorgado a ENCE.
Por otra parte cuestionamos a las autoridades españolas, entre ellas la secretaria española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, el Ministro de Exteriores y el propio presidente del Gobierno, puesto que persisten en brindar apoyo (con fondos públicos) a las empresas españolas sin por tanto asumir los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales que éstas empresas han generado en América Latina en las últimas dos décadas.
La producción de celulosa en Uruguay será destinada íntegramente a la exportación con destino el mercado europeo lo que generaría una deuda ecológica con Uruguay. Por ello solicitamos al Gobierno español la prohibición de inversiones públicas y privadas en proyectos que no cumplan los estándares ambientales, laborales y sociales, así como la no utilización de los mecanismos públicos para generar nueva Deuda Ecológica y de apoyo a la exportación para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas en el exterior.
Creemos que aún es posible paralizar la construcción de la fábrica de ENCE y que para ello se están movilizando miles de personas en Argentina y Uruguay. Por todo ello, decenas de organizaciones del Estado español e internacionales hemos hecho llegar reiteradamente a los responsables políticos la petición de denegar cualquier apoyo público a la construcción de la papelera de Ence en Uruguay y la revisión urgente del modelo forestal asociado a la producción de celulosa.
Fuente: Ecologistas en Acción
