Una huida hacia adelante. Esta parece ser la actitud del Gobierno de Extremadura ante la rotundidad de los términos de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la ilegalidad del proyecto urbanístico "Marina de Valdecañas". Ecologistas en Acción reclama responsabilidad política al Ejecutivo autonómico para que no presente un recurso carente de fundamentación ante el Tribunal Constitucional y proceda a restablecer la legalidad.
El Tribunal Supremo confirmó ayer la nulidad del plan que permitió la construcción de un complejo urbanístico de lujo en el pantano de Valdecañas, Cáceres, y que los terrenos protegidos por la Red Natura 2000 que ocupa deben ser repuestos al estado anterior. Ratificaba así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tras los recursos interpuestos por la Asociación para la Protección de los Recursos Naturales de Extremadura (ADENEX) y Ecologistas en Acción.
El Tribunal Supremo confirmó ayer la nulidad del plan que permitió la construcción de un complejo urbanístico de lujo en el pantano de Valdecañas, Cáceres, y que los terrenos protegidos por la Red Natura 2000 que ocupa deben ser repuestos al estado anterior. Ratificaba así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tras los recursos interpuestos por la Asociación para la Protección de los Recursos Naturales de Extremadura (ADENEX) y Ecologistas en Acción.
En su sentencia, el Supremo apunta a la falta de motivación para el cambio de clasificación de los terrenos, protegidos e incluidos en una zona de especial protección para las aves, para su urbanización, así como de la declaración de interés regional del Proyecto en el años 2007, por parte de la Junta de Extremadura.
Ahora el ejecutivo autonómico argumenta que el Supremo no tuvo en cuenta las modificaciones de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial, realizadas en 2010, y por ello se plantea interponer recurso de amparo ante el Constitucional, a pesar que la sentencia del supremo aborda esa entre otras cuestiones.
“Entendemos que la justificación para el recurso de amparo que se ha anunciado en los medios de comunicación carece de fundamento, lo que no puede pretender la Junta es la aplicación de una ley de 2010 con carácter retroactivo a una resolución de 2007, que ni siquiera fue analizada en el procedimiento judicial«, apunta José María Trillo-Figueroa el abogado de Ecologistas en Acción encargado del caso de Marina de Valdecañas. «Además, esa cuestión tampoco validaría el proyecto pues lo que en definitiva se ha hecho es someter el interés público al interés particular de un promotor privado”, explica Trillo.
Tanto los responsables del gobierno anterior como los del actual deberían en primer lugar asumir su responsabilidad política, así como acatar los dictados de la sentencia de una vez por todas, no dilatar el proceso infundadamente y empezar a trabajar en la restauración de la zona y el restablecimiento de la legalidad. No se puede olvidar que el posible recurso al Tribunal Constitucional no paraliza la ejecución de la sentencia del Supremo, puesto que es firme.
Ecologistas en Acción lamenta una vez más que el ejecutivo extremeño accediera a los despropósitos de un promotor urbanístico permitiendo la urbanización un espacio protegido de tan alto valor ambiental. También lamenta que el proceso se haya dilatado ocho años en los tribunales y a que el espacio se encuentre prácticamente urbanizado. No se ha levantado, eso sí, gran parte de las dotaciones que sirvieron para justificaban el “interés regional” del proyecto. La empresa ya anunció que su situación económica no le permite construir por el momento ni el hotel, ni el centro de investigación médica, ni del «medical-spa» que anunció en su momento. En su lugar se plantea construir más residencias. Cabe preguntarse por los datos de empleo que el proyecto genera en la zona en la actualidad.
A lo largo de estos años varios compradores de las viviendas de lujo de Marina de Valdecañas han denunciado la nulidad de los contratos por vicios en el consentimiento, por no haber sido informados de la irregularidad de la construcción. La práctica totalidad de esas demandas han sido estimadas por los juzgados de primera instancia. Si bien parece que ni la empresa abona las cantidades que estos compradores de buena fe abonaron, ni se encuentran fondos de la misma para recuperar estas cuantías.
La sentencia del Tribunal Supremo debe ser el punto final de este despropósito urbanístico y el primer capítulo para crear alternativas sostenibles en la zona, respetuosas con el medio ambiente y generadoras de bienestar y empleo de forma estables para sus residentes.
Los numerosos mensajes de felicitación recibidos desde ayer demuestran el apoyo ciudadano y de otros grupos logrado en el largo proceso. La federación extremeña de Ecologistas en Acción celebrará la victoria durante la asamblea que celebrará este fin de semana en Cáceres.
Fuente: Ecologistas en Acción
