Dos meses de investigaciones han necesitado los agentes de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía para llegar a la detención de un inspector y tres agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, adscritos al servicio de noche. Los arrestados están acusados de robar al menos 5.700 euros y de amenazar a comerciantes chinos del distrito de Usera, a los que, supuestamente, sometían a cacheos intempestivos y sustraían el dinero en efectivo de sus carteras. También se les imputan amenazas con robos y lesiones, según fuentes del caso. Los presuntos autores de estos delitos han sido suspendidos cautelarmente de empleo y sueldo y se enfrentan a la posible expulsión del cuerpo, en caso de que se demuestre su culpabilidad.
Una veintena de inmigrantes chinos (clientes y dueños de dos restaurantes, una tienda de té y un negocio de Internet) denunció entre febrero y marzo que agentes del Cuerpo Nacional de Policía les habían robado durante varios registros. El montante de los robos ascendía a unos 5.700 euros.
La forma de actuar, según las víctimas, siempre era la misma. Entraban dos o tres agentes de paisano en los distintos locales, mientras otro grupo de policías uniformados esperaban en la calle. Tras pedirles las carteras y la documentación, salían a la calle para ver mejor los carnés. Ése era el momento, según los denunciantes, que aprovechaban para hacerse con el dinero en efectivo. Los clientes y los dueños de los locales no se percataban de la presunta sustracción hasta que iban a echar mano de su dinero.
Los afectados acudieron a la comisaría de Usera-Villaverde a denunciar lo ocurrido. Allí, uno de los comerciantes, Haibin Luo, el dueño de una agencia de viajes, fue agredido el pasado 15 de marzo cuando se interesó en la comisaría por la detención de una compatriota. Ésta avisó a gritos a sus clientes de que habían entrado en el local policías de paisano que robaban a sus clientes. Los agentes golpearon a Luo en la boca y cayó desmayado. Tuvo que ser atendido en el servicio de urgencias del hospital Doce de Octubre, tras ser trasladado por el Samur-Protección Civil.
A partir de estos hechos, los comerciantes chinos de Usera denunciaron sus problemas en los medios de comunicación y se reunieron con la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre. Ésta se comprometió a investigar lo ocurrido hasta llegar a la detención de los culpables.
Se iniciaron a la vez tres investigaciones paralelas : una de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, otra de la Unidad de Asuntos Internos y la tercera, ordenada por el juzgado de instrucción que recibió las denuncias de los inmigrantes chinos. Las primeras pesquisas descartaron que se tratara de policías que trabajaran en la comisaría de Usera-Villaverde. Según fuentes del caso, tras varias semanas, la jefatura y el juzgado decidieron archivar el caso ante la falta de pruebas concluyentes que demostraran la veracidad de lo denunciado.
Pero Asuntos Internos decidió continuar con el caso. Tomó declaración a los comerciantes chinos y comprobó qué agentes podrían estar en la zona donde se produjeron los robos. Casi siempre acudían a los locales de noche y durante los fines de semana, bajo la apariencia de inspecciones rutinarias. Descartados los agentes de Usera-Villaverde, los investigadores de Asuntos Internos se centraron en otros policías que, por motivos de su trabajo, pudieran moverse por la capital sin levantar sospechas de sus superiores. Los indicados eran los policías adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.
Los policías de Asuntos Internos se centraron en la Sección Especial de Reacción y Apoyo (SERA), más conocidos como centauros, una unidad de noche creada en marzo de 2004 por el entonces jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño.
La detención se produjo la noche del pasado martes en una de las sedes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, en el centro policial de Moratalaz, en la calle de la Tacona, cuando el inspector y los tres agentes iban a iniciar su turno de trabajo. Los policías de Asuntos Internos les leyeron sus derechos y les informaron del motivo de su detención antes de trasladarlos a la sede central de la Dirección General de la Policía, en la calle de Miguel Ángel, en el distrito de Chamberí. Allí tramitaron las diligencias.
Fuentes del caso explicaron que los policías arrestados negaron ante sus compañeros su implicación en los delitos de los que son acusados. Se sintieron «víctimas de una encerrona» por parte de los inmigrantes chinos. Los cuatro arrestados, cuyas edades rondan los 30 años, llevan entre dos y tres años en la sección de centauros y no son considerados por sus compañeros como problemáticos. Ayer se encontraban en los calabozos de la comisaría de Chamberí, pendientes de pasar a disposición judicial y someterse a una rueda de reconocimiento por parte de los denunciantes.
Los delitos por los que han sido detenidos son robo con violencia e intimidación, lesiones y amenazas con resultado de robo. Cada uno de los agentes se enfrenta a diferentes acusaciones. Uno de los policías arrestados sólo está acusado de encubrimiento, por no haber denunciado los supuestos asaltos y abusos cometidos por su compañero de patrulla, según fuentes del caso. Estos delitos suponen dentro del reglamento interno de la policía una falta muy grave, que puede acarrear la expulsión del cuerpo. De forma cautelar, han sido suspendidos de empleo y sueldo hasta que se resuelva su inocencia o culpabilidad.
Un portavoz de la Asociación de Comerciantes Chinos en España explicó que la policía no había informado a ninguno de los afectados de la detención de los policías. «Todos estamos sometidos a la ley y más la policía. Si han cometido un error, deben pagar por ello y cumplir las leyes como todos. Nosotros [los comerciantes chinos] las respetamos y la policía también debe hacerlo», afirmó el portavoz de esta asociación, que fue fundada en 1990 y que engloba a más de 500 empresarios de toda la región.
Fuentes policiales recordaron que las denuncias de los comerciantes chinos se produjeron justo cuando la Brigada de Seguridad Ciudadana investigaba en Usera una supuesta tríada (mafia china) que se dedicaba a extorsionar a otros comerciantes y a apuestas ilegales de juego entre compatriotas en sus locales. «Han utilizado esta fórmula para quitarnos de en medio y lo han conseguido. Precisamente, se han detenido a los cuatro agentes que estaban con ese caso y que tienen un expediente intachable. Son muchas casualidades», añadieron las citadas fuentes. «Desde que nos denunciaron, hemos dejado de investigar esa red de juego que presuntamente era fraudulenta», concluyeron
Fuente: F. JAVIER BARROSO / EL PAIS
