En la mañana del 29.04.09 se tenía prevista la fase conclusiva del juicio
contra 14 trabajadores que participaron en una acción de protesta durante el
año 2006 en las instalaciones de Sidor, y contra los cuales la parte
acusadora solicitaba entre 5 y 10 años de prisión, según lo estipulado en el
Código Penal Venezolano y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Sin
embargo, el juez del Tribunal 6to. de Puerto Ordaz, Carlos Oronoz, postergó
el acto judicial hasta el 29 de junio debido a la ausencia del Fiscal,
Robert Mujica, así como por los alegatos de la defensa acerca de su
imposibilidad de acceder al expediente del caso, lo cual dificulta su
trabajo y viola las garantías del derecho al debido proceso.
Como se recordará El 05 de septiembre del año 2006 un grupo de trabajadores
y dirigentes sindicales realizaron una protesta contra la empresa
transportista Camila, una compañía contratista de SIDOR, la compañía
siderúrgica del estado Bolívar. Los trabajadores protestaban por el
incumplimiento del salario, higiene y seguridad laboral, así como por la
falta de implementos para cumplir con su trabajo. La protesta fue respaldada
por dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y Similares
(Sutiss), realizando una paralización de equipos cuyos desperfectos y falta
de mantenimiento representaban un peligro para la integridad de los
trabajadores, siguiendo los procedimientos de seguridad laboral establecidos
en las normativas laborales. Por esta razón se inició un proceso judicial
contra 3 líderes sindicales y 11 trabajadores, bajo las acusaciones de
apropiación indebida calificada y restricción a la libertad de trabajo.
Provea ha venido denunciando la creciente criminalización de la protesta y
el hostigamiento judicial contra quienes han venido reclamando derechos
laborales y sociales. Según voceros del Movimiento de Solidaridad Laboral,
86 trabajadores se encuentran bajo regímenes de presentación en tribunales
por su participación en acciones de exigibilidad de derechos. La causa
abierta contra los 14 trabajadores de Sidor, con la amenaza de prisión
contra los imputados, sentaría un precedente de esta ofensiva contra la
acción gremial. En declaraciones a Provea Leonel Grissett, uno de los tres
sindicalistas del caso, resaltó que a pesar de que durante los hechos ellos
actuaban como parte de la junta directiva del Sindicato Único de
Trabajadores Siderúrgicos y Similares (Sutiss), tras el proceso de
nacionalización de la compañía, ocurrido en el año 2008, este sindicato les
ha dado la espalda y han tenido que asumir por cuenta propia su
defensa.(Prensa Provea, 29.04.09)
Fuente: Bitácora en www.rafaeluzcategui.wordpress.com
