El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, es muy dado a iniciar polémicas.
Ayer aseguró, en unas jornadas organizadas por el Consejo General de Poder Judicial, que el 50% de los accidentes laborales mortales de las estadísticas no son tales y por tanto no son responsabilidad del empresario.
El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, es muy dado a iniciar polémicas.

Ayer aseguró, en unas jornadas organizadas por el Consejo General de Poder Judicial, que el 50% de los accidentes laborales mortales de las estadísticas no son tales y por tanto no son responsabilidad del empresario.

El líder patronal descartó como accidente laboral un 25% correspondiente a las muertes que se producen por patologías del empleado como pueden ser un infarto o un derrame cerebral. Tampoco considera siniestros en el ámbito laboral los llamados accidentes in itínere, es decir, los que se producen cuando se va o se viene del trabajo. Los primeros deberían ser responsabilidad de la red de salud pública y los segundos son problema de la seguridad vial.
Para Díaz Ferrán, solo se debe considerar accidente laboral mortal el que se produce por causas traumáticas como una caída o un golpe. El presidente de la CEOE se quejó de la excesiva responsabilidad de los empresarios en materia de prevención de riesgos laborales como si solo ellos fueran «los garantes de la salud de los trabajadores».

BONUS-MALUS

Esta responsabilidad debe compartirse con los trabajadores, dijo el líder empresarial. Por ello, propuso un sistema de bonus-malus que permita sancionar al empleado que incumpla sus obligaciones de prevención de riesgos. En este momento, es difícil imponer una multa a un trabajador que no quiera seguir las normas de seguridad, se quejó el empresario.
Además, el patrón de patronos solicitó una nueva rebaja de la cuota por accidente de trabajo y enfermedad profesional que pagan los empresarios a la Seguridad Social, al margen de la percibida este año.
También volvió a insistir sobre la dispersión legislativa que existe entre comunidades autónomas en materia de prevención de riesgos laborales. En su opinión, el marco legal es «confuso, profuso y difuso» por lo que exigió una ley integral y mayor coordinación entre administraciones, también entre la secretaría general de Empleo y el Seguro.


Fuente: www.elperiodico.com