Ecologistas en Acción pide al Gobierno español y al Congreso de los Diputados que declaren ’persona non grata’ al presidente colombiano por su vinculación con las violaciones de los Derechos Humanos y la impunidad reinante bajo su mandato.
Ante la visita del presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez a España, quien se reunirá con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero y recibirá en Madrid el premio de las Cortes de Cádiz, Ecologistas en Acción se suma al rechazo de la concesión de este premio, como lo han hecho otras 150 organizaciones internacionales políticas, sindicales y sociales, además de miles de personas.
“Creemos que es una bofetada contra las víctimas de crímenes de Estado de Colombia que se conceda un premio de esta naturaleza al presidente de un Gobierno que está siendo investigado por sus nexos evidentes con el paramilitarismo y con crímenes de lesa humanidad, y cuando además la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha procesado y está procesando a un gran número de parlamentarios, senadores y alcaldes vinculados a la coalición de Uribe y a miembros destacados de organismos del Estado por representar, haber recibido financiación y colaborar expresamente con la actividad criminal de los paramilitares”, denuncia Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción.
El pasado 22 de abril el confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, declaró que las Autodefensas Unidas de Colombia (escuadrones de la muerte) contribuyeron económica y políticamente en el 2001 a la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, elegido posteriormente como presidente.
“La situación de sistemáticas violaciones de los derechos humanos ha sido denunciada permanentemente, pero el Gobierno de Zapatero ha preferido ignorarla”, critica Ecologistas en Acción. “Recibir a Uribe para firmar acuerdos económicos, de cooperación y de ayuda militar es como elogiar su política y hacerse cómplice por omisión de los miles de crímenes que las Fuerzas de Seguridad del Estado y los grupos paramilitares han cometido en Colombia”, añade Kucharz.
Algunos casos de la semana pasada : La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció el asesinato de otro indígena Awá en el departamento de Nariño, Luis Alberto Cuasaluzan Canticuz, el 19 de abril, por grupos paramilitares. El 21 de abril mataron a Ana Isabel Gómez, acribillada frente a su hija adolescente en Córdoba (norte de Colombia), ella era la presidenta de la junta de desplazados de la localidad y miembro del Comité de Familiares de Víctimas de la Violencia, que agrupa en Córdoba a miles de personas que buscan verdad, justicia y reparación. El día 22 de abril, fue asesinado Edgar Martínez, en el departamento de Bolívar, Presidente de la Asociación de Integración de Comunidades Agrominera Sur – Sur, de la Mesa de Integración Social por la transformación social y de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar por parte de las comunidades, ante el gobierno.
Durante el mandato del Presidente Uribe han aumentado significativamente las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Los graves problemas en el proceso de “desmovilización” de los paramilitares -desarrollado durante el gobierno de Uribe- han permitido que muchos de estos grupos paramilitares, usando nuevos nombres, permanezcan impunes y continúen cometiendo abusos.
Además, en numerosas oportunidades, Uribe ha obstaculizado intentos de quebrantar la influencia de los paramilitares en el sistema político, por ejemplo, mediante acusaciones infundadas contra los magistrados de la Corte Suprema que iniciaron investigaciones contra más de 70 miembros del Congreso colombiano por sus posibles vínculos con los paramilitares.
Ecologistas en Acción exige al Gobierno español que por un lado retire los fondos de la cooperación internacional que el gobierno colombiano ha utilizado para premiar a los autores de las ejecuciones extrajudiciales, y anule los contratos de venta de armas y cooperación militar suscritos con Colombia, y por otro lado se comprometa con la construcción real de condiciones para la paz con justicia social en Colombia, con el reconocimiento de los derechos de las víctimas y exija el final de la impunidad.
Asimismo, Ecologistas en Acción demanda al Consistorio de Cádiz retirar el Premio a la Libertad concedido a Uribe.
“El Congreso de los Diputados debe repudiar, mañana, enérgicamente la visita de Uribe, como lo ha hecho la mayoría del Parlamento Europeo en 2004, cuando el mandatario habló ante un hemiciclo vacío”, pide Kucharz.
Fuente: Ecologistas en Acción
