BARCELONA.- La nueva Línea 9 del Metro, que conectará Badalona con el aeropuerto de El Prat, es uno de los grandes proyectos de la Generalitat. Una inversión de más de 3.500 millones de euros que ahora se ve salpicada por las críticas de dos extrabajadores de la obras y miembros del comité de empresa de la constructora, Aureliano Guemez y Manuel Palacios. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Línea 9 les despidió a ambos en julio, tras lo que presentaron una demanda por lo que consideran una « persecución ».
Guemez y Palacios, afiliados desde agosto al sindicato CGT tras abandonar CCOO, denuncian « falta de seguridad » y de servicios médicos, baja calificación de los mandos intermedios y « acoso » de los jefes de obra a los trabajadores de la Línea 9. Las críticas se producen después de que UTE Línea 9 despidiera a estos dos delegados junto a otros 15 obreros al finalizar la ejecución del tramo Bon Pastor-Can Zam ; la empresa les contrató de nuevo a todos para las obras de Triangle, a excepción de Guemez y Palacios.
« Denunciamos esta situación porque queremos colaborar con la conselleria para que no suceda una catástrofe, para que no se repita lo que pasó en el Carmel », explica Guemez. Mientras, los dos despedidos confían en que la Justicia les dé la razón y puedan volver a su puesto de trabajo en el tramo de obra de Sagrera-Meridiana.
Estas acusaciones son rebatidas por Gisa, la empresa dependiente de la Conselleria de Obres Públiques que gestiona la obra. El gerente de prevención de riesgos laborales de Gisa, Ezequiel Bellet, se declara « sorprendido » por las afirmaciones de los sindicalistas : « Hemos revisado las obras con técnicos de Inspección de Trabajo y de la conselleria y no hemos encontrado dónde están esas supuestas deficiencias ». Bellet critica que los trabajadores « no denunciaran las faltas » cuando estaban en la empresa. « Tergiversan la realidad porque simplemente se les acabó el contrato », concluye.
Los trabajadores eran delegados de CCOO en el Comité de empresa de UTE Línea 9, compuesta por cinco grandes sociedades que, a su vez, cuentan con una veintena de compañías subcontratadas.En los últimos meses, Guemez y Palacios reclamaron una inspección de las condiciones laborales de la obra, que se produce a 70 metros bajo tierra en varios tramos. No obstante, la última acta de infracción de Inspección de Trabajo contra UTE Línea 9 se remonta a 2004, después de que se produjera una muerte en un túnel de Santa Coloma. Aun así, los miembros del comité de empresa aseguran que las condiciones de seguridad han empeorado. Palacios, que era delegado de prevención, comenta que los técnicos de UGT y de CCOO « apenas conocen la situación de los trabajadores ».
Bellet rechaza esos argumentos al entender que « los sindicatos son los primeros en interesarse » por los trabajadores. Además, UTE Línea 9 tiene subcontratada a la empresa Paysa Cotas para el servicio de prevención y existen equipos de coordinación de seguridad. La Conselleria de Obres Públiques y Gisa analizan las incidencias de cada mes a partir de tres informes redactados por los técnicos de la empresa, los sindicatos y los designados por la propia Administración. Sin embargo, Guemez considera que UTE Línea 9 « oculta información » a la conselleria y advierte de que en las memorias de accidentes de los últimos años « se han identificado como leves a heridos que estuvieron de baja de dos a cuatro meses ». Por contra, Bellet defiende las cifras : « La calificación médica de los accidentes la determinan médicos independientes ». En 2004 se produjeros 88 heridos y en 2005, 61. Sólo uno de ellos mereció la calificación de grave.
Bellet también niega que haya insuficiencia en los servicios médicos : « Cada tramo tiene un sistema de evacuación para que los heridos sean trasladados al servicio médico más próximo, ya que es más eficiente que tener un sistema propio ». Los afiliados de CGT afirman que la atención se reduce a un ATS.
El pasado lunes los dos obreros se presentaron en el Tribunal de Cuentas para pedir los presupuestos de la obra y se plantean encargar una auditoría a Inspección de Trabajo porque temen un posible caso de malversación de fondos. « La empresa quiere tapar lo que sucede porque están jugando con el dinero de los contribuyentes », sentencia Guemez.
Fuente: JORDI RIBALAYGUE / El Mundo Catalunya
