Doce entidades catalanas, agrupadas en la Liga por la Laicidad, pidieron ayer la derogación de los acuerdos, anteriores a la Constitución, que mantiene el Estado español con la Santa Sede. «El Estado democrático tiene que dejar de contribuir con la perpetuación de un trato de favor [hacia la Iglesia católica] que proviene de los pactos entre la dictadura franquista o sus inmediatos herederos, el Concordato de 1953 y los acuerdos posteriores de 1976 y 1979», sentenciaron.
La Liga por la Laicidad -integrada, entre otros, por los sindicatos UGT, CC OO, CGT y USTEC-STEs, el Movimiento Laico y Progresista y Ateus de Catalunya- presentó ayer, en el marco de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya, sus propuestas para fomentar «los valores cívicos y republicanos» en Cataluña. En esta línea, solicitaron al Parlament la creación una comisión dedicada específicamente a este ámbito, y que el título preliminar del nuevo Estatuto de Autonomía la ampare.
La Liga por la Laicidad pide «acabar con la discriminación y los privilegios» de la Iglesia católica en comparación con las otras confesiones religiosas, fruto, consideran, de la herencia franquista. Estas entidades ponen especial énfasis en la revisión del actual sistema de financiación de la Iglesia católica, pues sus principales vías de ingresos son las subvenciones del Estado y las aportaciones de los ciudadanos a través de la casilla correspondiente del IRPF. «Tenemos que igualar el trato fiscal de todas las religiones», concluyen.
Asimismo, también emplazan a suprimir la asignatura de Religión en las escuelas públicas y concertadas. «La educación pública no está para hacer catequesis», sentenció ayer Jordi Serrano, presidente de la Fundación Francesc Ferrer i Guàrdia, una de las entidades de la Liga, que también pidió a los cargos públicos que se abstengan de participar en celebraciones religiosas porque «representan a todos los ciudadanos». «Se confunde la laicidad con el anticlericalismo», añadió, «cuando es la convivencia pacífica de todas las religiones en una sociedad democrática».
Fuente: El Pais.
