El Gobierno argentino ha interpretado como un ataque contra la política de defensa de los derechos humanos la reciente desaparición de dos víctimas de la represión y testigos clave en causas por crímenes de la última dictadura (1976-83). El subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarolo, ha reconocido que el Gobierno de Néstor Kirchner está «muy preocupado» por la desaparición desde la noche del miércoles de Luis Gerez, que acusó al ex comisario Luis Patti de haberle torturado en 1972 en una comisaría de Escobar (45 kilómetros al noroeste de Buenos Aires).
«Como interpretación de estos hechos, evidentemente estamos ante una ofensiva organizada y muy contundente contra la política de derechos humanos de Kirchner, contra la política de lucha contra la impunidad», ha afirmado Mattarolo. Después de que los familiares de Gerez denunciaran ayer su desaparición, Kirchner ha postergado un viaje al sur del país para disponer todos los recursos para la búsqueda, según han informado fuentes oficiales.
Gerez, de 51 años, salió en la noche de este miércoles de la casa de unos amigos en la ciudad bonaerense de Escobar para comprar carne y desde ese momento nadie le ha vuelto a ver. Más de 300 efectivos de varias fuerzas de seguridad continúan las tareas de búsqueda que se concentran en la localidad de Escobar.
El albañil, que es un activo militante del ala del Partido Justicialista (PJ) que lidera Kirchner, reconoció a Patti como uno de sus torturadores al declarar en una causa que investiga el asesinato en 1976 de uno de sus compañeros de militancia, Gastón Goncalves, en la que también se involucra al ex comisario. Además, Gerez fue uno de los testigos convocados este año por una comisión parlamentaria para rechazar la incorporación de Patti como diputado, lo que finalmente ocurrió en mayo con el argumento de que el ex policía carece de «idoneidad moral» para ocupar un escaño en la cámara baja.
Dos desaparecidos en cuatro meses
El caso se suma a la desaparición de otro albañil, Jorge Julio López, de 77 años, que es intensamente buscado desde el 18 de septiembre pasado, después de que testificara en un juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua a raíz de delitos cometidos durante la última dictadura militar.
Poco después de asumir la presidencia en mayo de 2003, Kirchner lloró y pidió perdón en nombre del Estado por el silencio ante las «atrocidades» de la dictadura, y se comprometió a abrir los archivos oficiales e impulsó la anulación de las «leyes del perdón» por parte del Parlamento, en agosto de 2003. Esta nulidad derivó en 2003 en la reapertura de las dos causas judiciales más importantes por delitos de lesa humanidad cometidos durante los llamados «años de plomo» y supuso el regreso a prisión de varios ex militares.
Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron declaradas inconstitucionales a mediados de 2005 por la Corte Suprema, que aún debe pronunciarse sobre la legalidad de los indultos para los jerarcas de la dictadura. Según cifras oficiales, unas 18.000 personas desaparecieron durante la dictadura argentina, aunque los organismos de derechos humanos elevan esa cifra a 30.000.
Fuente: EFE
