El asesinato de tres familiares más de la activista Josefina Reyes Salazar, asesinada en enero de 2010, es sólo un botón de muestra del grado de impunidad en México y la falta de protección a los defensores de los derechos humanos y sus familiares.
Por Marcela Salas Cassani, en Desinformémonos.
México. La reciente
aparición en un paraje de Valle de Juárez, Chihuahua, de los cuerpos sin
vida de tres familiares de la activista y defensora de los derechos
humanos Josefina Reyes Salazar, quien a su vez fue asesinada en enero de
2010, es una prueba más de la “gran negligencia del Estado, y puede
explicarse sólo a la luz de su inmensa ineptitud para cumplir con sus
responsabilidades de protección”, dice Laura Carlsen, directora del
Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales.
Transcurrieron dos semanas antes de que
las autoridades iniciaran un rastreo en el Valle de Juárez para buscar a
María Magdalena y Elías Reyes Salazar, y a la esposa de este último,
Luisa Ornelas Soto, quienes el pasado 7 de febrero fueron “levantados”
por sujetos armados y con vestimenta militar que irrumpieron en su
domicilio, casi a la vista de los militares que “vigilan” la zona.
Muy pocos medios dieron cobertura a la
huelga de hambre que desde el 9 de febrero Claudia y Marisela Reyes
Salazar, también hermanas y cuñadas de las víctimas, iniciaron frente a
la sede de la fiscalía de Ciudad Juárez para demandar la aparición con
vida de sus familiares. El resguardo militar del plantón, no impidió que
un grupo de desconocidos incendiara la casa de Sara Salazar, madre de
los desaparecidos, en el Valle de Juárez el pasado 15 de febrero.
Ante la inacción y la falta de atención
por parte de los poderes estatales, Marisela Reyes y su madre Sara
Salazar decidieron trasladar el plantón ante el Senado de la República,
en el Distrito federal.
Cuatro días después de que, con el apoyo
de diversas organizaciones civiles, la familia Reyes Salazar instaló el
plantón en el Distrito Federal, aparecieron en un paraje del Valle de
Juárez los cuerpos sin vida de María Magdalena, Elías y Luisa, junto a
unos carteles con leyendas que “ligan” a las víctimas con el crimen
organizado. Sin embargo, los familiares que acudieron a identificar los
cadáveres no vieron los mensajes que supuestamente incriminan a las
víctimas.
“Como no sabemos exactamente quiénes son
los responsables de este crimen, es difícil entender el porqué de la
repentina aparición de los cuerpos, ante el aumento de los focos de
atención a este caso – explica Laura Carlsen. Sin embargo, se alcanzan a
distinguir algunos factores que hacen pensar que ‘alguien’ decidió que
el costo político de los asesinatos, iba a ser menor que tener a las
víctimas en calidad de desaparecidos”.
“La presión que se estaba ejerciendo
para que los miembros de la familia Reyes Salazar fueran encontrados con
vida, generó una movilización civil importante que se estaba
volviendo cada vez mayor, y es muy probable que algunos vieran en dicho
movimiento una amenaza creciente”, refiere la investigadora, quien
además advierte que “hay que tomar en cuenta que en unos días habrá una
reunión entre (Felipe) Calderón y (Barak) Obama en Washington que tiene
como propósito reforzar la estrategia de la guerra contra el
narcotráfico, y en estas circunstancias no es conveniente tener abierto
un caso como el de esta familia, pues es muy probable que
organizaciones de derechos humanos se manifestaran contra las medidas
del gobierno mexicano”.
“La ‘rápida resolución’ del caso del
asesinato del agente de aduanas norteamericano Jaime Zapata en San Luis
Potosí (a pesar de ser un proceso inconcluso y lleno de dudas), así como
la aparición de los cuerpos de los tres miembros de la familia Reyes
serán utilizados como argumentos para seguir adelante con la estrategia
anti narcotráfico que promueve el gobierno de Calderón”, puntualiza la
directora del Programa de las Américas.
La total impunidad que se vive en el
país y la desprotección de la que son víctimas los defensores de los
derechos humanos y sus familiares queda hoy más que nunca al
descubierto, con el reciente asesinato de tres miembros de la familia,
que se suman al de los hermanos Rubén y Josefina, y de Julio César, hijo
de la activista.
Por otro lado, Minerva Ledesma,
psicóloga y activista de Ciudad Juárez explica que las desapariciones de
personas “implican un grado mayor de violencia psicológica para los
familiares de las víctimas, pues en muchos casos éstos viven durante
años llenos de incertidumbre, sin saber si sus seres queridos están
vivos o muertos”.
“Es absurdo que con el programa ‘Todos
somos Juárez’ se gaste millones de pesos en conciertos y eventos
culturales, mientras la gente sigue muriendo en las calles. El gobierno
parece no querer entender que la situación en Ciudad Juárez no está para
medidas preventivas, sino para medidas de atención”, agregó la
activista juarense.
El viernes 26 de febrero, después del
sepelio de Elías y Magdalena Reyes, la familia y representantes de
distintas organizaciones civiles anunciaron que el plantón instalado
ante la fiscalía de Ciudad Juárez para exigir la presentación de los
desaparecidos se mantendrá, ahora en demanda de justicia.
Fuente: Desinformémonos
