Ecologistas en Acción considera un auténtico acto de censura y represión a las libertades fundamentales, el fallo de la Junta Electoral Central, prohibiendo las expresiones de libertad e indignación del Movimiento 15-M, y subraya que, precisamente un fallo de esta naturaleza, demuestra que la magistratura debe estar sujeta a una profunda transformación, que aleje influencias dictatoriales de este esencial poder del estado.

Mientras el clamor multitudinario del Movimiento 15-M inunda las plazas españolas de indignación por las injusticias sociales que la sociedad está padeciendo, y de ilusión por conseguir cambios en el modelo político, económico y social tan esenciales como urgentes y necesarios, la Junta Electoral Central, declara ilegales sus movilizaciones, despreciando de este modo, según la organización ecologista, los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación.

Mientras el clamor multitudinario del Movimiento 15-M inunda las plazas españolas de indignación por las injusticias sociales que la sociedad está padeciendo, y de ilusión por conseguir cambios en el modelo político, económico y social tan esenciales como urgentes y necesarios, la Junta Electoral Central, declara ilegales sus movilizaciones, despreciando de este modo, según la organización ecologista, los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación.

Así las cosas, y ante la provocación e irresponsabilidad de la Junta Electoral Central, Ecologistas en Acción considera que es mucho mayor la legitimidad social de quienes protestan buscando un bien común universalizable, que aquella otra que deviene de una interpretación legal pacata, restrictiva y alejada de la realidad.

Por todo ello, Ecologistas en Acción se suma a la llamada de la ciudadanía a seguir adelante con este acto de responsabilidad cívica, haciendo uso del derecho a la resistencia para amparar una desobediencia civil pacífica.

Finalmente, la organización ecologista, pone el acento en que se refleje el doble rasero aplicado por los poderes, que no ilegalizan prácticas financieras fraudulentas, propias de la economía de mercado y que han provocado la actual crisis, y sin embargo persiguen a quienes soportan, precisamente, las consecuencias de esas prácticas, de esa cultura corrupta.

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